Edición Nº 1697


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    22 de noviembre de 2001

     

    Tres en Línea
    Con votos de vocales que se nombren, el jueves 6 se elige al titular de la Suprema.


    Guillermo Cabala, jefe de la OCMA, Hugo Sivina, presidente de la Sala Penal Permanente, y José Silva Vallejo, titular de la Sala Constitucional y Social: candidatos de fuerza.

    Quienes resulten nombrados nuevos vocales supremos desempeñarán sus primeras funciones participando en la elección del Presidente de la Corte Suprema. El proceso está fijado para el jueves 6, y de él saldrá el reemplazante del actual presidente interino Oscar Alfaro.

    Se sabe que existen dos corrientes generacionales al interior de la Corte Suprema, una la de "los antiguos", que alientan la candidatura de José Silva Vallejo y la de Guillermo Cabala. El primero es el vocal más antiguo de la Corte sólo por 15 días respecto del segundo. La otra corriente promueve la candidatura de Hugo Sivina.

    La elección, de alguna manera está supeditada al desenlace del proceso de nombramiento de nuevos vocales supremos. Son siete las plazas convocadas, pero no todas quedarían cubiertas. Para lograr quorum (10 votos) es suficiente que sólo se nombre uno.

    Hugo Sivina, actual presidente de la Sala Penal Permanente. Amanuense en un Juzgado de instrucción, una vez graduado como abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fue nombrado en 1970 Juez de Paz Letrado en el Rímac, uno de los siete que existían entonces en Lima. En 1976 ascendió a juez instructor. Como tal tuvo a cargo la denuncia penal contra el ex ministro de Pesquería, Javier Tantaleán Vanini. Luego, integró el Primer Tribunal Correccional y sancionó el primer caso de terrorismo a nivel nacional.

    "Lo hacíamos a rostro descubierto", precisa. En diciembre de 1993 ganó un concurso público y fue nombrado vocal supremo por el Jurado de Honor de la Magistratura.

    Fue uno de los dos vocales que votó contra el traslado del caso La Cantuta al fuero militar. Así mismo se opuso a que los vocales provisionales participen en la elección de los miembros del CNM. "Hay una gran responsabilidad por demostrar lo que realmente significa un magistrado", dice.

    Guillermo Cabala, actual presidente de la OCMA, sostiene que "la elección del Presidente de la Suprema es un acto de ética social, similar a un cónclave para elección del Papa". Este año fue repuesto en el Poder Judicial en el mismo cargo del que fue separado en 1992, tras el autogolpe del 5 de abril.

    Con el estilo polémico que lo caracteriza, ha cruzado sables con el procurador José Ugaz y con el presidente de la Corte SuperiorSergio Salas.

    A sus 73 años, es conocido por su carácter indoblegable. Egresado de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, fue juez de paz letrado en Puno, y en Huari (Ancash) agente fiscal. Hizo un paréntesis en su carrera judicial cuando ingresó al Ministerio de Vivienda. Pero volvió por sus fueros y ganó una plaza para fiscal superior para desventura de los narcotraficantes.

    En 1987 postuló para vocal supremo y obtuvo la plaza. En 1990 fue elegido jefe de la OCMA. Había preparado un listado de más de 300 jueces que debían ser separados, pero fue defenestrado por el régimen de Fujimori.

    José Antonio Silva Vallejo (65), actual presidente de la Sala Constitucional y Social. "Inicié mi carrera como defensor de oficio en Lambayeque y quiero terminarla defendiendo la institución", afirma.

    Decano de la facultad de Derecho de San Marcos, donde actualmente es profesor principal, así como de la Universidad de San Martín de Porres, y la UNIFE, fue fundador de la Universidad Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, en cuya facultad de Derecho fue también decano. Es profesor visitante de las Universidades de Madrid, Autónoma de México, y de Buenos Aires.

    Chiclayano de nacimiento, obtuvo su doctorado con la tesis "Teoría General del Procesado". De juez de primera instancia pasó a vocal de la Corte Superior de Lambayeque, y después a presidente de la misma. En 1981 fue trasladado a la Corte Superior de Lima.

    En su opinión se debe reservar a la Suprema sólo aquellos que afecten a la Nación. Actualmente integra la comisión de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.




    Hasta el lunes 19, 16 días después de su lanzamiento, el programa de préstamos Multired del Banco de la Nación -iniciativa del viceministro de Hacienda, Kurt Burneo, para inyectar S/. 200 millones mensuales a la economía (CARETAS 1693)- se han aprobado 34,253 créditos correspondientes a S/. 48'107,235. 57 % de los créditos aprobados corresponden a trabajadores y pensionistas de provincias y el resto a Lima. Habida cuenta que el programa está diseñado para atender hasta 760 mil créditos hasta marzo próximo, hasta ahora se ha avanzado 4.4 % de la meta.

