Edición Nº 1683

En Defensa del Derecho a la Información
Clave de Acceso
Temas cruciales, la legislación para el acceso a la información y el secreto de Estado marcaron el debate de reunión convocada por el Consejo de la Prensa.

De izq. a derecha, Kela León, directora del Consejo de la Prensa, Walter Albán, Defensor del Pueblo, Carlos Ferrero Costa, presidente del Congreso, Enrique Zileri, presidente del Consejo de la Prensa Peruana, Manuel Romero Caro, director de Gestión, María Ofelia Cerro, directora de La Industria, el congresista Javier Diez Canseco y Jorge Santistevan de Noriega durante la instalación del Grupo de Trabajo para el Acceso a la Información.

DOS temas claves para garantizar el Derecho a la Información, como son la legislación para el acceso a la información en poder del Estado y la definición del Secreto de Estado y la Seguridad Nacional, estuvieron sobre la mesa durante la primera reunión del Grupo de Trabajo que convocó el Consejo de la Prensa Peruana el viernes pasado.

Inaugurada por el presidente del Congreso, Carlos Ferrero Costa, el Defensor del Pueblo, Walter Albán y el presidente del Consejo de la Prensa, Enrique Zileri, la cita marcó la continuación de la tarea iniciada, durante el gobierno de Alberto Fujimori, por un grupo de periodistas y representantes de organizaciones nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos para combatir la cultura del secreto arraigada en el país. Esfuerzo que concluyó con la redacción de Los Principios de Lima.

La presencia y el discurso de Ferrero, fue más allá, por cierto, del gesto protocolar. Político y abogado proveniente de las canteras del periodismo, el congresista ha prestado singular atención al tema del acceso a la información. En 1998 presentó un proyecto de ley que sin embargo no prosperó en el Congreso.

No hay duda que, desde entonces, el contexto ha dado un "vuelco de ciento ochenta grados", como comentó Samuel Abad, experto en asuntos constitucionales de la Defensoría del Pueblo, a los asistentes. Entre éstos Manuel Romero Caro, director de Gestión, María Ofelia Cerro, directora del diario La Industria, Jorge Santistevan de Noriega, Sofía Macher, directora de la Coordinadora de Derechos Humanos, el congresista Javier Diez Canseco, Manuel Boluarte de APRODEH, Christian Sánchez del Consejo Británico y los periodistas Juan de la Puente, de la República, Alberto Ku King de CPN Radio, Mónica Vecco, de Frecuencia Latina, Gonzalo Quijandría y Kela León.

Abad fue el encargado de abrir el debate sobre la pertinencia de proponer una ley de acceso a la información. Para la Defensoría son claras las ventajas que resultarían de la promulgación de una ley que homologue las numerosas normas, leyes, decretos supremos y texto de procedimientos administrativos (tupas) vigentes, que ordenan y fijan las restricciones al acceso a la información pública. Asimismo, que dicha legislación establezca plazos, mecanismos y costos uniformes para el acceso y la entrega de la información y que puntualice las responsabilidades y las sanciones a ser aplicadas a los funcionarios públicos en caso de omisión.

Hans Landolt y Samuel Abad. Propuestas para redefinir el concepto de seguridad nacional.

Por cierto, la Defensoría del Pueblo es la institución que se ha abocado con mayor ahínco a exigir la transparencia informativa del Estado y a interceder en favor de los ciudadanos impedidos de obtener información. Actualmente prepara un informe que divulgará en qué medida la administración estatal ha acogido las disposiciones de por ejemplo, el Decreto Supremo 018-2001 PCM que ordena incorporar mecanismos para facilitar el acceso de los ciudadanos a la información y el Decreto de Urgencia 035-2001 que establece el acceso a la información en materia de finanzas públicas.

Sin embargo, no faltaron quienes desde los predios del periodismo alertaron sobre los riesgos que pudiera acarrear una ley maliciosamente interpretada, como sucedió recientemente en Paraguay, donde la ley de acceso a la información fue bautizada por la prensa como "la ley mordaza". Avisados los asistentes, se acordó trabajar propuestas de modificación legislativa que permitan un acceso real de la ciudadanía a la información a la vez que cubran los numerosos vacíos y contradicciones existentes en la legislación actual.

Por ejemplo, entre las contradicciones destaca el Reglamento de Organización y Funciones del Consejo Nacional de Inteligencia aprobado durante el Gobierno Transitorio, mediante un decreto supremo de cuestionable carácter secreto.

Hans Landolt del Instituto de Defensa Legal fue el encargado de dirigir la discusión sobre información y defensa. Su propuesta aceptada unánimemente fue clara. Redefinir estrechamente los conceptos de Defensa, Seguridad Nacional y Secreto de Estado, con el propósito de desclasificar documentos y eliminar las restricciones a la información en poder de los institutos armados, salvo en los casos en que se pueda comprobar fehacientemente que la divulgación de la misma representa un peligro real para el país. (K.L)

 

Línea a la Información El Consejo de la Prensa inicia programa de apoyo a solicitudes de información negadas por la burocracia. Una veintena de denuncias del público registró el equipo que maneja la Línea Acceso a la Información (264-0005,264-6409, www.consejopp.org.pe), durante la primera semana. MÁS de una veintena de denuncias contra dependencias estatales que no han cumplido con atender a ciudadanos que solicitaron información, recibió desde que se instaló hace una semana la Línea Acceso a la Información del Consejo de la Prensa Peruana. Las quejas recibidas por el equipo del Consejo de la Prensa tanto a través de sus dos líneas telefónicas como por Internet, atañen a un amplio espectro del sector público y confirman que pese a los nuevos aires democráticos y a las normas legales vigentes que ordenan a las dependencias públicas facilitar la información que producen o poseen, ciertos estamentos estatales no logran sacudirse de su tradicional culto al secreto y a la reserva a veces interesada. Para muestra algunos casos. Desde hacen varios meses Héctor López Trigoso ha remitido sendas solicitudes al Jurado Nacional de Elecciones para obtener copia de los padrones electorales que se utilizaron en los procesos electorales entre 1980 y 1993 en Cañete. Pese a que el JNE ha respondido a su solicitud enviándole copias de padrones que López no había solicitado, justificó su omisión simplemente aduciendo que "los Jurados Electorales de Cañete no remitieron los padrones solicitados". Alcides Federico León solicitó a la CETAR La Libertad le entreguen copia sobre los informes 004-2000 y 008-2001 que evalúan obras de construcción en las que ha participado su empresa, San Lorenzo Consultores y Ejecutores. Hasta la fecha, el gerente regional de Control Interno no atiende su solicitud ni explica su mutismo. Así también se han registrado quejas contra el Ministerio de Economía y Finanzas, EsSalud, dependencias del Ministerio de Educación, la Oficina Nacional de Pensiones (ONP) y la Superintendencia de Bienes Nacionales. Según lo establecido, para que el Consejo de la Prensa pueda tomar acción sobre los casos presentados, toda denuncia debe estar acompañada de una copia de la solicitud de información enviada previamente a la dependencia estatal. Luego procede a notificar por escrito a la autoridad pertinente para que asegure la entrega de la información. Lo cierto es que el equipo de la Línea de Acceso, que cuenta con la asesoría permanente de la Defensoría del Pueblo, no dejará ningún caso pendiente.

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