CARETAS HOME PAGE

Mucho Ruido y Pocos Jueces
Pero las cosas empezarían a cambiar y el contingente judicial de la red de corrupción empezaría a ser procesado.

Alejandro Rodríguez Medrano es el único procesado. Pero le seguirían los pasos el ex juez Percy Escobar, ex presidente del CSJM Guido Guevara, y el ex vocal José Vargas Infantes.

De los 60 personajes que se encuentran tras las rejas por formar parte de la mafia montesinista no hay uno solo que pertenezca a las esferas del Poder Judicial. Es más, del total de 370 personas procesadas sólo uno, el ex vocal supremo provisional, Alejandro Rodríguez Medrano, tiene un proceso penal abierto. Este goza aún de comparecencia restringida, pero puede no durarle mucho. La Sala Pena Especial tiene que resolver en los próximos días si se la revoca por un mandato de detención.

El lunes 27 Rodríguez Medrano tuvo una confrontación con quienes se atrevieron a denunciarlo: la jueza Sonia Medina y la vocal Rosario Encinas. Ambas lo acusaron de haberlas presionado en dos casos que tenían a cargo y cuyos resultados incomodaban al gobierno fujimorista.

Así, mientras una serie de congresistas, ex ministros, militares y empresarios integran la galería de 60 detenidos y otros 35 con arresto domiciliario, no ha caído aún el peso de la ley sobre aquellos vocales supremos, vocales superiores y jueces que durante el régimen de Fujimori apañaron la corrupción.

Pero el juez Percy Escobar, quien en 1998 suspendió la resolución de la Municipalidad de Lima que prohibía la construcción de la fábrica Lucchetti podría seguir los pasos de Rodríguez Medrano. Escobar también resolvió una acción de amparo en tiempo récord -tres horas- en favor de dicha empresa (CARETAS 1499). Y en agosto de 1997 falló para que la administración de Canal 2 (Frecuencia Latina) pase a manos de los hermanos Mendel y Samuel Winter (CARETAS 1482). Ahora que el juez anticorrupción, Jorge Barreto ha abierto instrucción contra los hermanos Luksic por el caso Lucchetti, Escobar podría ser puesto en el banquillo de los acusados.

Por lo pronto la OCMA a cargo del vocal supremo Guillermo Cabala no se ha quedado cruzada de brazos y lo ha separado del Poder Judicial, junto a los vocales Sixto Muñoz Sarmiento, Pedro Infantes Mandujano, Jorge Gonzales Campos, y al juez Víctor Martínez Candela. Todos ellos, aludidos en los vídeos propalados por el Congreso en el tema Lucchetti, eran integrantes de la Sala de Derecho Público, suerte de garita por donde pasaban los casos judiciales más controversiales en la época de la Comisión Ejecutiva Interventora.

Según Cabala, de la emisión de dichos vídeos se aprecia una grave interferencia en la función jurisdiccional por parte de estos magistrados que vieron las sentencias sobre el caso Lucchetti.

En el caso de Infantes Mandujano es la segunda resolución de separación que se le dicta.

También la OCMA ha separado al vocal Jorge Vargas Infantes por estar involucrado en la misteriosa pérdida del vídeo "Reunión del Doc con magistrados del Poder Judicial", que de haberse hecho público habría dado mayores luces sobre quiénes movían la maquinaria montesinista al interior del Poder Judicial. Actualmente hay una investigación al interior de la OCMA.

Vargas Infantes tiene además una segunda resolución de separación por parte de la OCMA. Corresponde a la denuncia formulada por Heriberto Benítez por el retardo malicioso en agravio de la ex agente del SIE, Leonor La Rosa. Con él han sido denunciados los jueces Elizabeth Pineda, Joaquín Abanto, Luis Ortiz y Juan Sequeiros Villafuerte.

•69. % de las compras de alimentos para el Programa del Vaso de Leche fueron absobidas en 1998 por productos importados (leche y avena) de acuerdo con el estudio "Ingreso campesino y compras estatales de alimentos en el Perú" de Guillermo Rebosio y Enrique Rodríguez que acaban de poner en circulación el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) y el Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación (CEDEP). 16 % correspondió a productos con cierta participación nacional (enriquecidos lácteos y alimentos complementarios) y sólo 15 % a productos netamente nacionales (leche fresca y cereales andinos). Según el estudio, la aplicación correcta de la norma que obliga a adquirir un mínimo de 75 % de insumos nacionales garantizaría una demanda adicional de alrededor de US$ 234 millones, lo que adecuadamente focalizado podría contribuir a la reactivación de los pequeños productores agrarios.

