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Edición Nº 1685 |
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La Deuda Con Barrios
Altos La justicia tarda pero llega. El miércoles pasado, el Presidente Toledo firmó un acta que compromete al Estado a cumplir con lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso de Barrios Altos. Cada una de las 18 familias afectadas recibió un adelanto de los 175 mil dólares que deberán llegar a sus manos el próximo año. Un acto de justicia para quienes, como aquí se consigna, viven en situación desesperada. Ese mismo día fue capturado otro ex miembro del grupo Colina, Miguel Pino Díaz. Ya son siete los detenidos del asesino escuadrón.
UN viejo papel pegado a la pared llama la atención: toque la puerta con cuidado y despacio. Las precauciones no están de más. Las columnas de quincha y adobe que sostienen esta quinta de dos pisos ubicada en el jirón Huanta 840 de Barrios Altos se desmoronan poco a poco. Adentro parece que el tiempo se detuvo. Y no es para menos. El 3 de noviembre de 1991, durante una "pollada bailable" en este callejón, fueron asesinadas 15 personas. Cuatro sobrevivieron con serias lesiones y el resto quedó sumido en la más profunda inseguridad. Desde el patio, un estrecho camino nos conduce a las puertas 103 y 106. Allí viven Eugenia Lunasco (45) y Rosa Rojas (35), dos mujeres que tienen mucho en común. Ambas enviudaron cuando un grupo de militares ingresó a este humilde solar y perpetró la masacre. Rosa Rojas también perdió a su hijo, de apenas 8 años. Desde entonces aprendieron a salir a las calles. Para reclamar justicia, para buscar sustento con la venta de golosinas. A Eugenia Lunasco, la encontramos vendiendo en una calle cercana a su casa. Es madre y padre para sus 7 hijos. Superada la inicial reticencia, contó que todos los días se levanta a las seis de la mañana "para preparar el desayuno y por la noche traigo el dinero para el diario". Su esposo, Máximo León León, era artesano. "Jamás
hubiera permitido que yo trabaje… se desvivía por nosotros"
dice en voz baja.
La señora Lunasco gana entre 10 y 15 soles diarios. La comida es lo principal. Debe separar 100 soles mensuales para el alquiler del cuarto de 4 por 5 metros en el que vive con sus hijos. Los días son iguales: de nueve de la mañana a siete de la noche fuera de casa. Sus dos hijas menores le alcanzan el almuerzo por la tarde y la acompañan de vez en cuando. Sus amigas le guardan sitio en las calles y evita mencionar el lugar. "Le tengo miedo a los azules (policías municipales). Ellos cumplen su trabajo de botarnos…pero no nos entienden". Hubiera querido darle estudios a todos sus hijos, pero sólo pudo con las dos que siguen en el colegio. Los demás, a excepción de Martín (12, sufre síndrome de Down) consiguen esporádicamente trabajos en pequeñas fábricas. Un calvario similar vive Rosa Rojas. Su esposo, Manuel Ríos Pérez, un heladero de 31 años, recibió 8 balas. Su hijo Javier, de 8 años, múltiples heridas perforantes. La actividad pro fondos en la que incursionaron agentes del grupo Colina, presuntamente para reducir a un grupo de senderistas que se reunían en el lugar, arrasó con todos. En el patio de la quinta se encontraron 111 cartuchos y 33 proyectiles correspondientes a pistolas ametralladoras con silenciadores. Desde entonces nada ha cambiado para las 12 familias que actualmente habitan el solar. Se abastecen de un pilón con dos caños y no cuentan con servicios higiénicos. La situación de Rosa y su familiares es, sin embargo, más complicada. La puerta de su vivienda da con el pilón y arriba están los cordeles llenos de ropa. A veces regresa de trabajar con su carretilla de golosinas en la plaza Italia y debe olvidar su cansancio para secar el piso carcomido de su salita, inundado por el agua. La humedad produjo las tres tonalidades de las paredes de su casa. Rosa tiene dos hijas y duerme junto a ellas en un tabladillo habilitado encima de su sala. Además vive con su hermana de treinta años, que sufre un leve retardo mental y es madre soltera de tres niñas. Todas le llaman Mamá Rosa.
LOS OTROS AGRAVIADOS Encontramos a Tomás Livias Ortega entre las avenidas Gamarra e Hipólito Unanue, en La Victoria. Es uno de los cuatro sobrevivientes de la masacre y desde entonces se moviliza en silla de ruedas. También vende golosinas. Era heladero desde 1978 y fue a través de ese trabajo que conoció a Octavio Huamanyauri (31), Palestina Chumbipuma (38), Lucio Quispe (45) y Odar Sifuentes (23). Todos colegas que no vivían en la quinta del jirón Huanta, asistentes a la pollada por invitación de Manuel Ríos, el esposo de Rosa, también heladero. "El destino me llevó a ese lugar, lo demás fue abuso del poder", dice Livias. Eugenia, Rosa y Tomás representan a tres de las 18 familias que serán indemnizadas con 175 mil dólares cada una. De acuerdo al compromiso que firmaron el miércoles pasado el Presidente Toledo, el ministro de Justicia Fernando Olivera y los propios deudos, la entrega del dinero se realizará a más tardar el próximo año. En manos de la Corte Suprema queda el pronunciamiento de fondo sobre la contienda de competencia. Allí se sentarán los precedentes para que de aquí en adelante estos delitos sean sancionados con todo el peso de la ley. Y aunque sean útiles y bienvenidos, ni la indemnización ni la jurisprudencia liberarán a los deudos del otro peso. El de la pérdida. (Paola Miranda).
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