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Edición Nº 1684 |
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La Raza del Mundo LOS megaeventos internacionales, coro babélico de buenas intenciones, suelen reducirse a un saludo a decenas de banderas. Pero esta vez, en la Sudáfrica que se libró del apartheid, las Naciones Unidas se harán presentes con una renovada voluntad política de sacar conclusiones prácticas contra la intolerancia. Aunque la ONU, por respetar la libre determinación de sus miembros, no puede ir más allá de difundir recomendaciones generales sobre marcos legislativos y políticas antidiscriminatorias, cuenta con la prensa para atacar el inmovilismo de los prejuicios globales. Además de aconsejar la promulgación de leyes que garanticen la igualdad de oportunidades para todos y que desmonten cualquier práctica discriminatoria institucionalizada (nada nuevo pues ello se discutió ampliamente en las dos primeras conferencias realizadas en Ginebra y son agenda permanente de la Comisión de Derechos Humanos), en Durban se tocará por primera vez en un foro de envergadura una tema que arde. La gran novedad en el documento de trabajo de la conferencia, que provocará
carraspera en ilustres miembros de la asamblea como Francia, Bélgica,
Gran Bretaña o Estados Unidos, es la recomendación del pago
de indemnizaciones a paises que fueron víctimas del racismo colonial.
Teóricamente, los expertos han identificado al colonialismo como
la principal causa histórica del racismo al violentar, con efectos
cuyas huellas siguen frescas, los derechos humanos elementales de naciones
enteras.
El trato igualitario a los migrantes, sin interferir con el derecho de cada país a establecer regímenes de visado, es otra espina para naciones que, mientras les disminuían otros índices de intolerancia, han engendrado nuevas formas de institucionalización de la xenofobia. La preocupación por vigilar que los medios y en especial la publicidad no sea discriminatoria y sea políticamente correcta, se suma a los ítems de vanguardia. Las legislaciones nacionales deberán dar un marco de garantías para que minorías y credos se expresen libremente y profesen sus cultos sin verse agredidos. El Perú acaba de discutir a vuelo de pájaro algunos de
estos temas, en especial el derecho de los pueblos indígenas a
gozar de su territorio y de sus manifestaciones culturales, al promover
la Declaración de Machu Picchu. El canciller Diego García
Sayán está comtemplando la posibilidad de encabezar la delegación
peruana a Durban, compuesta por funcionarios de Relaciones Exteriores
y del Promudeh y pedir la palabra para sumar a la discusión global
peculiaridades andinas y amazónicas. Si nuestros voceros oficiales
no lo hicieran, se lo recordarán los invitados sin voz ni voto,
pero con capacidad de presión, que viajan por gestiones de ONGs
especializadas en temas indígenes y étnicos. Coordinada
por Tarcila Rivera de Chirapak, la Comisión Nacional Interétnica
ha preparado un paquete de actividades pro-Durban. Polleras, cushmas,
jeans y consignas comunes están sobre la mesa (F.Vivas).
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