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Edición Nº 1697 |
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Amago de Tregua
CON desconcertante ánimo contemporizador recibió, el martes 20, a los representantes de las tres empresas supervisoras de importaciones que operan en el país el presidente de la Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Pymes, Jorge Mufarech (PP). "Recién ahora me entero de cómo funcionaba el sistema", dijo después de la exposición acerca de los beneficios del mismo, del modo cómo operan las empresas y cómo tributan, a cargo de Pablo Bustamante y Mercedes Castro (Cotecna), Guillermo Gulman (abogado de SGS) y Luis Hernández (asesor tributario de Bureau Veritas y SGS). A la cita también acudieron Phillip Blanc y Alejandro Gómez de la Torre (SGS) y Rafael Fernández Stoll (Bureau Veritas). Implícitamente el congresista aceptó así el despropósito de sus declaraciones previas. En conferencia de prensa, Mufarech se había prodigado el viernes 16 con su habitual catilinaria contra la supervisión de importaciones. Entonces adelantó opinión sobre un tema que, como ahora ha aceptado, no conoce. El viernes pasado insistió con que los perjuicios derivados de la acción de las supervisoras ascienden a "más de US$ 10 mil millones de soles". Un disparate, si se considera que, según señaló Luis Hernández, asesor legal de SGS y Bureau Veritas/BIVAC, entre 1992 y el 2000 Aduanas ha recaudado gracias al trabajo de las supervisoras un total US$ 6,300 millones, en tanto que los honorarios de esas empresas han sido de US$ 479 millones y el costo neto de su labor US$ 124 millones (alrededor del 2% de la recaudación). Mufarech no se da por satisfecho y quiere conocer en detalle los importes que éstas han recibido por la labor que desempeñan. "Definitivamente va a haber otra reunión", adelantó. La exposición de los representantes de las supervisoras iba a durar 20 minutos y Mufarech la extendió 55 minutos más no sólo para permitir que la exposición concluyera, sino también para dar cabida a sus interminables repreguntas. En cambio, al resto de congresistas integrantes de la Comisión presentes en la cita -Luis Santa María Calderón (PAP), Kuenen Franceza (UN), Walter Alejos (PP), Luis Gonzales Reinoso (UPD) y José Miguel Devéscovi (FIM)- al parecer la exposición bastó para despejar sus inquietudes. El tema de la supervisión del comercio internacional es uno de
los principales en la lucha contra la corrupción en América
Latina. No sólo se busca evitar la transferencia de fondos negros,
sino también la evasión tributaria, constituyendo además
un factor disuasivo. Por ello el BID, entre otros organismos internacionales,
han puesto especial interés en la modernización de las Aduanas.
En el caso del Perú, justamente con auspicio del BID y con el sistema de supervisión de importaciones como elemento clave, la Aduana peruana emprendió una modernización que la ha convertido en una institución ejemplar. Mejoró ostensiblemente la recaudación aduanera (en 1984 fue US$ 6 millones y en el 2000 US$ 70 millones) y, al mismo tiempo, se agilizaron los procedimientos (el tiempo promedio de desaduanaje era 18 días en 1983, en el 2000 sólo 8). Para el BID, la Agencia Española de Cooperación Iberoamericana, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Aduanas del Perú ha llegado a convertirse en una suerte de modelo para la región, acaba de ser objeto de una distinción del BID e incluso su experiencia es motivo de interés para algunas economías del sudeste asiático. Hasta el viernes 16 nada de esto parecía complacer al ex ministro de Fujimori e industrial, cuyas opiniones parecían guiadas por un problema personal con la popelina (CARETAS 1693). Cuando el Gobierno se pregunta por el origen de sus problemas, debiera volver la mirada hacia personajes como Mufarech. En su renovado ataque a las supervisoras el viernes pasado adelantó que "lo que sí vamos a hacer es que el MEF a través del mismo ministro (Pedro Pablo Kuczynski) venga a la Comisión a darnos las explicaciones correspondientes, después de escuchar a las empresas supervisoras." ¿Ahora que las ha escuchado insistirá en incordiar a PPK con su fijación? Mufarech dijo el martes 20 que "yo coincido que si no están las empresas supervisoras, la corrupción es mayor." Sin embargo se resiste a dejar la cimitarra. Hay quienes opinan que en realidad busca otra forma de afectar al titular de la SUNAD, Arturo Ramírez Salomón, al haber fracasado su maniobra para hacerlo destituir (CARETAS 1693). El congresista, en todo caso, juega con varias cartas. En el Ejecutivo consiguió colocar como viceministro de Industrias al ex gerente general de sus empresas, Carlos Maza Rodríguez. Como tal, éste ha sido designado secretario técnico de la Comisión de Apoyo a la Lucha contra el Contrabando y Defraudación de Rentas de Aduana. Una iniciativa de su autoría presentada a la Comisión del Congreso que preside pretendía que en dicha comisión participaran también dos congresistas, uno de ellos previsiblemente él. (CARETAS 1692). No consiguió su propósito directamente por evidente incompatibilidad, pero sí, al parecer, indirectamente.
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