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Edición Nº 1693 |
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Saltó la Liebre
Según Valencia, esta empresa figura como peruana en los registros públicos, pero al parecer días antes de concretarse la operación, abrió una sucursal en Panamá. La ley peruana prohíbe el endeudamiento externo con compañías nacionales, e incluso con sucursales ya que éstas carecen de personería jurídica, señalaron fuentes de la comisión investigadora. Pero no sólo la deuda misma es ilegal, sino también el procedimiento. Valiéndose de sendos decretos secretos de urgencia Camet gestionó la autorización de dicho endeudamiento en apenas dos días. Según Valencia, sólo se logra concertar un endeudamiento externo de ese tipo en un período que va de cinco a ocho meses. Camet se valió de la emergencia del conflicto con Ecuador para saltarse a la garrocha el procedimiento que amerita una operación de esta naturaleza, a través del Decreto Supremo secreto 184-94-EF. De acuerdo con el dispositivo, Mobetek debía proveer, entre otras cosas, de repuestos a helicópteros y camiones del Ejército peruano por un monto de US$ 7 millones. Esta deuda la sigue pagando el Estado peruano con los respectivos intereses. Para Valencia existen indicios de que el dinero de esta operación, lejos de utilizarse para los mencionados repuestos, fueron más bien destinados a otros fines ligados a la corrupción. Los miembros de dicha comisión investigadora han llegado a determinar que todo el entramado de la deuda externa lo manejó una cúpula integrada por cuatro personas: Camet a la cabeza, su asesor Jorge Pesheira, y los funcionarios Francisco Moreyra y Jaime Pinto. Según los testimonios de dos de los directores del MEF, el director general de Crédito Público, Fernando Lituma, y el ex director de Presupuesto Público, Reynaldo Bringas, era Camet quien conducía con sus asesores el tema de la deuda externa y los decretos secretos. De acuerdo con la Comisión Valencia Dongo, esta primera denuncia es apenas un pelo del lobo. Están en investigación aspectos de la deuda externa como los Bonos Brady, la deuda rusa y la japonesa, que entrañaría más de una sorpresa.
Según el informe de la situación de la administración de justicia a nivel de la Corte Superior de Lima, presentado por el presidente de dicho organismo, Sergio Salas, el miércoles 17, en la actualidad existen 95 jueces titulares, 41 provisionales y 216 suplentes, en tanto que sólo 53 vocales son titulares y 77 provisionales. Los juzgados con mayor carga procesal son los penales (57,810 expedientes a agosto pasado), de paz letrados (49,905), civiles (28,111), y de familia (12,058). A los juzgados penales ingresaron en agosto 4,285 expedientes y se resolvieron 3,405, mientras que en los juzgados de paz letrados ingresaron 10,647 y se resolvieron 10,149. De los 8,657 internos en los cuatro establecimientos penales de Lima (Castro Castro, Lurigancho, Santa Mónica y San Jorge) sólo 2,022 han sido sentenciados y 6,635 se encuentran en condición de inculpados. INYECCION CREDITICIA S/. 200 millones mensuales se propone inyectar a la economía
a partir del lunes 29 y hasta marzo próximo el viceministro de
Hacienda, Kurt Burneo. Es decir, S/. 1,000 millones en total. Esto,
a través de un programa de créditos otorgados por el Banco
de la Nación, que preside Burneo, y destinados a 650 mil jubilados
y pensionistas a una tasa de interés mensual de 1.25 %, la más
baja del mercado. La recuperación de los créditos está
virtualmente asegurada, puesto que el cobro del mismo se realizará
mediante descuentos en las planillas. Según versiones del Banco
de la Nación, las fuentes de financiamiento son recursos propios
y saldos de los ahorros. La idea es darle al Banco de la Nación
una participación más activa en el sistema financiero.
PALLARES, ARROZ La dirigencia aprista, encabezada por Alan García, sostuvo el sábado 20 sendas reuniones con los dirigentes de las cooperativas agrarias de Ica, a la hora del desayuno, y con la Asociación de Agricultores de Ica, a la hora del almuerzo. El tema: la creación del Banco Agrario. El menú del desayuno: pallares, arroz y seco de cordero. El menú del almuerzo: pallares, arroz y seco de cordero. Conclusiones para digerir: créase el Banco Agrario del Perú. En Ica, según fue informada la dirigencia aprista, el 90% de las chacras están prendadas a los bancos. OPERETA EN SHANGHAI El dime y direte entre el Primer Ministro japonés Junichiro
Koizumi y el Presidente Alejandro Toledo ha dejado descolocados
no sólo a los medios de prensa peruanos que recogieron el anuncio
referido a la presunta disposición de Japón a juzgar a Alberto
Fujimori. Sobre todo quienes, como el ministro de Industria,Raúl
Diez Canseco, consideraban el anuncio como un triunfo del Perú.
