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Edición Nº 1704 |
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La Ley del Fuego
ANTES la ley sólo restringía la comercialización de ratas blancas, cohetes, cohetecillos, rascapiés y similares. El "similares" y la especificidad del contenido de la norma dejaba una ventana abierta para que la compra y venta de numerosos productos pirotécnicos se produzca de forma indiscriminada. Por ejemplo, los castillos quedaban fuera de la reglamentación antigua. Por si fuera poco, la Dirección de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Dicscamec), no contaba con la capacidad ejecutiva para llevar a cabo la ley. En países como EE.UU. el tema es complejo, ya que la legislación es de acuerdo a Estados. Sin embargo, en la mayoría existe una diferencia entre el uso doméstico y el profesional, y el tratamiento, en ambos casos, es el similar al de las armas. El proyecto del Ejecutivo, sin embargo, se ajusta a la normatividad que se impuso en países vecinos como Colombia y Chile, en los que la comercialización de productos pirotécnicos se encuentra prohibida. La excepción es la realización de espectáculos, pero éstos sólo pueden ser llevados a cabo por empresas profesionales, que ante cualquier eventualidad asumen las consecuencias. El punto es sencillo, el circuito de comercialización (importación, fabricación, almacenamiento, operación) está a cargo de una misma entidad, por lo que la responsabilidad es directa. Además, será necesaria la autorización de la municipalidad correspondiente y se deberá contar con la presencia de un funcionario de la Discamec en el espectáculo. Lo que sucede en provincias es extremo. Los pueblos que celebran fiestas regionales con fuegos de artificio son innumerables, y la Dicscamec no cuenta con la capacidad operativa para supervisarlos. Por eso, la ley será letra muerta si es que no existe la voluntad política para ejecutarla, si es que se aprueba. La guerra es en realidad entre la informalidad contra la formalidad y, trágicamente, la primera va ganando por centenares de muertos.
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