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La Fiscal Acusa
Y presenta al Congreso el resultado de una docena de investigaciones que dan nuevas pistas de enriquecimiento ilícito de Fujimori.

Pedido de acusación constitucional de la fiscal Nelly Calderón acumula varios casos en uno.

El viernes 5 la Fiscal de la Nación, Nelly Calderón, presenta al Congreso el resultado de una docena de investigaciones de una serie de delitos cometidos por Alberto Fujimori. Además de los expedientes llegará al Congreso el correspondiente pedido de acusación constitucional para luego llevar el caso al Poder Judicial. La novedad es que, de este modo, la Fiscalía ha acumulado una serie de denuncias siguiendo las sugerencias del procurador José Ugaz y el jefe de la Oficina del Control de la Magistratura, Guillermo Cabala (CARETAS 1687).

Por su parte la comisión investigadora que preside Mauricio Mulder viene investigando no menos de 40 casos que involucran directamente a Fujimori. Según Mulder muchos de éstos no han sido aún tocados por el Ministerio Público.

Entre otras novedades, las investigaciones de la Fiscalía revelan nuevos indicios relacionados a la cuenta de la hija del ex embajador de Perú en Japón, Víctor Aritomi Shinto y de Rosa Fujimori, Yayoi Miriam Aritomi (29) a quien se le encontró una cuenta en el Banco do Brazil de Tokyo ascendente a más de US$ 2 millones (CARETAS 1682). Al respecto se ha detectado un cheque de gerencia enviado el 26 de julio de 1993 por Víctor Aritomi a la cuenta de Fujimori en el Banco de la Nación.

Así mismo, como resultado de las investigaciones hay evidencias de enriquecimiento ilícito. Los ingresos de Fujimori desde 1991 hasta noviembre del 2000 ascendieron a S/. 148,870.34. Según el testimonio de Keiko Fujimori su padre gastó S/. 1'225,000 soles en la educación de los cuatro hermanos: Keiko, Sashi, Hiro y Kenyi.

Desde la Base Naval del Callao, Vladimiro Montesinos ha dicho que él pagaba los estudios de los hijos de Fujimori. Y éste asegura que el dinero salió del producto de la venta de un terreno en Monterrico. Pues resulta que, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, la venta de dicha propiedad habría sido fraguada para justificar los gastos de los estudios de sus hijos. En la supuesta venta participó Domingo Palermo, quien según la Fiscalía convocó a sus amigos Jaime Guerinoni y Luis Carreras Mesones de Ingenieros Edificadores.

El terreno fue vendido en US$ 669,094, al parecer un precio elevado, y en él se iba a construir un edificio de departamentos para recuperar su inversión. La venta fue hecha en febrero de 1999 y hasta el día de hoy no se ha construido edificio alguno.

Guerinoni y Carreras han dado tres versiones respecto a la compra del terreno: que les dieron un pagaré, que fue una operación back to back con una cuenta en el Gran Caimán, y que toda la operación se hizó en Gran Caimán.

Montesinos asegura de los fondos del SIN le entregó a Fujimori US$ 700 mil para que pague el terreno. Además afirma que existe un contradocumento hecho en el SIN, donde se dice que los ingenieros iban a devolver el terreno a Fujimori.

•US$ 25'698,527 en carteras de crédito en poder del Estado serán subastados en los próximos días dando inicio a un proceso que espera colocar más de US$ 500 millones que el MEF asumió de cinco instituciones financieras en liquidación: Banco Latino, Banex, Serbanco, Orión Corporación de Crédito y Caja de Ahorros de Lima. Para este primer grupo de créditos de 38 empresas dividido en 32 lotes se ha fijado un precio base de US$ 18'027,218.

