Edición Nº 1683

Los No Contactados
Poblados amazónicos en la mira. Territorio, legislación y apoyo estatal en el tintero.

Escenas de caza. Fotos inéditas de los primeros contactos de una tribu de machiguengas con colonos a comienzos de los '80. Historia viva.

SER multicultural no es una declaración de fe. Implica la idea de que un país está compuesto por varias naciones, como es el caso del Perú. Que si bien es primordialmente andino, también lo es criollo y amazónico. Y si bien amazónico; jíbaro, nahua y asháninka. Y etcétera. Los lineamientos de una política que comprenda la coexistencia de esta variedad de naciones en un mismo Estado es parte fundamental de la aceptación del "otro", un paso al entendimiento de la heterogeneidad como elemento constituyente de la identidad de país. El gobierno de Alejandro Toledo ha manifestado la voluntad política de reconocer esta diversidad.

Adda Chuecas, directora del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), asevera que la única forma de llevar esta intención a la realidad es a través de una reforma integral de la Constitución que permita que la noción de multiculturalidad atraviese transversalmente a la misma. En hechos esto implicaría, como mínimo: la cesión de territorio a los indígenas, la educación bilingüe obligatoria (y la implementación de la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía), el reconocimiento de la administración de justicia local (derecho consuetudinario) y, según Chuecas, la posibilidad de una representación directa de la población amazónica en el Congreso, esto es, cambiar el sistema de elecciones.

Hermanos Paz, estudiantes aguarunas. La prioridad es una educación con perspectivas de futuro.

El antropólogo Luis Román, quien ha trabajado más de veinte años con grupos tribales, no considera necesario esta reforma electoral, manifiesta que lo que se debería impulsar es la organización y acceso a los cargos a través de los medios convencionales (ha sucedido con aguarunas en municipios del Cenepa, Marañón y Requena). Sin embargo, Román comparte la postura de garantizar la propiedad del territorio de los indígenas, pero señala que en vez de una cesión (la titulación fracciona los territorrios creando grupos rivales), se debería realizar una alianza estratégica en la que se declaren áreas naturales protegidas permitiéndosele a los nativos la extracción de lo necesario para su subsistencia. "La titulación no debe ser simbólica", finaliza, se debe garantizar el aprovechamiento del territorio y el acceso a los recursos del mismo (bosques, subsuelo, etc.).

Sin embargo, si el problema es grave con las poblaciones indígenas contactadas, el caso es mucho peor con las que se hallan en "aislamiento voluntario". Ellas, al carecer de contacto con el sistema, se encuentran desprotegidas en todo sentido: legal, territorial, y hasta inmunológico (a comienzos de los '80, un grupo nahua entró en contacto con algunos colonos, murió inmediatamente la mitad de la población). Al no poderse determinar la cantidad de los mismos, su territorio exacto (son transhumantes), ni las necesidades que tienen, el Estado se ve incapaz de darle un tratamiento adecuado a tan compleja situación, lo que se ahonda teniendo en cuenta las presiones de los extractores madereros, mineros y de hidrocarburos, así como el escaso aparato estatal destinado al tratamiento del problema: una oficina en el Ministerio de la Mujer (?), la Setai. Sin embargo, el mal rato no sólo lo pasan ellos: los continuos ataques a extractores o colonos (los flechan) son síntoma de un conflicto en el que inevitablemente salen perdiendo todas las partes (aunque mucho más los que ven amenazado su mundo). La Federación Nativa del río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad) pide la cesión a los indígenas de aproximadamente 2'400,000 has sólo en la zona de Madre de Dios; el Inrena, por el momento, ha cedido más de 1'500,000 has. Las negociaciones continúan.

La administración de recursos del bosque, conocimiento ancestral de los "no contactados".

A diferencia de lo que sucede en Ecuador, Colombia y Brasil (por citar 3 ejemplos), Perú no tiene una ley para el indígena, lo que nos coloca a rápido cálculo de Luis Román en por lo menos 10 años de retraso. Esto no sólo significa poner en riesgo los conocimientos y la riqueza cultural que guardan las distintas etnias, sino que, sin dramatizar, implica su extinción: sólo entre 1950 y 1997 desaparecieron 11 grupos. Actualmente 18 se encuentran en peligro de extinción. La vida de ellas depende en mucho de la voluntad política del Gobierno, pero también de las instancias encargadas de salvaguardar por el bienestar de las mismas: federaciones de indígenas y ONGs. De este entendimiento penderá la posibilidad de que los "no contactados" no mueran. Tremenda responsabilidad. (JP).

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