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Vicios Comunicantes
Mediante maniobras irregulares, el viceministro de Comunicaciones pretendería colocar a asesor como presidente de Serpost.

Edwin Santos Esparza y la reveladora carta que envió, sin que lo ampare atribución alguna, al actual presidente de Serpost.

Convencido, al parecer, de que al despacho a su cargo le concierne toda lo que tenga que ver con las comunicaciones, el viceministro de Comunicaciones Edwin Santos Esparza ha incurrido en una grave injerencia en los fueros del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE).

En un oficio recibido el 25 de octubre pasado por el presidente de Serpost, Jorge Cárcamo Bravo de Rueda, Santos Esparza le manifiesta que se "abstenga de realizar cualquier tipo de evento o licitación hasta que se asuma la nueva administración" y que cualquier coordinación la realice con Marcos Prialé Marquina, asesor de su despacho.

Ambas directivas son irregulares. En primer lugar porque Serpost es una empresa de derecho privado organizada como Sociedad Anónima de acuerdo a la Ley de Actividad Empresarial del Estado y la Ley de Sociedades. Sus acciones están a nombre del FONAFE. Por consiguiente, toda decisión y coordinación le compete exclusivamente a un directorio de FONAFE y a la junta de accionistas de Serpost.

Según informó a CARETAS el director ejecutivo de FONAFE, René Cornejo, "ni siquiera el Ministro de Transportes -que incluso es miembro del directorio de Serpost- podría ordenar que se tome una decisión de esta naturaleza", anotó.

Santos, evidentemente, se ha tomado atribuciones que no le corresponden y lo colocan en difícil situación que deberá explicar.

El asesor de Santos ya distribuye tarjetas con el cargo que pretende, no obstante estar impedido por ley.

El martes 6, la secretaria del viceministerio dijo a CARETAS que Prialé Marquina trabaja en Serpost. Y en Serpost corre el rumor de que es el asesor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para Serpost y su futuro presidente.

Pero Prialé Marquina no podría asumir la presidencia por ser dueño de una empresa concesionaria del servicio postal de Serpost, Super Envíos SRL (CARPRISA SRL), lo que según el artículo 161 de la Ley General de Sociedades es un impedimento para asumir este cargo.

Sin embargo, Prialé Marquina ya distribuye tarjetas de presentación como presidente de Serpost y llegan a la presidencia de esa empresa cartas dirigidas a él por lo menos desde el 17 de setiembre.

Todo esto ocurre a pocos días de que el directorio de FONAFE y la junta de accionistas se reúna para designar, el lunes 12, al responsable del cargo.

Santos Esparza se autodenominó el encargado del "fierro" del Plan Huascarán (CARETAS 1692), fue ayudante de cómputo de Jorge "Coqui" Toledo durante la campaña y su compañero de estudios. Según una denuncia de la Primera Fiscalia Provincial de Santa Anita del 31 de octubre, el viceministro de Comunicaciones incurrió en los delitos contra el patrimonio y estafa al emplear la mitad del ancho de banda de la administración de la red del Colegio Newton, donde trabajaba, para alojar la pagina web de Perú Posible. Curiosamente, el atestado policial lo declara como "no habido".

• De acuerdo con el estudio "Más allá de la focalización. Riesgos de la lucha contra la pobreza en el Perú" de Juan Chacaltana J., que acaban de publicar el Consorcio de Investigación Económica (CIES) y el Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), Foncodes logra hacer llegar el 56 % de sus recursos hacia los pobres, mientras ese porcentaje se reduce a 52 % en el caso del Pronaa. Es decir, en la asignación final de recursos entre pobres y no pobres hay distorsiones que determinan filtraciones de recursos hacia los no pobres.

• Según Libreta Electoral Nº 1, boletín mensual de la ONPE, el proceso de consulta popular sobre autoridades municipales, 41.1% de las autoridades con pedido de revocatoria corresponden a movimientos regionales, 33.7 % a Vamos Vecino, 14.3 % a Somos Perú, 6.3 % a Acción Popular, 1.2 % al PAP y 3.4 % a otras agrupaciones. El derecho a revocatoria fue puesto en práctica por primera vez en 1997, y como resultado de la consulta popular 42 alcaldes y 93 regidores fueron desalojados de sus cargos. El proceso previsto para el domingo 25 comprende a 168 alcaldes y 463 regidores de 175 jurisdicciones.

