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Edición Nº 1690 |
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Atracciones de Palacio
Seis mil doscientas ratas muertas -ni una más, ni una menos- es el saldo de limpiar a fondo Palacio de Gobierno. Tal es la confesión que entre brindis por el Día del Periodista un consejero presidencial se animó a compartir. Luego, y atendiendo a las suspicacias que han provocado los gastos de remodelación en Palacio -se habla de 3 millones de dólares despilfarrados entre la Casa de Pizarro y los pisos 11 y 21 del edificio Petroperú-, éste se animó a revelar la verdadera cifra: "sería no más de un millón de soles. El Presidente ha anunciado una auditoria y la información se conocerá próximamente", aseguró. Preguntado sobre si el primer mandatario contará con un sauna en Palacio -pues es conocida la debilidad de Alejandro Toledo por estos sahumerios revitalizantes-, dijo que sí. "Y también una mesa de billar", agregó. "¿Será para que su sobrino Coqui no se aburra?", inquirimos. "No, el Cholo es billarista", fue la respuesta. Así las cosas, resultaría precipitada la imputación de algunos medios, pues todo indica que pronto la prensa tendrá acceso a éstos y otros ornamentos oficiales. Lo que sí quedo en el limbo es si -como todo indica- los fondos utilizados salieron de las arcas de Petroperú. CARETAS intentó contactar al ingeniero Ernesto Barreda, quien habría estado a cargo de la remodelación, pero no halló respuesta. Se supo, en cambio, que en la remodelación de Palacio habría participado Sertingsa, una empresa especializada en diseño arquitectónico, la que habría contratado a Ventanas listas y Ferrini entre otros proveedores.
De acuerdo con el informe de la Procuraduría Ad hoc, de los 878 investigados y procesados, 378 están siendo investigados por el Ministerio Público y los 400 restantes están siendo investigados por el Poder Judicial. De estos últimos, 114 se encuentran detenidos, 276 tienen orden de comparecencia y 110 están en calidad de prófugos.
ELIANE SUPREMA En los últimos días, el Gabinete de la Primera Dama -tal
es el nombre escogido por Eliane Karp y su cuerpo de asesores en
el piso 11 del edificio Petroperú- viene trabajando de manera incansable
en la elaboración de un proyecto de Resolución Suprema que,
una vez aprobado por el Ejecutivo, oficialice las funciones de Primera
Dama como primer paso a la asignación de un presupuesto propio
y al establecimiento de oficinas descentralizadas en todo el país.
Eliane, secundada por su principal asesora, Mirtha Hurtado, tendrían
casi listo el borrador en los próximos días, dándole
así la sorpresa al Presidente Alejandro Toledo.
AL FILO DEL PLAZO El aumento del sueldo a los magistrados y la campaña realizada por destacados juristas para promover candidaturas de peso para la Corte Suprema, parece haber tenido algún efecto en la víspera del vencimiento de la convocatoria que fue el sábado 29. Entre los que finalmente se lanzaron al ruedo se cuentan: Jorge Basadre Ayulo, ex vicedecano del CAL y profesor de Historia del Derecho Peruano; Felipe Villavicencio, ex juez, penalista y ex director de la Academia de la Magistratura; Pedro Sagástegui Urteaga, abogado procesalista y profesor universitario; Aníbal Sierralta, internacionalista; Carlos Chipoco, ex congresista por UPP y especialista en temas de DD.HH; Vladimir Paz de La Barra, ex decano del CAL; y Demetrio López, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Federico Villarreal. Sin embargo parece cantado que por lo menos cuatro de las siete plazas quedarían vacantes. A TRABAJAR Sin esperar a la instalación de la Mesa de Cooperación Internacional, este jueves 4 el gobierno pondrá en marcha en Limatambo, Cusco, el Programa de Emergencia Social Productivo "A Trabajar". Por lo pronto, dispondra de S/. 140 millones. Esto es, el saldo del presupuesto asignado para este año a Foncodes que jefatura Pedro Francke. En esta primera etapa del programa se atenderá a 220 comunidades, en las que se prevé crear 49 mil puestos de trabajo con jornales de S/. 10.5, con lo que el programa se focalizará exclusivamente en los más pobres. La idea es que las Mesas de Concertación de Lucha contra la Pobreza de las comunidades en las que se aplicará el programa tengan un papel promotor y priorizador de los proyectos, y que éstos estén orientados a la generación de empleo productivo. Así mismo, para fortalecer la participación de la sociedad civil, los gobiernos locales desempeñarán un papel fiscalizador en las unidades ejecutoras de Foncodes que realizarán las obras.
