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Edición Nº 1692 |
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Piedras en el Huascarán
EXISTEN 23 mil escuelas rurales de primaria en el Perú, de las cuales el 68% carece de agua, el 95% no tiene desagüe, el 90% no tiene energía eléctrica, sólo el 3.2% tiene biblioteca y el 1% laboratorio (informe de la UPCH). Esos son los centros educativos que se verían favorecidos por el Plan Huascarán, uno de los caballitos de batalla de la campaña de Alejandro Toledo, impulsado por su sobrino "Coqui" desde el viceministerio de Comunicaciones (ver recuadro), destinado a equilibrar el acceso a una educación de calidad a través del acceso a internet. Hoy la promesa parece tener voluntad de ejecutarse. Sin embargo, son muchas las preguntas que se plantean. Ellas están referidas a la magnitud del proyecto y a su financiación, y van de la mano de la falta de claridad con la que se ha presentado Huascarán en la mayoría de sus niveles: responsabilidad, manejo técnico, capacitación, manutención. Hasta el momento hay más buenas intenciones que respuestas. Se sabe que Huascarán costará al Estado US$200 millones,
aunque no se ha aclarado cómo se llega a esta cifra. El modelo
planteado por Educación a Distancia, dependencia del Ministerio
de Educación (ME) encargada de la marcha del proyecto, es el de
una plataforma satelital (PanamSat) que comprende un hub central en Lima
y diversos puntos de conexión a través de antenas VSAT que
harían innecesaria la prestación de una operadora privada,
evitándose el pago del tráfico telefónico. La importancia
de evitar este costo es fundamental y reside en que ni el Estado ni los
colegios (o sea los padres de familia) están en capacidad de asumirlo.
Hay precedentes. EDURED (instancia del ME) manejó un proyecto piloto
que consistió en proveer conexión a internet a 345 escuelas,
la misma que se hizo efectiva en los centros educativos. Sin embargo,
al poco tiempo los resultados trajeron abajo los esfuerzos: de las escuelas
conectadas sólo 85 pudieron hacer uso efectivo de internet, las
únicas que pudieron pagar el costo que signfica la navegación
en la WWW. Además, hace no mucho Indecopi presentó un informe
que indica que del total de pilotos que el Estado ha realizado para acercar
internet a zonas marginales a través de sus distintas dependencias
(EDURED, OSIPTEL, etc.), sólo el 23% ha sido éxitoso.
El licenciado Alberto Patiño, aunque asegure declarar a título personal y no como director de Educación a Distancia, entidad encargada directamente del Plan Huascarán, enfrenta el problema de las tarifas de esta forma: "si en promedio cada centro educativo gasta US$80 por tráfico telefónico, y estamos hablando de 5,000 escuelas, esto significaría un aproximado US$400,000 mensuales; al año, se habría recuperado, por ejemplo, una donación de US$5 millones en bienes y servicios". La participación de Telefónica, por lo tanto, cobra especial relevancia. Lo que se pensaba sería la firma de un convenio que daría el marco apropiado para la ejecución e inauguración del Plan Huascarán, se redujo a una donación de servicios e infraestructura que representa, aproximadamente, el 2.5% del presupuesto estimado del proyecto. El propio Patiño, incluso, ha mostrado suspicacias frente a la posibilidad de que los bienes donados comprometan la adquisición de una tecnología específica, beneficiando posteriormente al donante. Por ello, señala a la vez que agradece la cesión de licencias de programas de Microsoft (aunque Bill Gates nunca vino, como anunciara Alejandro Toledo), o la decisión de la empresa Global Crossing de ceder al Estado peruano temporalmente parte de su fibra óptica en el tramo Lima-Miami. Sin embargo, concluye, se debe evitar que la aceptación de estas donaciones restrinja la capacidad de acción del Estado con el fin de asegurar las mejores condiciones para el acceso a internet "a los peruanos menos favorecidos". Además, enfocando el asunto desde un punto de vista regional, Patiño se apresura en señalar que el Estado debe tener como pauta para proceder el caso chileno, en el que Telefónica donó conexión a 6,000 centros educativos, software para redes locales o LAN, soporte técnico y tráfico gratuito. Telefónica Perú, ante la consulta sobre su posición respecto a la posibilidad de que exista tráfico costo cero, señaló a través de su área de prensa la siguiente respuesta: "lo que podemos decir que el ancho de banda que brindaremos será mayor que el que se donó a Chile". Para dificultar aún más la situación, el modelo
de plataforma satelital que se utilizaría en las zonas rurales
que no resultan rentables a la empresa privada (por lo que no llegan a
ellas), y cuyo costo es nulo en cuanto tráfico telefónico,
no se podría aplicar como método estandarizado, ya que la
Ley de Telecomunicaciones así lo impide en áreas en las
que sí existe cableado o métodos alternos de capitales privados.
Los abogados consultados por el ME han determinado que se daría
un caso de competencia desleal por parte del Estado, por lo que se tendría
que recurrir obligadamente a la oferta particular mediante el sistema
de concursos y licencias.
¿Y LUEGO QUE? Asumiendo que el proyecto está en marcha, la pregunta siguiente es quiénes serán los encargados de supervisar la aplicación que se haga de internet por parte de los escolares (capacitación de docentes), así como también determinar quiénes estarán a cargo de su asesoramiento y manutención. No es ocioso precisar que las tecnologías de la información se desfasan con suma rapidez y la variedad de información que ofrece la WWW incluye desde propaganda subversiva hasta pornografía infantil. Por otra parte, es válido el cuestionamiento sobre el marco de política educacional que plantea el Plan Huascarán. El decano de la Facultad de Educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Manuel Bello, lo expresa de esta forma: "si no hay un fortalecimiento de las escuelas como base, proyectos como el Plan Huascarán no van a tener la repercusión deseada". Hay problemas previos, afirma, como la discusión sobre si el ME debería proponer planes regionales o locales de educación en cambio de uno uniforme. La posibilidad que ofrece internet, justamente, apunta al intercambio de experiencias y conocimientos particulares. Bello sugiere finalmente que la selección de las escuelas para su incursión dentro de Huascarán sea por concurso abierto, no por decisión arbitraria, y deja una pregunta para la reflexión: "¿cuántos de los "hijos de Toledo" (los que han empezado el colegio en su gobierno) llegarán a 5o de primaria sabiendo leer y escribir de manera competente?" Eduardo Santoyo, gerente de la Asociación Red Científica Peruana, ensaya una pregunta: "¿tendría sentido hacer un proyecto educativo que sólo se quede en la conectividad?, el impacto de Huascarán no se puede medir por el número de colegios conectados, la cantidad de computadoras instaladas o el reporte de profesores capacitados; el impacto que nos interesa a todos es el social". Caso contrario, estaríamos frente a un modus operandi que repetiría errores de gobiernos anteriores (escuelas desoladas, moto-ambulancias deshechas, tractores inservibles). "Para evitar que la tecnología se desperdicie, es necesario un plan de sostenibilidad técnica y social del sistema. Sin capacitación y sin una currícula educativa que aproveche los beneficios de la internet, el plan se hará vulnerable". La conclusión es clara, sería absurdo repetir fórmulas que no funcionaron.
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