•Sendas donaciones por US$ 659,934 para la ejecución de nueve proyectos en Amazonas, Huancavelica, Ica, Lambayeque y La Libertad, así como 40 cosechadoras combinadas y 40 plataformas tipo carreta valorizadas en US$ 4'160,000 constituyen las dos últimas muestras de cooperación del Japón. Desde la huida de Fujimori en noviembre pasado, Japón hizo entrega de US$ 22'375,939, de los cuales 13'566,000 corresponden al Gobierno de Transición y US$ 8'819,939 se han hecho efectivas desde que Alejandro Toledo asumió el gobierno.

Durante la visita que la plana mayor del Ministerio del Interior realizó a la zona de Tingo María el pasado fin de semana, se pudo comprobar que uno de los pueblos que pasa por una situación más dramática es Uchiza. En algún momento pujante gracias al narcotráfico, hoy languidece. La resistencia civil del campesino, una tradición en el lugar en lo referente a la eliminación del cultivo de coca, se expresa en las pozas de maceración que muchos tienen en sus domicilios. Los remanentes senderistas, mientras tanto, parecen volver a sus bárbaras prácticas. Seis campesinos asesinados en agosto fueron ultimados a piedra y machete. El Ejército se ha visto obligado, por falta de recursos, a replegar dos de sus bases en Tingo María.

Alcalde Kouri se aupó a iniciativa de Andrade.

Uno de los primeros puntos que serán tratados en el seno del directorio del BCR será un posible cambio en la ley orgánica que rige su funcionamiento y que señala que su objetivo es preservar la estabilidad monetaria. En la agenda se pondría un nuevo objetivo: la preocupación por el comportamiento de la evolución del producto. Esto tendría que ver con el manejo del encaje como un medio para inyectar liquidez en la economía y promover la reactivación. Pero el directorio está dividido respecto al tema. Julio Velarde, Juan José Marthans y Richard Webb estarían en contra. Oscar Dancourt, Gonzalo García y Kurt Burneo, a favor. Carlos Castro dice que el tema deberá ser analizado.

La próxima semana la Municipalidad Metropolitana de Lima presentará a la Comisión de Transporte del Congreso una propuesta sobre cuya base se trabajarán proyectos de ley que declaren en estado de emergencia la calidad del aire y la seguridad vial. El anuncio lo hizo el alcalde Alberto Andrade ante dicha comisión. Actualmente el 70 % del total de contaminantes son generados por el parque automotor público, que a su vez representa el 15 % del total del parque automotor, lo que convierte a Lima en una de las ciudades más contaminadas del planeta. Andrade también solicitó que el Congreso modifique la Ley 27502 sobre la importación de vehículos usados destinados al servicio público, para garantizar el retiro de la circulación de las unidades obsoletas. Esta propuesta, por cierto, fue planteda por Andrade el viernes 21 en la primera sesión del Consejo de Transporte de Lima y Callao, y a ella se sumó quien no hace mucho complotaba en su contra con Vladimiro Montesinos: el alcalde del Callao Alex Kouri.

Ataques injustificados de Mufarech al jefe de la SUNAD desatan iras santas de PPK.

La "guerra santa" desatada por Jorge Mufarech contra la contralora general de la República y ex superintendente de Aduanas, Carmen Higaonna, no distingue moros de cristianos. Ahora, pretenden comprometer al actual tituar de Aduanas en el zafarrancho. El ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, no oculta su malestar por las acusaciones que pretenden poner en tela de juicio la labor del superintendente de Aduanas, Arturo Ramírez. PPK ha aclarado que conoce al titular de la SUNAD desde la década de 1980, cuando éste era funcionario del gobierno de Fernando Belaunde Terry. Y considera que estos ataques injustificados contra un funcionario absolutamente probo son ataques personales contra su persona. En una democracia, cuando se acusa todos deben tener pruebas de lo que dicen, ha señalado.

Pero no está dispuesto a quedarse cruzado de brazos y ha decidido llevar el tema hasta el despacho presidencial por considerarlo contraproducente en una democracia.

