Edición Nº 1695

Silencio En La Corte
Parece exigir el Consejo Ejecutivo del PJ al sancionar al titular de la Corte Superior, Sergio Salas.

Al sancionar a Salas, Oscar Alfaro habría violado los procedimientos y la libre opinión.

CUANDO en 1997 el presidente de la Corte Superior de Lima, Sergio Salas Villalobos, era titular de la Sala de Derecho Público en un sistema judicial digitado, no se dejó intimidar por cuanto intento de amedrentamiento se le tendió. Defendió el fuero civil sobre el militar en los casos de Leonor La Rosa, de Gustavo Cesti y del general Rodolfo Robles. A cambio saboreó como represalia su separación de la Sala que presidía. Entonces su conducta como magistrado independiente nunca fue cuestionada.

Ahora, cuando los personajes de la corrupción están siendo procesados y nuevos vientos reformadores parecen soplar en el Poder Judicial, sorpresivamente el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que preside el titular de la Corte Suprema, Oscar Alfaro, decidió el martes 6 sancionar a Salas Villalobos con "apercibimiento por falta grave".

La dichosa falta grave, según señala la nota de prensa que da cuenta de esta sanción es "haber faltado el respeto a sus superiores, con expresiones falsas y adjetivos denigrantes, durante una entrevista periodística en un medio de comunicación local".

Según Salas la frase que habría exasperado los ánimos de los magistrados de la Corte Suprema fue cuando manifestó que "a los vocales supremos les falta capacidad de liderazgo y que en el Poder Judicial parece haber una corriente de continuismo, cuando lo que se quiere es una revolución orgánica del PJ".

La medida parece fuera de lugar, teniendo en cuenta que Salas sólo ha ejercido su derecho a la libertad de expresión. El magistrado dijo a CARETAS sentirse extrañado por la medida que más parece obedecer a un celo de la Corte Suprema. "Lo han visto como una actitud de rebeldía y sublevación".

Pero no sólo está fuera de lugar, la sanción escapa además a las atribuciones del Consejo Ejecutivo. Aunque el jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), Guillermo Cabala, no ha querido pronunciarse al respecto, fuentes del Poder Judicial señalaron a CARETAS que la OCMA es la instancia a la que le corresponde sancionar o no a los magistrados. Es decir, Alfaro y los otros miembros del Consejo Ejecutivo no tienen vela en este entierro.

Decir que a los vocales supremos les falta liderazgo le ha costado a Salas la primera sanción en su carrera. Der.:, a Cabala le correspondía la investigación.

Ordinariamente, cuando la OCMA sanciona a un magistrado, éste tiene la posibilidad de apelar ante el Consejo Ejecutivo del PJ que funciona como segunda instancia. Pero en este caso, "¿a qué instancia podré apelar?", se pregunta Salas. Fuentes judiciales, sin embargo, dijeron que el magistrado podría apelar a la Sala Plena de la Corte Suprema.

La semana pasada Salas tuvo que comparecer por más de dos horas ante los miembros del Consejo Ejecutivo quienes tenían recopilada cuanta declaración a la prensa había concedido Salas. Le pidieron explicaciones y el magistrado las dio, inclusive por escrito.

Salas creyó que aquello era suficiente. Se equivocó, la sanción del martes le cayó como baldazo, "no pensé que llegaría tan lejos", dijo. Y aunque fuentes de la Corte Suprema han precisado que esta llamada de atención no afecta en los ingresos, ni funciones de Salas, lo cierto es que la sanción queda registrada en el legajo del magistrado que tanto se cuidó de no manchar en aquellos días oscuros del Poder Judicial, cuando Salas decidió fundar la Asociación de Jueces por la Justicia y la Democracia, que pretendía reivindicar la judicatura, tan maltratada.

En todo caso, la sanción no sólo empaña el currículum profesional de Salas, sino además el proceso judicial contra la corrupción que encabeza Salas y que dirigen los jueces anticorrupción. (Sonia Sullón B.)

El Hábito de la Fiscal
Fiscal de la Nación cumple un año en el cargo, y ha repatriado US$ 29 millones de los US$ 203 millones de fondos congelados a la mafia.

Calderón dice que ya se ha recuperado el 10% de los fondos mal habidos.

ONCE meses tuvo que esperar la fiscal suiza Cornelia Cova para obtener respuesta al primer exhorto enviado a la Fiscal de la Nación, Nelly Calderón, para poder continuar con las investigaciones de las cuentas de la red de corrupción depositadas en Suiza.

Cova obtuvo recién el 5 de octubre pasado respuesta a la primera carta rogatoria que se remonta al 9 de noviembre del 2000.

Según la Fiscal de la Nación cuando llegó el primer exhorto, las fiscalías anticorrupción recién se habían instalado, y faltaban informes del Ministerio de Defensa para completar la información sobre lavado de dinero solicitada por Cova.

Recién cuando David Waisman asumió esa cartera, dice la Fiscal, se pudo responder la primera carta rogatoria. Pero Waisman asumió el cargo en julio pasado.

Ciertamente, la Fiscalía respondió con más celeridad el exhorto ampliatorio que llegó el 5 de octubre relativo al tráfico de armas. Lo hizo 13 días después.

El itinerario de retorno de los fondos mal habidos parece hacerse cada vez más largo. Más de un año ha transcurrido desde que la titular de la Cuarta Fiscalía del Cantón de Zurich, Cornelia Cova, alertó sobre la existencia de las cuentas de Vladimiro Montesinos en Suiza por US$ 33 millones. Luego aparecerían, entre otras, las de Víctor Joy Way, de Alberto Venero y de Nicolás Hermoza Ríos, que suman US$ 107 millones congelados. Es decir, casi el 50% del total de fondos bloqueados de la red de corrupción en el exterior (US$ 203 millones).

Para la Fiscal, éste no parece ser asunto de su entera competencia. Señala que "como abogados del Estado (el Procurador ad hoc y los procuradores adjuntos) tienen que identificar dónde están los dineros de la mafia y ver también la forma de traerlos al Perú".

La Fiscal Calderón ha probado el mismo chocolate que Cova. Se han detectado otros depósitos en EE.UU., México, Uruguay, Paraguay, Panamá y Gran Caimán. Pero no ha habido respuesta a los pedidos y cartas rogatorias remitidos a esos países para el levantamiento de secreto bancario y otra información relativa a las cuentas.

Pero hay avances. Según Calderón, por lo menos el 10% de los fondos detectados ya se encuentran en el Banco de la Nación. La última recuperación ha sido de US$ 14.1 millones 134 mil que se encontraban en cuentas de testaferros de Montesinos en el Pacific Industrial Bank de la Isla Gran Caiman. Con esta remesa suman ahora 29 millones 256 mil los fondos recuperados por el Estado.

Calderón advierte que para ver el dinero en contante y sonante sólo hay dos alternativas: que los procesados voluntariamente decidan la repatriación de sus fondos mal habidos o esperar que sean sentenciados. Sin embargo, Cova asegura que hay otros medios. Si es así, la Fiscal Calderón debería prestar atención. (Sonia Sullón B.)

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