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Edición Nº 1682 |
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Río en Santiago
Si bien esta cumbre de jefes de Estado y de Gobierno rompe fuegos el próximo viernes 17, la cita ya está agitando los cotarros diplomáticos de la que será la primera gira oficial de Alejandro Toledo fuera de nuestras fronteras. La cita, que tendrá lugar por segunda vez en la capital chilena (fue sede de una reunión similar en 1993), se prolongará hasta el día siguiente y en ella participarán, además del anfitrión Ricardo Lagos, los presidentes de 18 países del continente. De ellos, sólo dos mandatarios, Toledo y el boliviano Jorge Quiroga, llegaran luciendo los brillos de un mandato recién inaugurado. Desde que Chile recibió la posta de la secretaría Pro Témpore del Grupo, en febrero pasado, hubo una serie de reuniones preparatorias centradas en los temas de drogas, tecnología de información y de las comunicaciones. Así, el énfasis en esta cita se centra en la "Nueva economía o sociedad de la información". En reuniones previas, los representantes de las diversas cancillerías discutieron un documento basado en la política regional de integración en el contexto de una nueva economía (globalizada, interconectada e interdependiente) que garantice, a la larga, una verdadera integración. La agenda apunta también, en este esfuerzo, a la necesidad de aumentar la calidad y cobertura de la educación a la región. Las iniciativas son múltiples, pero una de las barreras con las que se estrellan es el financiamiento. En esa materia, la Cumbre estimulará la creación de fondos de capital de riesgo para el financiamiento de programas en los ámbitos de ciencia y tecnología. Respecto a infraestructura, los documentos preparatorios recomiendan la liberalización del sector telecomunicaciones bajo un marco regulatorio adecuado. Dentro de los múltiples documentos que serán puestos a consideración de los jefes de Estado en esta cumbre, se cuentan un catastro regional sobre el estado de los países miembros en el marco de su integración a la nueva economía, propiciar el intercambio de información entre países en esta materia y proponer estrategias de financiamiento para programas de cooperación en desarrollo en tecnología de la información y el conocimiento. Habrá que ver qué otras iniciativas se van cocinando durante la próxima semana. Vamos a ver cómo reciben nuestros vecinos sureños la propuesta de congelar la adquisición de armas, como propuso el presidente Toledo.
La Copri prevé superar este año la meta de obtener 50 millones de dólares. La mayor parte de ventas se realizará en el sector eléctrico y durante el cuarto trimestre. Primero se venderían las acciones remanentes de las empresas de transmisión eléctrica del Centro y del Sur y se concesionará el tendido de las líneas eléctricas de Antamina y de Huallanca, Cajamarca y Carhuaquero. Un proyecto minero a vender es el de Toro Mocho, además de concesionar empresas piscícolas y un terreno en el Chaco.
LA HIJA DE ARITOMI Ahora resulta que la hija del ex embajador de Perú en Japón, Víctor Aritomi Shinto y de Rosa, la hermana menor de Alberto Fujimori; Yayoi Miriam Aritomi de 29 años, no se habría mantenido al margen de las oscuras andanzas familiares. Según ha podido determinar la Fiscalía en sus investigaciones, Yayoi Aritomi -residente en Japón- tiene una cuenta en el Banco do Brazil ascendente a más de dos millones de dólares, desde donde se realizan movimientos bancarios periódicos de 50,000 dólares en promedio. Cantidades que no son coherentes con el sueldo de una simple maestra, como es su caso. FIJOS EN EL BCR Confirmado: Richard Webb regresará con 55 años
a la presidencia del Banco Central de Reserva, cargo que asumió
por primera vez en 1980. El gerente general del instituto emisor y uno
de los siete miembros del directorio será Henry Barclay.
ACUSACIONES YA Este fin de semana la Fiscalía Provincial adjunta, a cargo del
fiscal Tomás Gálvez, solicitará formalmente
la denuncia constitucional contra el ex presidente Alberto Fujimori,
el ex ministro de Defensa Carlos Bergamino, el ex primer ministro
Federico Salas y el ex ministro de Economía Carlos Boloña
Behr. Los cargos contra Fujimori, Boloña y Bergamino son de
peculado, asociación ilícita y delito contra la fe pública.