"Sin duda pueden haber habido malos manejos en la Aduana, yo no lo sé; pero el hecho es que este señor (Ramírez) llegó a Aduanas nombrado por el gobierno de Fujimori hace un año y duró seis semanas; luego estuvo ocho meses con el anterior gobierno y ahora está dos meses con nosotros. Nada tiene que ver (con las presuntas irregularidades)", ha dicho PPK.

Y ha añadido algunas precisiones: "Los que tienen intereses personales y hacen acusaciones contra funcionarios deben tener mucho cuidado pues éstas pueden rebotar". A buen entendedor...

Se Buscan Jueces (II)
Sólo un postulante para la Corte Suprema se inscribió tras el aumento de sueldos. Más de una plaza quedaría vacante.

Este sábado 29 se cierra la convocatoria para nombrar a siete magistrados supremos y hay 120 postulantes. Pero existe la posibilidad de que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), encargado de los nombramientos, declare más de una plaza vacante, y entonces empezarían los problemas. Se generaría un vacío e incluso podrían paralizarse las labores en algunas de las Salas Supremas.

Adelantándose a esta eventualidad, el presidente de la Corte Suprema, Oscar Alfaro, ha presentado al Congreso un proyecto de ley para que esta instancia pueda designar vocales supremos suplentes -que no son de carrera- ya que la Ley Orgánica del Poder Judicial no se lo permite. El proyecto aún se encuentra en la Comisión de Justicia que preside el congresista Daniel Estrada para su aprobación.

Presidente del CNM, Jorge Angulo, y convocatoria que tendrá que repertirse.

Según Alfaro, esta propuesta les permitirá "convocar a elementos competentes y de vasta trayectoria que permitirían elevar el nivel jurídico de esta instancia jurisdiccional".

Los convocados ejercerían la judicatura de manera transitoria, mientras el CNM convoca a un nuevo concurso para completar las plazas.

El gobierno dio un paso importante para convocar a juristas intachables al incrementar los haberes de los magistrados a partir de octubre, pero no es suficiente. "Meterse allí da miedo", dice el jurista Nelson Ramírez, coautor del nuevo Código Procesal Civil. Y da sus razones: "La situación del Poder Judicial es pendular, hoy soplan vientos democráticos, pero mañana no sabemos". Otra razón que lo desalienta es el entorno: "Hay magistrados honestos, pero también otros politizados", dice. Para salvar el problema, es partidario de otro sistema de selección: "Si fuera un movimiento generacional de juristas respetables que son convocados, yo me anoto", asegura.

El jurista Francisco Eguiguren coincide sobre el tema de la selección. "Una golondrina no hace el verano", señala. "Se debe pensar en un sistema de evaluación que no esté determinado por un examen, sino por los antecedentes, la trayectoria y una entrevista para evaluar la calidad del postulante. Se debe llegar en función de lo que uno ha hecho en la vida, no sólo en lo profesional, sino en cuanto a un prestigio inobjetable".

Las condiciones laborales también cuentan en contra. "Es duro ser vocal de la Corte Suprema. Hay que tomar decisiones, alguien gana y otro pierde y la mitad queda disconforme. Los vocales supremos no tienen oficinas privadas, cualquier empleado de viceministro para abajo, cuenta con oficina, asesores, secretarios, en cambio los magistrados no tienen facilidades materiales, deben llevarse los expedientes a su casa para estudiarlos", señala Guillermo Lohmman. También entra a tallar la vocación. El jurista Javier De Belaunde, señala por ejemplo, que es muy distinto ser juez que ser abogado.

Para el jurista y ex ministro de Educación, Marcial Rubio, primero se debe reformular el papel de la Corte Suprema y desburocratizarla. "La función de la Corte Suprema no es revisar sentencias, sino dirigir la política jurisdiccional". Y como contraste señala que mientras en el Perú la Suprema ve 12 mil casos anualmente, en EE.UU. se ocupa sólo de 150 casos al año que un comité de vocales supremos se encarga de seleccionar y los cuales son discutidos por meses.