Edición Nº 1703

Los Portales Se Oscurecen
El gobierno empieza a recortar importantes avances en materia de Derecho ciudadano a la información pública, promulgados por el Gobierno de Transición.

El MEF dejó sin presupuesto al Portal de Transparencia Económica, a pesar de que le significó el premio por "Gestión Pública" que recibió PPK en noviembre.

Escribe KELA LEON

EL portal de Transparencia Económica y Fiscal, presentado por el Gobierno de Transición como antídoto contra la corrupción, corre el riesgo de extinguirse y con éste también las promesas gubernamentales de erradicar el antiguo vicio del secretismo oficial.

Concebido como el elemento neurálgico de un proyecto, que incluye dos leyes, y busca garantizar la fiscalización, al abrir al público la información económica de todo el aparato estatal, el futuro del portal hoy es incierto. A fines de diciembre concluyó el convenio entre el PNUD y el MEF, mediante el cual se financiaba la administración del sitio. Hasta el momento, el MEF no ha dispuesto el uso de fondos del presupuesto del 2002 para continuar desarrollándolo.

La displicencia mostrada en este caso por el MEF sorprende. Hace pocas semanas, en noviembre, un entusiasta PPK recibió el premio en la categoría "Gestión Pública", durante la gala de premiación del concurso la "Creatividad Empresarial".

Entonces el ministro reconoció deportivamente que el mérito debía recaer sobre el ex ministro Javier Silva Ruete, su jefa de gabinete Beatriz Boza, su equipo de consultores y los aproximadamente 1,500 funcionarios del Estado que, según él, recopilan datos diariamente para el portal.

PPK no pecó de falsa modestia. Desde que asumió la cartera es muy poco lo que se ha avanzado en materia de transparencia económica y fiscal en la administración pública. Inclusive, esa misma noche, Kuczynski anunció la presentación de dos nuevos módulos que ampliarían la información contenida en los 11 servicios existentes. Sin embargo los sitios de "Proyectos de Inversión Pública" y "Compras del Estado por Internet" aún no han visto la luz.

El ministro Kuczynski anunció la ampliación de los servicios del portal de Transparencia Económica y Fiscal, pero ésta nunca se concretó. Ahora más bien se teme que se vuelva obsoleta la valiosa información que por primera vez permitía una efectiva fiscalización ciudadana del gasto público.

Si bien hasta la fecha la mayor parte de la información está actualizada, comienza a ser evidente la falta de continuidad que volvería obsoleto el portal del MEF. Por ejemplo, el sitio "Proveedores del Estado" no ha sido actualizado desde agosto del 2002. Esta situación podría empeorar si la falta de presupuesto significa la separación de los actuales administradores o el corte del servicio de "hosting" del portal.

Otro de los indicios de la falta de voluntad política del MEF por asumir el liderazgo y promover la transparencia administrativa, es la muy dilatada puesta en marcha de la Oficina de Información Económica y Ciudadana creada por DU 077-2002 en julio del año pasado, con el fin de fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información sobre Finanzas Públicas DU-035-2002.

Tampoco se ha nombrado al gerente de Informaciones y Ciudadanía, puesto clave, cuya función es la de garantizar la aplicación de las medidas de transparencia, resolver consultas y facilitar el acceso del ciudadano a la información pública.

Si es que Kuczynski no fue advertido por su gabinete o viceministros sobre el futuro incierto del portal de transparencia, el aviso sí le llegó desde el Consejo de la Prensa Peruana. A propósito del comrpomiso que asumió esta organización de darle seguimiento a la agenda de Transparencia Económica y Fiscal, legada por el Gobierno de Transición, el Consejo de la Prensa indagó por escrito, en agosto y noviembre del 2002, sobre el estado de la Oficina de Información Económica y de Ciudadanía. Además a principios de diciembre el propio Kuczynski atendió una llamada telefónica de un directivo del Consejo de la Prensa, que le preguntó sobre el inminente fin del convenio con el PNUD y el futuro del proyecto.

Revelador cuadro de cómo las dependencias públicas, incluyendo la Fiscalía de la Nación, desobedecen las leyes que las obligan a facilitar el acceso a la información pública. El panorama es peor entre las empresas públicas como Tans y "ejecutoras" como el Consejo Nacional de Inteligencia.

Por lo visto, la preocupación fue justificada. Un informe aún no publicado, elaborado por funcionarios del mismo MEF, concluye que la cultura del secreto continúa arraigada en la administración pública.