El crecimiento del PBI en 2.3 % en setiembre pasado respecto a setiembre del 2000, según cifras del INEI, confirmaría la existencia de un punto de inflexión, tal como, con cifras en la mano, destacó Roberto Dañino. Este pico coincide con el inicio de las actividades de Antamina. El presidente del Consejo de Ministros mencionó el crecimiento de 4.6 % en la producción de cemento (porcentaje potenciado por una exportación ocasional de cemento a EE.UU.) y 1.5 % en el consumo de electricidad. Sin embargo, en el período enero-setiembre 2001 se advierte aún una cifra negativa: -0.8 %. Esto explicaría por qué la recaudación del IGV de setiembre registró un descenso de 4.5 %. Las ventas internas, en suma, aún no caminan al ritmo que espera el ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski.

A la incautación de arsenal de S.L. se suma creación del Comité de Conflictos.

El desafuero del congresista Víctor Valdez (ex PP) estaría cantado. La Corte Suprema desestimó su recurso de queja y la sentencia debe dictarse en los próximos 15 días. Natural de Pucallpa, Valdez accedió a una curul a pesar de estar procesado judicialmente, un caso similar al del tránsfuga Luis Cáceres Velásquez. La semana pasada fue separado de PP tras rebelarse frente a su bancada por el contencioso sobre el arbitraje a las empresas eléctricas. ¿Un asunto de principios o una pataleta para salvar la cara?

La incautación del arsenal de Sendero Luminoso no ha sido el único poroto que se ha anotado el Ministerio del Interior en los últimos días. Fernando Rospigliosi ha encabezado dos logros relevantes. El primero fue la presentación de la Estrategia Integral contra la subversión en el Consejo de Ministros, que recibió excelentes comentarios de los miembros del Gabinete. El segundo, la conformación del Comité de Conflictos. Todos los lunes a las ocho de la mañana, y antes del Consejo de Ministros, se reúnen en la sede del Interior titulares de cartera como Fernando Villarán (Trabajo), Nicolás Lynch (Educación) y Luis Chang (Transportes), Alvaro Quijandría (Agricultura) y Jaime Quijandría (Energía y Minas). Se analizan y discuten los conflictos de cada sector; se tratan los problemas de fondo en el país y se practica análisis político. Un think tank al que, quizá por el mismo nombre de Comité de Conflictos, no ha asistido el ministro de Justicia Fernando Olivera.

Ministro David Waisman ha tenido que volver a la situación de enero pasado.

Sigue en suspenso el anuncio del presidente Alejandro Toledo en torno a los ascensos en las FF.AA. Y se viene tremenda tempestad al interior de éstas, producto del proceso iniciado en enero pasado. David Waisman, ministro de Defensa, envió su pedido el 17 de octubre: las tres armas tienen que revisar por completo todo lo actuado.

La solicitud comprende redefinir los lineamientos de la política de ascensos dando gran peso a la catadura moral del candidato. El ministro ya envió a los Institutos Armados el rediseño del cuadro que deberá reflejar la radiografía del militar a ser ascendido. Pidió también la relación de los integrantes de cada una de las Juntas Permanentes de Evaluación facultadas para proponer los ascensos. Es en este punto del proceso donde se habrían presentado serias irregularidades.

Nombre cuestionado es el del general de brigada Oscar Aníbal Gómez de la Torre, personaje muy cercano a los ex ministros Saucedo Sánchez y Hermoza Ríos e implicado en un homicidio. Figura también el coronel Wilson Barrantes Mendoza, de quien se dice no ha reunido ni las condiciones ni el puntaje necesario para su ascenso. Además, el parlamentario Wilmer Rengifo Ruiz, con quien lo une parentesco, le estaría haciendo lobby en el Congreso. Otro es Rafael Merino Franciosi, sobrino del ex asesor legal del SIN, Rafael Merino Bartet.

Malos manejos también se han denunciado en el desarrollo de los exámenes. Un porcentaje sospechosamente significativo habría obtenido 100, la nota máxima. De allí que Waisman, ha exigido un nuevo cuadro de méritos. En definitiva, el proceso de ascensos vuelve a foja cero.

Electro Choque
Dictámenes venideros sobre arbitraje de discrepancias entre empresas eléctricas y el Estado provocan alta tensión.

Beatriz Merino, titular de la SUNAT, pendiente de la definición del Congreso

Nuevamente asuntos tributarios relacionados a las empresas eléctricas han generado un cortocircuito en los predios políticos.

Primero fue la llamada telefónica del primer vicepresidente Raúl Diez Canseco al entonces jefe de la Sunat, Luis Arias Minaya, recomendándole que dejara para el nuevo gobierno la acotación (cálculo de la deuda tributaria) de Edelnor y Luz del Sur.

Esta vez, ha sido el encontronazo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Los ministros Pedro Pablo Kuczynski (Economía), Fernando Olivera (Justicia) y Jaime Quijandría (Energía y Minas), después de un aquelarre en el Congreso, amenazaron con renunciar el pasado miércoles 31 si el pleno hacía suyo el dictamen de la Comisión de Fiscalización presidida por Javier Velázquez (PAP) que recomienda no someter a arbitraje la discrepancia entre el Estado y las empresas eléctricas por la mencionada acotación.