    Según cifras vertidas en la conferencia "Rentabilidad y creación de valor en las empresas peruanas al 2000 y pronósticos al 2001" organizada por la Escuela de Gerencia (GERENS), después de haber obtenido entre 1993 y 1997 tasas de rentabilidad promedio por encima del 10 %, en 1998 los resultados económicos de las 1000 empresas con mayores ingresos en el Perú registraron una tasa de retorno promedio de 2.3 %. Luego, en 1999 creció a 3.6 % y en el 2000 a 5.2 %, porcentaje aún por debajo del costo de oportunidad (es decir, de la rentabilidad que podría obtenerse de la inversión en activos de libre riesgo como bonos, depósitos a plazo, certificados).

     



    A MARCHAS FORZADAS

    Si este jueves 22 el pleno del Congreso aprobara el proyecto de Ley para la creación del Banco Agrario, quedarían pendientes 53 leyes que, según la Agenda Legislativa Multipartidaria 2001-2002, deberán aprobarse al término de la legislatura, el 15 de junio de 2002. Es decir los congresistas dispondrían de 32 sesiones del Pleno (cada una para casi dos proyectos de ley) para cumplir con la meta trazada, o en todo caso solicitar una ampliación de legislatura.

    Jefe del gabinete ministerial Roberto Dañino: atento a la reactivación.

    RETOQUES A LA CARTA

    Raúl Lizondo y su equipo del FMI ya están de regreso con su borrador de la Carta de Intención para el año 2002. Si bien ha quedado claro que el déficit fiscal no deberá sobrepasar el 1.9 % del PBI (US$ 1,045 millones) el FMI consiguió elevar el "ajustador" de privatizaciones. Es decir, que para que el Gobierno disponga de estos recursos primero se deberá recaudar US$ 700 millones y no US$ 500 millones como se había pensado inicialmente. El FMI ha dado luz verde para que se gasten en infraestructura los primeros US$ 100 millones adicionales, mientras que el ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, quiere una autorización por US$ 200 millones. Otro tema respecto al cual aún faltan precisiones es el relativo al Banco Agrario, aunque queda claro que el FMI le tiene tirria a la idea de un banco "de primer piso".

    LA CHISPA DE LA REACTIVACION

    Las ventas de Coca-Cola crecieron 14 % en el último trimestre, cuando la mitad del país está resfriado, el cemento 12 % a nivel nacional (en la selva hasta 20 %), y el consumo de energía eléctrica, 6.8 %. Para el presidente del Consejo de Ministros Roberto Dañino "aquí está pasando algo". ¿Acaso será la chispa de la reactivación?

    LEY DE PILATOS

    El lunes 12 el Ejecutivo, con firma del presidente Alejandro Toledo y del presidente del Consejo de Ministros Roberto Dañino, observó el proyecto de ley que declaraba en emergencia la cuenca del río Nanay, aprobado en el Congreso una semana atrás. Se argumenta que ya existen diversas entidades que velan por los derechos de la Amazonía y que una norma como ésta afectaría la seguridad jurídica, así como la construcción de un marco institucional. Pero más de 25,200 pobladores que viven alrededor de la cuenca presentan cólicos, ceguera súbita, dolores de riñón, atribuibles a la contaminación de mercurio en el río. Lo extraño es que el congresista Jorge Chávez Sibina (PP), presidente de la comisión de Ambiente, Ecología y Amazonía, sólo ha solicitado al Pleno la suspensión de las actividades de las empresas que laboran en la cuenca hasta hacer un estudio. Pero exámenes de la SUNASS y la Facultad de Química de la Universidad Mayor de San Marcos confirman y demuestran la contaminación del Nanay.

    Como anunció, Vladimiro Montesinos ensaya la estrategia del acusado acusador.

    EL DOBLEZ DE LA TRAMA

    En estos días a los jueces anticorrupción les ha vuelto a la memoria lo que un Vladimiro Montesinos desafiante les dijo al abrirse los procesos en su contra: "En un dos por tres, van a ver que los que me investigan van a ser investigados". Dicho y hecho, dijo a CARETAS una jueza anticorrupción.

    Actualmente se encuentra en la Fiscalía de la Nación el video grabado por Mauricio Mulder donde Montesinos acusa al procurador José Ugaz y al juez anticorrupción Saúl Peña.