LENGUA SUELTA La ex Primera Dama, Keiko Sofía Fujimori, dejó el lunes 1 con los crespos hechos a la comisión parlamentaria presidida por Anel Townsend, que investiga a Montesinos y su red de corrupción. Keiko se negó a declarar argumentando que se había violado el reglamento del Congreso dando a conocer una anterior declaración suya que fue en sesión reservada. "Ustedes ya me han condenado, me van a acusar de malversación de fondos y supuesta falsedad", dijo, refiriéndose a la ominosa infidencia de uno de los miembros de dicha comisión, Gustavo Pacheco. Keiko ha dicho que sólo declarará a otras comisiones parlamentarias y a las autoridades judiciales. Según el ex decano del CAL Jorge Avendaño, la ley peruana no prevé el derecho a guardar silencio, por lo tanto la actitud de Keiko es extralegal, pero tampoco el Congreso la puede acusar. La hija del ex Presidente Fujimori debía aclarar si sabía de la existencia del documento interno a través del cual se aprueba el presupuesto de S/. 1'318,700 para la realización de actividades relacionadas a la X Conferencia de Esposas de Jefes de Estado y Gobierno de las Américas, que se iba a llevar a cabo en Lima, pero se suspendió por la debacle del fujimorismo. Lo grave del asunto es que según la Comisión investigadora, del monto asignado sólo se devolvieron S/. 9 mil. De acuerdo a las investigaciones, Ana Herz de Vega ha sido declarada la única responsable de la ejecución del evento Yvan Takahashi Bancovit el coordinador y responsable del mismo, asignándole un presupuesto de S/. 3 millones 430 mil. A Ritmo de Golpe Fue un militar el que hizo llegar al congresista Daniel Estrada, presidente de una comisión investigadora de la red de corrupción, el clandestino decreto ley firmado el 31 de marzo del 2000 por los entonces jefes de las Fuerzas Armadas para dar un golpe de Estado y convocar a nuevas elecciones, suspendiendo el proceso que estaba en marcha y al que postulaba Alberto Fujimori. En el documento se designa a Carlos Boloña como Presidente de la República del Gobierno Cívico-Provisional. El tema no es nuevo. A principios de este año ya se decía
que Boloña había sido el elegido por los militares para
una intentona de golpe de Estado.
El documento redactado por el ex asesor del SIN, Rafael Merino en colaboración con Daniel Mejía y Pedro Huertas, también del SIN, confirma esta versión. Merino también habría redactado lo que iba a ser el discurso del hipotético Presidente Boloña, el mismo que aún no se conoce. En ese decreto los entonces Comandantes Generales de las FF.AA., Antonio Ibárcena (Marina), Elesván Bello (FAP), José Villanuena Ruesta (Ejército); y el director general de la PNP, Fernando Dianderas, acuerdan por unanimidad en un artículo único designar a Boloña en el cargo de Presidente de la República del Gobierno Cívico-Provisional. En otro documento, denominado Manifiesto a la Nación señalan la decisión de cesar en sus funciones a Fujimori. Además se explican las razones para la designación de Boloña "ciudadano de reconocida capacidad, honorabilidad, solvencia moral y prestigio intachables". Se dice también que el Gabinete ministerial que se iba a nombrar asumiría la función legislativa. No olvidaron nada. Boloña, por supuesto, ha salido a defenderse como ha podido. Ha dicho que él no avaló el plan golpista y que se trata de una cortina de humo. Lo cierto es que justamente por esas fechas de la firma del dichoso decreto, Boloña llevaba a cabo ardientes críticas contra las propuestas de los candidatos presidenciales de entonces, inclusive las de Fujimori. Es decir, Boloña actuaba como un verdadero candidato. Es más, el 7 de abril, en vísperas de los comicios, publicó a dos páginas en el diario Expreso y en otros afines, lo que tituló "Carlos Boloña: Propuesta Económica 2000-2005", donde exponía lo que bien podía haber sido un plan de gobierno. Al parecer se trató de un plan de contingencia en caso de que el escándalo de la la falsificación de un millón de firmas resultara inmanejable para el régimen de Fujimori."Es una confabulación que pudo ser perfecta. Si se daba el golpe, Fujimori quedaba como víctima y los militares como salvadores ante el fraude electoral que se denunciaba", afirma Estrada. (Sonia Sullón B.).
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