•Según estimaciones del secretario general de Transparencia, Rafael Roncagliolo, recogidas en el boletín Datos Electorales Nº 23 de esa asociación civil, el costo por elector de los comicios del 2001 fue de US$ 5.27. Esto es, bastante menos del costo por elector de los comicios de Camboya en 1993 (US$ 45.5), más del costo por elector de los comicios de Bangladesh en 1996 (US$ 0.2) y semejante al de los comicios de México en 1997 (US$ 5.9), Suiza en 1995 (US$ 5.4), Noruega en 1997 (US$ 4.8) y Camboya en 1998 (US$ 4.7). En total las elecciones pasadas costaron US$ 78.57 millones, de los cuales casi US$ 51 millones correspondieron a la ONPE.

Ramón Rosales, brazo derecho de Juan Klingenberger durante la gestión de éste como titular de la SBS, sería el sucesor de Luis Cortavarría en la conducción de este organismo. Klingenberger es el actual encargado del Fondo de Seguro de Depósitos, en tanto que Rosales, residente en Miami, preside una prestigiosa consultora en supervisión bancaria y como tal ha asesorado a diversos gobiernos de Centro y Sudamérica.

Secretario de Estado de EE.UU. Collin Powell estará en la cita de la OEA.

Esta semana, se anunciarían los nuevos integrantes de la Comisión de la Verdad aportados por el Ejecutivo. Se esperaba el anuncio para el viernes 24, luego de una reunión que los siete comisionados sostuvieron con el Presidente Alejandro Toledo y con algunos de sus consejeros, entre ellos César Rodríguez Rabanal. No hubo humo blanco tras ese encuentro, pero trascendió que entre los nuevos comisionados podrían estar Sofía Macher, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos; el antropólogo ayacuchano Rodrigo Montoya; y el ex senador Rolando Ames, quien siendo senador investigó ejemplarmente la matanza de los penales. También se da por descontada la presencia del obispo de Chimbote Luis Bambarén, presidente de la Conferencia Episcopal, en cuyo caso se consideraría también la posibilidad de incluir a un miembro del Concilio Nacional Evangélico.

Este jueves 30 culmina en Lima el segundo proceso de negociación de la Comisión Preparatoria de la Carta Democrática Interamericana, y con ello ésta quedará lista para su aprobación en en la Asamblea Extraordinaria de la OEA a realizarse el lunes 10 y martes 11. Al cierre de esta edición el documento ya tenía 13 addendas o revisiones. Esta iniciativa del Gobierno de transición fue presentada el pasado 27 de abril en la tercera Cumbre de las Américas en Quebec; y fue aprobada dos meses después en la Asamblea General de la OEA en Costa Rica, en su sétima versión, como texto base para la consideración final de los Estados a pedido del Gobierno uruguayo que planteó un protocolo modificatorio para llegar a una aprobación final satisfactoria. En las negociaciones los Gobiernos promotores de este mecanismo fueron, además de Perú: Argentina, Costa Rica, Colombia, Estados Unidos y Canadá; en tanto que el Gobierno venezolano pretendió introducir la concepción de una democracia participativa para la aprobación de dicho mecanismo. Esta propuesta finalmente no prosperó. La cita continental contará con la presencia, entre otros, del secretario de Estado de EE.UU., Collin Powell.

Emolumentos presidenciales mejores que en el Primer Mundo.

A propósito de los emolumentos que de acuerdo al presidente del Consejo de Ministros Roberto Dañino recibirá el Presidente Alejandro Toledo, y que ascienden a US$ 18,000 mensuales, información acerca de los sueldos que algunos mandatarios del Primer Mundo reciben como paga ofrece sorprendentes contrastes.

Resulta que el jefe de gobierno español José María Aznar percibe US$ 65,298 anuales, el Primer Ministro británico Tony Blair US$ 220,000 al año y el italiano Silvio Berlusconi US$ 90,000 en el mismo período de tiempo. Por su parte Goran Persson, Primer Ministro de Suecia, gana US$ 100,000 al año.

