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Edición Nº 1702 |
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¿Quién
Apretó el Gatillo?
La bala impactó al automóvil a la derecha del parabrisas. El fiscal ocupaba el asiento del copiloto. El fiscal Espino tiene a su cargo los procesos seguidos contra el ex asesor Vladimiro Montesinos por los delitos de narcotráfico, lavado de dinero y tráfico de armas. El presunto atentado ocurrió dos días antes de que Espino formalizara su denuncia contra Montesinos, Luis Duthurburu, Alberto Venero, Wilfredo Venero, Juan Valencia, David Ellenbogen y Leopoldo Enríquez por el delito de lavado de dinero (CARETAS 1701). Espino inició los procesos penales número 63 por el tráfico de armas a las FARC de Colombia, actualmente a cargo de la jueza Jimena Cayo y el número 28 que involucra al ex asesor como cómplice en tráfico ilícito de drogas en la década de 1980 hasta el año 1993, a cargo hoy del juez David Loli Bonilla. Espino también formuló las denuncias que dieron origen a los expedientes 39 y 60, referidos a los delitos sobre tenencia ilegal de armas de fuego seguidos contra Montesinos, Alberto Venero, Oscar López Meneses, Víctor Malca Villanueva, entre otros (CARETAS 1658). En enero próximo a más tardar Espino tendrá que formular una de las denuncias, acaso más delicadas, contra Montesinos por Tráfico Ilícito de Drogas durante el período comprendido entre los años 1994 y 2000. De acuerdo a Espino existirían elementos suficientes para iniciar investigaciones ampliatorias en busca de nuevas pruebas que demuestren que el ex asesor operó como jefe de una banda de narcotráfico. Según nuestras fuentes, el testimonio del panameño Boris Foguel podría, en este sentido, dar la gran sorpresa. Según el Código Penal, la pena máxima para los cabecillas del narcotráfico es cadena perpetua.
De acuerdo con el informe de la Comisión investigadora de los delitos económicos y financieros cometidos entre 1990-2001, sólo US$ 6,300 millones de los US$ 9,200 millones correspondientes a los ingresos por privatizaciones realizadas en la última década ingresaron al Tesoro Público, en tanto que el resto se diluyó en gastos operativos del proceso. Pero de los ingresos sólo quedan US$ 543 millones. De los US$ 1,992 millones dispuestos por el régimen de Fujimori para compras militares mediante disposiciones secretas, casi el 80 % provino de fondos de la privatización.
¿CONTROL REMOTO?
TUTE DE MATUTE RENOVANDO LA OCMA
DEL CHINO AL CRUCIFIJO Resulta que luego de un tiempo en el que anduvo por caminos non sanctos, Tudela decidió regresar con los suyos y, tras esperar la bendición de sus amigos del Opus Dei -y no encontrar mayor repercusión en los predios de la Obra-, optó por acercarse, como antaño, a sus amigos de TFP quienes sí lo acogieron en su local de la calle Baltazar la Torre, San Isidro. Según trascendió, en el Opus no le perdonan que con ocasión de los debates en el Congreso en torno a los alcances de una nueva ley que intentaba dotar de mayores efectos a la separación de hecho, aquel no estuviera presente defendiendo la postura de la Santa Madre Iglesia en tan espinoso asunto que amenazaba la unidad familiar. Superado el escollo, y como quiera que no podía permanecer ajeno a la vida política, se supo que estaría desempolvando viejas ilusiones, como las de volver a la arena política. Según algunos, Tudela buscaría apoyo para tentar una suerte de "fujimorismo sin Fujimnori" que hasta podría llevarlo a postular en las próximas elecciones municipales con la alcaldía provincial de Lima en la mira. Sí, soñar no cuesta nada y menos cuando se hace en unción del agua bendita. Post-it Delator
Fujimori y Víctor Joy Way son piezas claves. Sugieren que las oscuras adquisiciones de equipos chinos fueron coordinadas directamente entre ambos, con la propuesta inicial de Joy Way. Los post-it se encuentran en poder de la comisión parlamentaria que investiga la deuda externa, bajo la presidencia de Rafael Valencia Dongo (UN). Fue el ex ministro de la Presidencia, Daniel Hokama quien los entregó y ha ofrecido seguir colaborando. Se refieren a la adquisición de maquinarias y equipos para reparación de motores diesel y gasolina, operación ejecutada a través de un decreto de urgencia secreto y por un monto de US$ 19 millones. Este es uno de los cuatro casos de adquisiciones irregulares que vienen siendo analizados por la comisión parlamentaria, dos de los cuales ya han sido concluidos. Según Valencia el procedimiento para formalizar dicha adquisición fue como sigue: entre setiembre y noviembre de 1997, Joy Way, entonces presidente del Congreso, remite a Fujimori el contrato entre la empresa China National Constructional & Agricultural Machinery Import & Export Corporation de La República Popular China -de la cual Joy Way era representante comercial en nuestro país-, como proveedor y el Ministerio de la Presidencia, entonces a cargo de Hokama, como importador. Adjunta el informe técnico elaborado por el SENATI que da cuenta de las deficiencias del equipo que iba a ser adquirido. El file va acompañado de un post-it de color fucsia donde Joy Way escribe con su puño y letra: "Señor Presidente: "Me permito adjuntarle los textos (2 ejemplares) de los contratos... Corresponde, como paso siguiente, la firma de los mismos y promulgar las resoluciones pertinentes". Una vez que los tuvo entre sus manos, Fujimori remitió dichos documentos a Hokama, pero añadió algo más: un decreto de urgencia firmado por él -sin haber convocado a Consejo de Ministros, por lo menos- dando luz verde a dicha compra, e indicando que el financiamiento se cargue a la línea de crédito del Banco de China. Autorizó también adquirir directamente los equipos a la mencionada empresa china, a la cual Joy Way representaba. Al decreto, Fujimori pega un nuevo post-it, esta vez de color amarillo, donde resume el monto del crédito, el destino ("abastece de equipo para reparación diesel y gasolina para 150 IST + 150 CE técnicos), y pide revisar términos de contrato. Con un austero AF, Fujimori concluye su mensaje. Hokama ha dicho a la comisión que entonces no sospechaba de nada oscuro y que confiaba en Fujimori. "He sido un tonto útil" ha afirmado. El titular de la comisión investigadora explica: "Todo el proceso de esta adquisición viene de atrás para adelante. En situación normal cualquier compra del Estado parte de la propuesta del titular del sector correspondiente, quien tiene que remitir al MEF un informe justificando la necesidad de la adquisición. Pero vemos que en este caso, la propuesta viene por el lado del presidente del Congreso, que era Joy Way y la dirige directamente a Fujimori.", señala Valencia. Acaso para guardar las apariencias, lo único que se pidió fue un informe técnico elaborado por el SENATI, pero ni así. Este señala una serie de deficiencias y anomalías en los equipos, muchos de los cuales, según Valencia yacen inservibles en el depósito del Ministerio de la Presidencia. "Este decreto se realizó sólo para robar y cobrar comisiones. El sector no necesitaba esa maquinaria, por qué entonces el carácter de urgencia y de secreto, cuando se trataba de una compra ordinaria, se pregunta Valencia. Y agrega: tampoco se convocó a licitación pública, sino que se hizo a través de adjudicación directa porque sabían que en ningún caso la empresa china ganaría".
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