Edición Nº 1690

Escándalo HIGAONNA
Mientras Mufarech se Va en Coche.

Días antes de la destitución, Mufarech sacó de las catacumbas su Jaguar. Dos de los magistrados que lo absolvieron en la presunta subvaluación al importar el vehículo no fueron ratificados por el CNM. Ahora sus ataques apuntan al actual superintendente de Aduanas, Arturo Ramírez que tiene el respaldo de PPK.

JORGE Mufarech, enemigo jurado del sistema de supervisión de importaciones que Carmen Higaonna puso en marcha exitosamente, se ha salido con su gusto. El viernes 28, la ex titular de la SUNAD fue destituida del cargo de Contralora General. Para entonces Mufarech ya tenía algunos días circulando en su Jaguar importado de Chile en 1997 en una operación por la cual Aduanas, tras una investigación iniciada entonces, lo acusó de defraudación de rentas de aduana en abril de 1999. Mufarech fue absuelto por jueces de la Sala Penal Transitoria que fueron sus compañeros de promoción del CAEN. Hicieron falta sólo 20 minutos de debate en la Comisión Permanente para defenestrar a una funcionaria que, si bien permaneció a la cabeza de la SUNAD prácticamente el mismo tiempo que duró el régimen de Fujimori (1991-1999), colocó al organismo a su cargo entre las entidades estatales más eficaces y prestigiadas. Y tanto que ha servido como modelo para otros países (CARETAS 1561).

La bonanza fiscal que en su momento tuvo el régimen de Fujimori se debió en buena cuenta a la tarea realizada por la SUNAD. Entre 1990 y 1998 el aporte de la recaudación de dicho organismo al Tesoro Público pasó del 23 % al 35 % (de US$ 578 millones a US$ 2,820 millones) y en ese lapso el personal de Aduanas se redujo de 3,600 personas a 2,500, en tanto que el personal profesional se incrementó del 2 % al 60 %. Tanto la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que a fines de la década pasada consideraba a la Aduana peruana como la mejor de la región, como el BID reconocieron en más de una ocasión los méritos de la gestión de Higaonna.

Y hasta el propio ex Presidente Valentín Paniagua rechazó en diciembre pasado su decisión de poner su cargo a disposición. "Le dije si quería que ponga a su disposición mi cargo y me dijo que ¡no!, que él sabía muy bien de mi trabajo, de mi experiencia y que siguiera adelante", dice Higaonna.

La verdad es que la ojeriza del ex ministro de Fujimori y hoy presidente de la Comisión de Industria del Congreso, empezó precisamente después de auparse al régimen de Fujimori. Entonces, en marzo de 1999, acusó sin prueba alguna a la entonces titular de la SUNAD de formar parte de una red de corrupción al interior de la Aduana. Se refirió por ejemplo a presuntas pérdidas por recaudación fiscal en Aduanas por US$ 10 mil millones. Un cargo descabellado si se considera que el valor total de las importaciones apenas superaba los US$ 8,000 millones (CARETAS 1561).

Higaonna atribuye su destitución a razones políticas. Era la única funcionaria sobreviviente del régimen de Fujimori.

Para entonces Mufarech no sólo estaba en problemas con la SUNAD por la importación del automóvil Jaguar, sino también en relación al yate Lancelot de su propiedad, pero que aparecía en los registros de la SUNAD a nombre de otra persona. Como el automóvil, la embarcación fue valorada inicialmente por el importador a precios muy inferiores a los ajustados por la supervisora.

Entre tanto Mufarech, sin embargo, decía a los cuatro vientos vela verde de la subvaluación de importaciones y del sistema de supervisión de importaciones.

El guión es a estas alturas el mismo: hoy Mufarech se prodiga con la misma monserga.

Aun tras la renuncia de Higaonna a la SUNAD, Mufarech no pudo aportar otro sustento a sus acusaciones que recortes periodísticos. Pero tras las elecciones de abril del 2000 consiguió llevar el caso al Congreso, conjurado con el tránsfuga Eduardo Farah, también enemigo del sistema de supervisión de las importaciones. Este integró una comisión investigadora de Higaonna y llevó la voz cantante hasta que tuvo que renunciar a la misma por conflicto de intereses, pero ya había sembrado la inquina. Presidida por Elvira de la Puente (PAP), la comisión investigadora concluyó en que había graves indicios de irregularidades en la SUNAD y recomendó su destitución de la Contraloría, cuya titularidad asumió poco después de renunciar a la SUNAD. Este dictamen no fue aprobado en una primera votación por la Comisión Permanente. Se registró un empate que desechó el informe. Ante esta situación, días después De la Puente planteó reconsiderar la votación. Esto se produjo y se nombró una comisión acusadora para sustentar la acusación ante el Pleno. Al culminar el período legislativo sin que el Pleno vea el caso, éste fue archivado.