De esta manera, si el Presidente peruano cobrara 14 sueldos en doce meses (con las gratificaciones por 28 de julio y Navidad), recibiría US$ 252,000 anuales. Esto es, 32,000 dólares más que Blair y casi cuatro veces (3.8) exactamente más que Aznar. Ni siquiera los presidentes de las Cámaras de Diputados y de Senadores -quienes se cuentan entre los funcionarios ibéricos que más ganan- lograrían superarlo, pues cada uno de ellos percibe US$ 125,000 al año.

Se dice que en los predios de La Huaca, Rafael, La Trattoría y La Carreta -restaurantes cinco tenedores de los que Toledo es habitué-, hay al respecto el mayor contento.

Con la ratificación del sacerdote Gastón Garatea como titular de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, publicada el sábado 25 en El Peruano, este organismo tiene asegurada su continuidad. Falta sin embargo que se ratifique al resto de sus integrantes o se designe a los nuevos.

Ni Chus, Ni Mus
Montesinos lleva un mes sin declarar e insólitamente amenaza con acudir a la CIDH porque no le gusta su régimen carcelario.

Vladimiro Montesinos no abre la boca para declarar ante los jueces anticorrupción, pero sí lo hace en cambio para soltar la especie de que va a acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque su caso no se ajusta al debido proceso.

"Si la Corte Interamericana declaró nulo el proceso de los terroristas chilenos y el de Lori Berenson, podría hacer lo mismo con el mío". Tal el disparate amenazador que tuvo que oír uno de los jueces anticorrupción que fue en vano hasta la Base Naval para recoger sus declaraciones.

El reglamento de su prisión empezó a elaborarse antes de su captura.

Al parecer lo que más ha enervado los ánimos del ex asesor ha sido el nuevo reglamento del régimen en la Base Naval del Callao. Ha llegado a decir a uno de los jueces que ve sus procesos que dicho reglamento es inconstitucional y que ha sido hecho con nombre propio porque a los delitos de terrorismo agravado y traición a la patria se ha agregado la figura de delitos contra la administración pública, para incluir su caso.

Se equivoca. Ni hecho a su medida, ni nada que se le parezca. Consultado por CARETAS, Gino Costa, ex jefe del INPE y actual viceministro del Interior, señaló que el reglamento empezó a elaborarse desde antes de que Montesinos fuera traído al Perú y que participaron en él, el Ministerio de Justicia, el Consejo Supremo de Justicia Militar y la Marina de Guerra del Perú.

Por su parte, el viceministro de Justicia, Pedro Cateriano precisó que lo que ha hecho el reglamento es dar la base legal, ya que hasta entonces no existía un Decreto Supremo que sustentara la existencia de la prisión de la Base Naval del Callao.

Pero Montesinos no sólo cuestiona el dichoso reglamento, sino que además insiste en que no está siendo tratado como corresponde a un procesado civil. Pide teléfono público, tres visitas diarias, beneficios del 2 por 1, etc. Cateriano lo desmiente: "Montesinos no se puede quejar. Goza de alimentación servicio médico, visitas de abogados como Francisco Chirinos Soto, de sus familiares, de la Defensoría del Pueblo, de la Cruz Roja Internacional. Ni más de un privilegio ni menos de los que gozan otros procesados civiles".

Sin embargo, el silencio sepulcral de Montesinos empieza a ser un dolor de cabeza para los jueces anticorrupción. "Todo está entrampado", señaló uno de ellos a CARETAS. "Lo peor es que amenaza con prolongar su silencio hasta los juicios orales y hasta la propia sentencia", agrega. Algunos de los jueces temen que su mutismo sea una maquiavélica estrategia que podría coger desprevenido tanto al gobierno como a la propia CIDH.

El presidente de la Corte Superior, Sergio Salas Villalobos, señala que no hay argumentos válidos que pueda esgrimir Montesinos a su favor. "El único que se perjudica con su silencio es Montesinos, porque los procesos siguen su curso, si él no declara no tiene posibilidad de hacer los descargos".

Y sus familiares parecen resueltos a apoyarlo en su despropósito. El gobierno ha autorizado que la familia de Montesinos le alcance una máquina de escribir, pero hasta ahora no se la llevan. Mientras tanto, el procurador José Ugaz, coincidiendo con el titular de la OCMA, Guillermo Cabala ha planteado formalmente en el Congreso una racionalización en el proceso contra Montesinos. (Sonia Sullón B.)