Con sensatez y mejores reflejos el presidente del Consejo de Ministros,
Roberto Dañino, dijo sin ambages que corresponde al Perú
juzgar a Fujimori porque acá cometió los delitos. Así,
el entredicho del asunto ha servido para tomar el pulso. Esto, al tiempo
que surgía una nueva denuncia contra Fujimori referida a la donación
de un diario y ciudadanos japoneses (US$ 2.7 millones) que no habría
llegado a sus destinatarios. Marina Collado, viuda del coronel
EP Juan Valer Sandoval, denunció que los US$ 100 mil dólares
que recibiría, según Fujimori, no fueron tales, sino sólo
US$ 43 mil. Lo mismo habría ocurrido con los restantes deudos.
El secretario personal de Fujimori, José Kamiya, argumenta
que la viuda de Valer habría recibido otros US$ 35 mil, los que
sumados a los US$ 10 mil que recibió el padre y la madre de Valer,
respectivamente, completarían la cifra.
¿DESCONECTADO? Los conductores eléctricos se han vuelto a poner al rojo vivo. Al cierre de esta edición trascendió que la Comisión de Libre Competencia de Indecopi, que preside César Guzmán Barrón, dio finalmente luz verde a la integración vertical de 5.5 % e integración de 34 % en que, según sus detractores, incurrirá la empresa norteamericana Public Service Energy Global (PSEG), que adquirió Electro Andes con una oferta de US$ 220 millones. La firma belga Tractebel, segundo postor en la subasta de Electro Andes, que estaba en el balcón esperando la luz roja de Indecopi, se quedó con los crespos hechos. Si bien el presidente de Osinerg, Amadeo Prado, se pronunció en contra de la concentración de PSEG (porque es poseedora del 44 % de Luz del Sur) o de Tractebel, si ésta compraba la generadora, no está claro por qué desistió el pasado 27 de julio del juicio que había entablado a Indecopi su antecesor en Osinerg, Guillermo Thornberry. Dicho proceso judicial se originó en la luz verde otorgada por Indecopi a la concentración de Endesa. La ley de Concesiones Eléctricas (LCE) fija un tope de 5 % para la integración vertical (participación en los mercados de generación y distribución eléctrica) y 15 % para la integración horizontal (en un solo mercado). Pero con el visto bueno de la mencionada Comisión de Indecopi, Endesa tiene el 37 % en concentración vertical y otros 37 % en la horizontal. Ciertamente la LCE, que fue diseñada para una privatización en unidades pequeñas, necesita correcciones para acomodarse a este nuevo escenario. La Buena Mesa
En octubre sí hay milagros. Contra lo que se podía esperar, después de los atentados del 11 de setiembre, la comunidad internacional reaccionó positivamente a la convocatoria de la Mesa de Donantes presidida por Javier Peréz de Cuéllar y comprometió US$ 1,000.2 millones que serán orientados a los programas sociales en los próximos dos años. El presidente del Consejo de Ministros, Roberto Dañino, anunció en Madrid que se obtuvieron US$ 615.3 millones en donaciones, US$ 226.4 millones en créditos concesionales blandos a largo plazo y US$ 158.5 millones en mecanismos de canje de deuda por desarrollo. El principal apoyo a la Mesa provino del Gobierno español con una contribución de US$ 270 millones, de los cuales US$ 212 millones corresponden a créditos concesionales y US$ 49 millones en donaciones. También resultaron importantes los aportes de EE.UU. (US$ 300 millones en dos años) y la Unión Europea (US$ 90 millones en donaciones). Para el asesor de la célula parlamentaria aprista, Enrique Cornejo, se trata de un buen logro. Falta esperar que el gobierno aplique estos recursos de una manera rápida y eficaz. Sin embargo falta conocer detalles de los desembolsos. Aunque Dañino espera que los primeros recursos lleguen antes de que termine este año, para Cornejo lo más probable es que éstos empiecen a llegar recién en el 2002. De hecho, los montos alcanzados tendrán un impacto en el Fisco. En el caso de los créditos concesionales, estos requieren de una contrapartida en moneda nacional que normalmente equivale a entre el 20 y el 30 % del proyecto a financiar. Esto significa que en el Presupuesto del 2002 que se está discutiendo en este momento en el Parlamento y que tiene que aprobarse a más tardar el 30 de noviembre, ya deberían incluirse los montos correspondientes a las contrapartidas en soles. En lo que se refiere a los canjes de deuda, los soles que dejarán de pagarse para orientarse a un proyecto, tendrán que ser presupuestados en el próximo ejercicio fiscal. La mayor parte de estos recursos se orientarán al programa `A trabajar' vinculado a la generación de empleo temporal, particularmente en el sector rural, y a la construcción de carreteras rurales. Para Dañino el éxito de la Mesa de Donantes en la que participaron 18 países y 8 organismos internacionales han puesto al mismo nivel la política económica y la política social.
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