    Mulder acudió a interrogarlo a la Base Naval, pero en vez de obtener información sobre el caso Fujimori, recogió una acusación de Montesinos.

    A Peña, el magistrado que decidió dictar nuevamente orden de detención contra Silvana Montesinos luego de hallar nuevos indicios de complicidad con su padre, lo responsabiliza de la pérdida del video "El Doc y los magistrados", según fanfarronea, "porque le interesaba que desaparezca".

    A Ugaz lo acusa de haberse reunido con el funcionario de Lucchetti, Gonzalo Menéndez, el mismo que aparece en un vladivideo maquinando con el ex asesor resoluciones judiciales a favor de Lucchetti y en contra de la Municipalidad de Lima. Ugaz ha dicho que esperará la citación de la Fiscal para esclarecer el caso, y que mantendrá la voluntad de investigar hasta el último día de vigencia de su contrato con el Estado que vence el 31 de enero próximo.

    La locuacidad de Montesinos cuando es interrogado por una Comisión del Congreso (en la que siempre hay cámaras o prensa) contrasta con el mutismo que practica desde hace varias semanas cuando se trata de las reservadas diligencias judiciales.


    Cámara Alta
    Ingreso de textiles peruanos a EE.UU. libres de aranceles en manos del Senado de ese país. Delegación peruana da últimas puntadas al proyecto.

    En los últimos quince años, las exportaciones de prendas de vestir peruanas han crecido a un trepidante ritmo anual de 23 %, multiplicando el valor de exportación sólo en la década de 1990 de US$ 80 millones a US$ 500 millones. A pesar de ello, la oferta exportable peruana es una pigricia en comparación con otros países de la región.

    Las exportaciones textiles peruanas son apenas un tercio que las de El Salvador y cinco veces menores que las de República Dominicana. Lejos estamos por cierto de México, que sólo el año pasado exportó US$ 8,400 millones en textiles. ¿Por qué? Por la simple razón que los productos textiles de los países mencionados ingresan al mercado norteamericano libres del pago de aranceles. Los productos peruanos pagan 21%.

    La semana pasada la Cámara de Diputados del Congreso norteamericano aprobó exonerar del pago de aranceles los productos textiles provenientes de los países andinos productores de coca -Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador- en el marco de la Ley de Preferencias Arancelarias (ATPA). Según el presidente del Consejo de Ministros, Roberto Dañino, "las exportaciones peruanas en sólo cinco años podrían cuadruplicarse" gracias a esta medida.

    Sin embargo, el Senado norteamericano debe ratificar el dictamen de la Cámara Baja en las próximas tres semanas, y aquí la cosa se complica.

    Un proyecto de Ley del senador Bob Graham (D) admite beneficios arancelarios pero en el marco de la Ley 807 que rige en los países centroamericanos y del Caribe. Es decir, exonera del pago de aranceles sólo a los productos textiles elaborados con telas e insumos norteamericanos. En suma, maquila pura.

    El impacto de estos beneficios en México ha sido impresionante. Entre 1991 y 1994 (Pre Nafta) las exportaciones mexicanas de prendas de vestir crecieron a un ritmo de US$ 300 millones anuales. Entre 1994 y el 2000, el crecimiento fue de US$ 1,136 millones al año, un 37 % al año.

    "Si el Perú creciera como México a una tasa anual de 37 % y no 23 % como hasta ahora, en el 2005 estaríamos exportando US$ 2,400 millones", sostiene Julio Izar, miembro de ExporAmérica. En el caso peruano, sin embargo, el proyecto de Graham podría resultar contraproducente para el país, puesto que desplazaría la producción de algodón nacional por el importado. Si, por el contrario, EE.UU. acepta el ingreso de prendas peruanas producidas con algodón peruano, existe la posibilidad de extender los beneficios al campo.

    Según la SNI, "la producción de algodón nacional podría incrementarse de 80,000 hectáreas a 280,000 ha, generando entre 300,000 y 400,000 nuevos puestos de empleo".

    No cabe duda, sin embargo, que para que esto ocurra será necesario algo más que un ATPA hecho a nuestra medida. A lo largo de la última década, la producción de algodón colapsó a pesar del pujante incremento de la producción industrial. "Cuando estás en la cancha grande se necesita materia prima competitiva en precio y calidad", explica Carlos Castro de Nettalco.

    Si el Norte abre sus puertas de par en par para los productos textiles peruanos, en el Sur va a ser necesario impulsar agresivamente programas de desarrollo genético y sistemas de mercado para aumentar la productividad y garantizar precios competitivos a los productores nacionales. Una tarea pendiente. (MZD).



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