Salas será denunciado como cómplice en el delito de peculado
pero también está acusado de asociación ilícita
y de delito contra la fe pública. De otro lado, la fiscal anticorrupción
Ana Cecilia Magallanes decidirá en los próximos días
si denuncia a Alfredo Jalilie, ex viceministro de Hacienda y a
Luis Muente Schwarz,ex jefe de la Oficina General de Administración
(OGA) del Ministerio de Defensa.Todos estos personajes están implicados
en el pago de S/. 52.5 millones a Vladimiro Montesinos como compensación
por diez años de "servicios" a la nación. (CARETAS 1669).
Igualmente, otro que la vería color de hormiga es Absalón
Vásquez, ex congresista implicado en la falsificación
de un millón de firmas a favor de Perú 2000.
COMISION EN EXPANSION Tras el respaldo político que el presidente Alejandro Toledo ofreció el martes 7 a la Comisión de la Verdad, varios nombres empezaron a circular como posibles nuevos integrantes de ésta. Entre ellos estaban Sofía Macher, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos; César Rodríguez Rabanal, dirigente del Foro Democrático y asesor personal de Toledo; Rolando Ames, ex senador de la República; monseñor Luis Bambarén, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana; y José Burneo, un abogado especializado en derechos humanos. No todos ingresarían al grupo, pues la propuesta del Ejecutivo es que sean hasta 12 miembros y bien podrían sumarse a los siete existentes sólo uno, dos o tres. Quien sí está seguro es Javier Ciurlizza, nuevo secretario ejecutivo de la Comisión, que antes se desempeñó como Jefe del Gabinete de Asesores del ex ministro de Justicia Diego García Sayán. ESCOBA COSMOPOLITA Entre los dimes y diretes de los congresistas Martha Chávez y Javier Diez Canseco, sobre quién viajó más en el trascurso de su labor parlamentaria, se ha podido comprobar que la Chávez realizó 26 viajes costeados por el Congreso desde 1993. Según información del Departamento de Mantenimiento y Asesoría Técnica del Congreso, desde el 1993 hasta el 6 de agosto del presente año, Diez Canseco no realizó viaje alguno al extranjero por cuenta del Parlamento, a diferencia de la Chávez que representó un gasto, entre pasajes y viáticos, de US$ 132,601. Esperada Mea Culpa
"Quiero concluir mis palabras pidiendo disculpas a la sociedad en general, por el vergonzoso grado de corrupción que lastimosamente contagió los estamentos de esta institución que represento", dijo el presidente de la Corte Suprema, Oscar Alfaro Alvarez en su discurso por el Día del Juez el sábado último. Después de ocho años de una judicatura sometida a la voluntad del ex asesor Vladimiro Montesinos. Cerca de 300 magistrados, entre vocales supremos, superiores y jueces reunidos en el Salón Vidaurre de Palacio de Justicia aplaudieron de pie este mea culpa. Era el segundo acto de contrición de este tipo, después de las Fuerzas Armadas. En realidad el magistrado humildemente recogió los platos rotos dejados por otros, pues él fue una víctima más del accionar montesinista. Luego del autogolpe del 5 de abril, fue separado injustamente del Poder Judicial. Alfaro, mientras fue presidente de la Corte Suprema desde 1989, demostró ser uno de los magistrados con quien Montesinos no podía contar para sus planes maquiavélicos. En su discurso, Alfaro señaló los avances en materia de saneamiento judicial, sin embargo queda aún mucho camino por andar. Frío Frío Sonó a desagravio la ratificación del procurador José Ugaz Sánchez Moreno, justo un día después de que el prófugo Alberto Fujimori señalara en su página web las supuestas condiciones pecuniarias para que Ugaz se encargase de investigar a Vladimiro Montesinos. El martes 7, con la copia de los dos contratos en mano, que por cierto fueron publicados en El Peruano en diciembre y abril pasado, el ministro Fernando Olivera desbarató la versión on line de Fujimori. El contrato de Ugaz, suscrito el 29 de diciembre, fija honorarios profesionales por US$ 350 mil más IGV, así como otros tres desembolsos de US$ 42 mil mensuales, más IGV hasta el 31 de marzo. En abril el contrato le fue renovado. Ugaz, que ese mismo día había retornado de unas cortas
vacaciones, no fue el único ratificado por Olivera, también
los procuradores adjuntos, Luis Vargas Valdivia, César Azabache
y Ronald Gamarra, así como los jueces y fiscales anticorrupción
en mérito a la labor realizada.
