Edición Nº 1681

 

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    ARTICULO

    2 de agosto de 2001

    Pagando Los Platos Rotos
    Testaferro de Montesinos en la Caja de Pensión Militar-Policial, Juan Valencia, arrastra a David Griffith. Pero, ¿es culpable el gringo?

    ¿Quién pone el capital de trabajo?
    Según la Caja de Pensión Militar-Policial, la Operadora de Hoteles Las Américas que administraba sus seis hoteles, le debe la bicoca de US$ 12 millones. Según Griffith, la deuda no asciende a más de US$ 300 mil. La diferencia de montos es sencilla: la Operadora habla de ingresos netos. La Caja, de ingresos brutos.

    EL caso de la Caja Militar-Policial y la administración de la cadena de Hoteles Las Américas podría tomar nuevo rumbo. Esta semana el gerente David Griffith Conway-Jones decidió dar su versión. "A mí se me ha estigmatizado a través de toda una campaña de desprestigio. Pero todo tiene su límite", señala.

    Dispuesto a no quedarse callado, con pruebas en mano, el pasado 13 de julio denunció a los representantes legales de la Caja ante el Ministerio Público por la comisión de delitos contra la fe pública en la modalidad de falsedad genérica y estafa procesal. Según Griffith la medida cautelar que llegó al 8vo Juzgado en lo Civil y mediante la cual se suspendió en mayo pasado la administración que él tenía de los Hoteles Las Américas, se realizó de manera fraudulenta, inclusive con la falsificación de firmas.

    Lo que Griffith considera más grave es que se haya festinado hasta con las firmas de supuestos asesores de la Caja. Sucede que en la medida cautelar presentada en mayo pasado con la cual se le retiró la administración hotelera, aparece la firma de la abogada Doris Vega Rojas como supuesta representante legal de la Caja. Pero cuál sería la sorpresa cuando al confrontar la rúbrica de la abogada con la que figura en su ficha de registro de Reniec, no coinciden.

    Griffith: "Estoy en Las Américas desde 1989. No desde 1994, cuando entró Valencia. Yo era el chofer del ómnibus, no el dueño".Derecha:5 de junio. Postores de Bass Hotels & Resorts interesados en comprar la cadena local, en Lima, con Griffith y Ricardo Yrribarren (extremo derecho), quien lo reemplazó en la administración de la cadena tras orden judicial dictada tres semanas antes.

    Más aún, según una manifestación de la abogada Vega ante la Dirección de la Policía del Ministerio Público, ésta señala que nunca ha asesorado a la Caja de Pensiones Militar-Policial, nunca ha representado a la Caja sobre una medida cautelar en contra de la operadora de los Hoteles Las Américas y que nunca formuló dicho documento, ni lo presentó ante el Juzgado.

    Vega también ha negado que la firma que aparece en la medida cautelar le pertenece, y que el registro de colegiatura que figura en el documento tampoco es el suyo.

    Pero según Griffith, las irregularidades no quedan allí. Agrega que la Caja montó todo un modus operandipara que la medida cautelar llegue a manos del magistrado César Larrea Martínez a cargo del 8vo Juzgado Civil, ya que al parecer éste tendría lazos amicales con el gerente general de la Caja de Pensiones, Jorge Guzmán Yangato. Griffith desmenuza los detalles: La Caja ha presentado entre los días 4 y 7 de mayo 50 ejemplares de solicitudes (demandas) de medidas cautelares "en serie" tentando suerte hasta conseguir que uno de los 50 escritos llegue al Octavo Juzgado a cargo de Larrea, señala Griffith.

    Luego que la medida cautelar llegó al Octavo Juzgado, según Griffith, la Caja modificó la documentación pertinente, ya que de acuerdo al reporte de mesa de partes, la medida cautelar ingresó con 172 folios, pero cuando le llegó la notificación de dicha medida cautelar ésta sumaba 382 folios. Según Griffith el aumento de la documentación ha sido entregado a nivel de juzgado, lo cual constituye un hecho delincuencial.

    Griffith señala además otros elementos irregulares:

    Todos los documentos ingresados en serie para "tentar suerte", tienen una misma parte introductoria que permite la modificación del tenor del escrito. Cuando llegó el último escrito al Octavo Juzgado Civil de Lima, el documento fue modificado en toda su estructura dejando únicamente la primera página que siempre permanecía igual en todos los ejemplares.

    El único elemento probatorio que apoya la pretensión cautelar es acompañado por La Caja en copia simple y sin firma del profesional que recomienda entregar la administración de la cadena.

     

    La abogada Doris Vega Rojas que aparece como representante legal de la Caja en la solicitud de medida cautelar contra la Operadora negó haber participado en dicho trámite. De hecho su firma no corresponde con la de la Reniec 2 y 3. Izquierda 1, entre el 5 y 7 de mayo la Caja presentó 50 medidas cautelares, todas con la misma carátula, denuncia Griffith.

    El único sustento probatorio en el cual el juez amparó la medida cautelar fue un informe contable, y no auditoría alguna. El contrato de auditoría con la Firma Auditora BDO Auditores y Consultores, según Griffith recién se inició en junio de este año, cuando ya habían empezado las acciones judiciales.

    La asesora legal de la Caja, María del Pilar Elejalde Dávalos ha resultado con el 1% de las acciones de la "Caja operadora de Hoteles S.A".

    Ahora Griffith está a la espera que el juez Larrea ejecute la resolución de la 3ra Sala Penal de la Corte Superior de Lima que declaró nula e inadmisible la medida cautelar y restituye el derecho a la administración de los hoteles de la Cadena Las Américas, resolución que fue dada el 12 de julio pasado.

    Griffith señala que la campaña en su contra empezó una vez que él rechazó un documento que le alcanzó Elejalde en el cual esbozaba un proyecto de resolución de contrato de administración, y que él se negó a aceptar ya que se trataba de "un cheque en blanco". Inclusive, solicitó la decisión del Tribunal Arbitral.

     


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