La amenaza de renuncia de PPK provocó la sorpresiva solidaridad de Alan García y de Lourdes Flores Nano. En filas apristas la decisión de García dejó con la brocha en la mano a Velásquez Quesquén y sus compañeros de comisión Mauricio Mulder y Carlos Armas.

Pero en el Ejecutivo también se cuecen habas. La firme posición de estos tres ministros, al parecer, no es compartida por la jefa de la SUNAT, Beatriz Merino. Al sentir los apremios de la Comisión de Fiscalización y la Comisión de Investigación de Delitos Financieros, presidida por Javier Diez Canseco, le pasó la papa caliente a la Comisión de Constitución del Congreso, acudiendo en consulta.

Carlos Ferrero, presidente del Congreso, no tuvo más remedio que hacer otra conexión de emergencia, remitiendo la consulta también a la Comisión de Justicia que preside Daniel Estrada.

El pleno del Congreso de la próxima semana recibirá los dictámenes de las dos comisiones. Se anticipa que los veredictos serían encontrados, reviviendo pugnas de larga data (por el liderazgo de UPP) entre Pease y Estrada.

Ha trascendido que Pease, secundado por Judith de la Matta (PAP), emitiría un dictamen a favor del arbitraje, mientras que la comisión de Estrada se pronunciaría en contra. El voto del vicepresidente de esta última comisión, José Luis Delgado Nuñez del Arco (PAP) que no es un alanista a rajatabla, es de pronóstico reservado.

Informe de Henry Pease, de la Comisión de Constitución, avala el arbitraje.

En junio el entonces ministro de Economía, Javier Silva Ruete, confesó que tenía dificultades para vender las acciones remanentes del Estado en Edelnor por las discrepancias en la acotación tributaria de la empresa. (CARETAS 1677).

A los pocos días Arias Minaya determinó que Luz del Sur y Edelnor adeudaban a la Sunat, por el no pago del impuesto a la renta de 1999 S/. 41 y S/. 28 millones respectivamente.

¿Cómo se llegó a este conflicto? La historia es simple. Cuando se celebraron los convenios de estabilidad tributaria entre las empresas eléctricas y el Estado peruano estaba vigente el DL 774 de impuesto a la renta y "sus deducciones" (artículo 41). Las empresas eléctricas han interpretado, que este marco alcanzaba a una ley posterior que promovía las fusiones (Ley 26383 y el D.S. 120-94-EF) y que se fue renovando año a año desde 1994 hasta 1998.

Con esta "sombrilla" Edelnor se fusionó con Edechancay y Luz del Sur con Edecañete. Las empresas pequeñas absorbieron a las más grandes y la nueva revaluación de los activos que permitía la Ley Nº 26383 pulverizó contablemente sus utilidades. Esta norma, según la SUNAT, fue derogada a fines de 1998 por la Ley 27034 (7a disposición transitoria) a solicitud del entonces superintendente Jaime Iberico.

El tributarista Armando Zolezzi, consultado entonces por Iberico, señaló que si bien el alcance de la Ley 26383 fue exonerar del impuesto a la renta al titular de los bienes que se transfieran por motivo de la fusión, la Ley 27034 convalida lo hecho hasta 1998 y corrige lo equivocado. "Modifica válidamente para el futuro la base sobre la cual se tomarán las depreciaciones, respecto de lo cual no hay derechos adquiridos conforme a nuestro marco jurídico" anotó.

Humberto Medrano sostiene lo contrario. "La modificación introducida por la Ley 27034 no es aplicable a las empresas cuyos convenios les han garantizado" señala.

Pero este no es el tema de fondo. Lo primero que se debe definir es si este es el momento y el escenario en que el Estado debe dirimir sus conflictos tributarios con estas empresas.

Para Javier Diez Canseco, así como otros congresistas del PAP, UPP y hasta de Perú Posible, como Víctor Valdez Meléndez, la materia administrativa tributaria no puede someterse a un árbitro privado porque se trata de un asunto que es parte de la soberanía del Estado ("ius imperium"). También señala que la norma de promoción de fusiones (Ley 26383) no forma parte de los convenios de estabilidad.

Para complicar más el panorama, en julio pasado Conite, entidad que en representación del Estado firmó el convenio de estabilidad tributaria con Luz del Sur, se pronunció por la vigencia de la Ley 26383. Esto es, las eléctricas pueden continuar utilizando el procedimiento de revaluación, contradiciendo a la Sunat. Otro cortocircuito. (Rafael Hidalgo-Vanessa De Los Ríos).