Menos de un mes después de instalado el nuevo Congreso, Mufarech y un grupo de parlamentarios, entre ellos Anel Townsend (PP), Heriberto Benítez (FIM) y De la Puente presentaron una moción para investigar la gestión de Higaonna en Aduanas.

Pero alguien -¿Mufarech acaso?- reparó en un camino más rápido para sacar del camino a Higaonna. Fue así como se llevó a cabo un pedido a la Comisión Permanente para destituirla por supuesta falta grave en el ejercicio de sus funciones. Para ello los presuntos delitos cometidos pasaron a llamarse faltas graves.

La aprobación de esa medida en la Comisión Permanente no fue unánime. Hubo 13 votos a favor, cinco en contra y cuatro abstenciones. La solicitud fue presentada por los congresistas Carlos Almerí, vecino de curul de Mufarech, Eittel Ramos, Celina Palomino, Hermelinda Alfaro y Julia Valenzuela, todos de Perú Posible.

Aporte al fisco pasó de 23 % a 35 %.

Ahora Mufarech inicia otra batalla: exige la renuncia del actual jefe de Aduanas, Arturo Ramírez. Experimentado funcionario -fue director general de Aduanas a los 31 años, en el segundo gobierno de Fernando Belaunde Terry, trabajó en la Junta del Acuerdo de Cartagena y fue director de Comercio Exterior del MEF entre 1980 y 1982, Ramírez se habría negado, por no tener razones para ello, a incriminar a la ex jefa de Aduanas. Fuese cual fuese la razón de fondo, la intención de Mufarech ha hecho saltar hasta el techo al ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, quien ha hecho algunas precisiones al respecto. "Los que tienen intereses personales y hacen acusaciones contra funcionarios deben tener mucho cuidado pues éstas pueden rebotar" (CARETAS 1689).

La reacción de PPK es comprensible. La recaudación aduanera creció entre 1999 y 2000 en más de 299 %, pese a que las importaciones aumentaron en 171%.

Higaonna ha dicho que, sobre todo, han pesado las razones políticas, precisando que se estaba iniciando una investigación sobre el uso de fondos del gobierno actual. También ha señalado que si bien la Comisión Permanente estaba facultada para removerla del cargo, sólo podía proceder esta destitución de haberse comprobado su participación directa, por acción u omisión, en un delito flagrante que haya ocasionado un considerable daño pecuniario al Estado, lo cual no ha ocurrido.

El pedido de remoción formulado por los compañeros de bancada de Mufarech alega que Higaonna permitió la contratación en la Contraloría del cuestionado ex gerente de logística de Aduanas, Javier Dulanto Casanova, quien estaba siendo investigado. Pero Higonna sostiene que ella no designó a Dulanto en Aduanas, sino su sucesor en ese organismo, José Herrera Meza. Y tampoco promovió su contratación, pues cuando ésta se produjo ella no pertenecía a Aduanas y aún no había sido nombrada Contralora.

Curiosamente, días antes de la destitución, Herrera, quien ya había sido remplazado en la SUNAD por Ramírez, denunció ante la Comisión de Fiscalización del Congreso -que también investiga a Higaonna- que ella continuó jefaturando Aduanas cuando ya no era titular del organismo por mandato expreso de Fujimori. "Ella tenía facultades para contratar o despedir personal", ha dicho. Tan oportuna denuncia llama a suspicacias.

Lo que no ha sido inesperado ha sido la presencia de Mufarech. Siempre estuvo con el dedo en el gatillo. Y no lo suelta. Días antes de la destitución lanzó una nueva acusación, señalando que uno de los hijos de la ex superintendenta trabajó en un organismo ligado a Aduanas. Como acostumbra, no aportó prueba alguna.

Eso no es todo. Actualmente la Comisión de Fiscalización y Contraloría que preside Javier Velásquez Quesquén (PAP), también la investiga.

Entre tanto, Higaonna ha anunciado que acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Portada | Nos Escriben... | Mar de Fondo | Heduardo | Culturales | Caretas TV | Ellos & Ellas | Bienes y Servicios | Controversias | Lugar Común | China te Cuenta Que... | Piedra de Toque |Mal Menor