Las estadísticas que publica deberían servir como acicate para que el MEF retome la lucha anticorrupción -recordemos la publicación de los decretos secretos del fujimorismo- que lo distinguió durante la gestión anterior.

El estudio, realizado en noviembre pasado, evalúa el cumplimiento del artículo 3 de la Ley de Acceso a la Información sobre Finanzas Públicas (DU 035), entre 16 ministerios, 10 organismos constitucionalmente autónomos, todos los organismos supervisores y reguladores. Los 24 CTARes y 111 de las 536 entidades ejecutoras del Estado.

De acuerdo al artículo 3 de la ley, desde julio del 2002, todas las entidades estatales deben publicar, en sus páginas web o en diarios de mayor circulación, sus presupuestos, sus proyectos de inversión pública en ejecución, información sobre contrataciones y adquisiciones, los progresos en sus indicadores de desempeño e información sobre su personal incluyendo, desde el 2002, el rango salarial por categoría.

A pesar del mandato legal vigente, actualmente el 69.3% de los Ministerios y organismos autónomos, no cumplen con publicar sus proyectos de inversión y 57.7% sus presupuestos ejecutados. Entre éstos el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Jurado Nacional de Elecciones, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Reniec y la Defensoría del Pueblo.

En el terreno de las empresas públicas, la situación se deteriora aún más. El 90.5% de ellas no cumplen con hacer público su presupuesto anual o sus presupuestos ejecutados, el 100% no publica sus proyectos de inversión y el 66.7% sus contrataciones y adquisiciones. Es decir continúa el secretismo en los predios de empresas como EsSalud, Osiptel, PetroPerú, Centromín, Imarpe, Enapu, y la aerolínea Tans.

Para concluir con el magro panorama el MEF evaluó los avances en 111 de las 536 "unidades ejecutoras". El 84.4% no cumplen con publicar su presupuesto anual y su presupuesto ejecutado y el 92.7% sus proyectos de inversión. Entre éstas destacan Contradrogas, Prompex, el Archivo General de la Nación, el Consejo Nacional de Inteligencia, el Instituto Peruano del Deporte, la Universidad Nacional de San Marcos y la Universidad Villareal. El informe no evalúa a las municipalidades que sin embargo, merecen nota aparte por el incumplimiento a gran escala de las normas legales, como el DS 0018-2002 que ordena incorporar mecanismos que acojan, sin expresión de causa, las solicitudes de información pública.

ENCUESTA LATINOAMERICANA

Lo cierto es que la falta de transparencia del actual gobierno va quedando en evidencia. A las denuncias realizadas por organizaciones que trabajan el tema del acceso ciudadano a la información, como la Defensoría del Pueblo y el Consejo de la Prensa Peruana, se suma el Informe sobre Transparencia Presupuestaria en América Latina que, presentado en diciembre por la Universidad del Pacífico, coloca al Perú en el último lugar tras Argentina, Brasil, Chile y México.

Contraste en el Congreso Cinco proyectos buscan facilitar la información. La Comisión de Constitución estudia y consulta las propuestas de los congresistas Carlos Ferrero Costa, Mercedes Cabanillas, Marcial Ayaipoma y Henry Pease. EL temperamento en el Gobierno Central contrasta con la disposición mostrada en el Congreso en torno al derecho ciudadano al acceso a la información. Al margen del uso de las nuevas tecnologías de información para facilitar la consulta ciudadana, son varios los parlamentarios que continuamente participan en coloquios y debates que buscan mejorar las normas vigentes -el DU 035-2002 y el DS 0018-2002- que amparan el derecho a la información. Entre éstos un grupo de trabajo de larga data que convocado por el Consejo de la Prensa Peruana convino en la redacción del documento Los Principios de Lima. Libertad de Expresión y Acceso a la Información en Poder del Estado en noviembre del 2000. De hecho, actualmente son cinco los proyectos de ley que estudia la Comisión de Constitución, Reglamento y Acusaciones Constitucionales que preside Henry Pease. La mayoría de las propuestas legislativas, suscritas por Mercedes Cabanillas (PL21-2002), Henry Pease (PL165-2002), Marcial Ayaipoma (PL103-2002), Jacques Rodrich (PL14-2002) y Carlos Ferrero Costa (PL1356-2002), y buscan limitar las restricciones a la información en poder del Estado y contemplan sanciones para aquellos funcionarios públicos que no cumplen con atender las solicitudes de información de los ciudadanos.

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