La semana pasada la Procuraduría entregó al ministro Olivera el segundo informe de las investigaciones de los delitos en que incurrió el ex asesor Vladimiro Montesinos y el ex presidente Alberto Fujimori. Este informe aún no se ha hecho público, debido a que Olivera ha solicitado un tiempo para ponerse al tanto de lo investigado. El informe señala que luego de nueve meses de planteada la primera denuncia, los avances obtenidos han sido notorios. Ello se ha debido en gran parte a la la Ley 27388 que establece los beneficios de exención y reducción de pena para quienes, estando comprometidos en hechos delictivos, colaboran proporcionando información útil, veraz y oportuna. Se estima que por lo menos son 15 los procesados que se han acogido a esta ley. La labor realizada arroja un balance de 159 investigaciones en curso, con un total de 748 procesados e investigados. Es decir que desde el primer informe de la Procuraduría entregado en mayo pasado, se ha incrementado en 20 el número de investigaciones, mi.entras que el de investigados y procesados ha aumentado en 216. De acuerdo a la información que se maneja en la Procuraduría todo indica que el total de los colaboradores más estrechos de Montesinos se encuentran en prisión (Roberto Huamán Azcurra en la estructura de la organización, Blanca Nélida Colán en el ámbito judicial, Alberto Venero y Juan Valencia Rosas en el financiero, José Portillo Campbell en el electoral -quedando pendiente Alipio Montes de Oca y Rómulo Muñoz Arce- y en el ámbito militar, José Villanueva Ruesta y Víctor Malca). Sin embargo, entre los que aún permanecen libres de polvo y paja, de la red de corrupción en las esferas judiciales está Alejandro Rodríguez Medrano, sobre quien sólo pesa una orden de comparecencia. Si en los primeros meses fueron los vídeos los que marcaron la pauta de las investigaciones, ahora éstas vienen siendo determinadas por las declaraciones de Montesinos ante las autoridades judiciales y el Ministerio Público. No obstante, las pruebas aportadas por Montesinos vienen siendo analizadas con pinzas debido a que existe la presunción de que el ex asesor está intentando confundir las investigaciones para perjudicar a sus enemigos y favorecer a determinadas personas a pesar de la presunción de la Procuraduría de que éstos se hallan involucrados. Respecto a los fondos mal habidos y bloqueados en cuentas bancarias en el exterior, éstos ascienden a US$ 203.7 millones, de los cuales US$ 106 se encuentran en las Islas Gran Caimán. Resulta un tanto desalentador que, de todo ello, hasta hoy sólo se haya logrado repatriar US$ 2 millones. Pero las negociaciones continúan: en los tres viajes realizados a Gran Caimán, se ha coordinado con los abogados contratados por el Perú, con el Fiscal General y la Unidad de Reporte Financiero (FRU) para buscar la vía más adecuada para la repatriación de los dineros congelados por esos lares. A la fecha el Fiscal General de Gran Caimán ha presentado una demanda en contra del Wiese Bank International (WBI) por presunción de lavado de dinero. La Gran Corte ha admitido esta demanda y ha prohibido al BWI que disponga de sus activos en la isla. Es más, miembros del FRU del Gran Caimán vendrán a nuestro país en los próximos días para tomar declaraciones a Alberto Venero y a Juan Valencia. En cuanto a las investigaciones seguidas contra Alberto Fujimori, el informe señala que existen varias pruebas que lo vinculan con diversos delitos y que han sido obtenidas por quienes se han acogido a los beneficios de la declaración sincera. Sin embargo, el informe advierte que será imposible que Fujimori sea juzgado en el Perú a menos que el Gobierno de Japón cambie de actitud y ponga fin a la cobertura de impunidad. El informe de la Procuraduría señala además que al Perú le quedan dos alternativas: intentar la anulación administrativa de la nacionalidad japonesa de Fujimori (lo cual sería engorroso) o, en el peor de los casos, intentar que sea juzgado en el Japón por delitos que habiliten la jurisdicción universal (tortura y delitos de lesa humanidad), cargos que están contemplados en la acusación constitucional contra el ex Presidente por los casos de Barrios Altos y La Cantuta, y que el Congreso de la República deberá resolver. (Sonia Sullón).
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