Edición Nº 1705

Morir Bajo las HOJAS
Masacre en Flor de la Frontera deja entrever la profunda y peligrosa brecha social aún presente en parajes de poético nombre.

Muerte al amanecer Los aguarunas tomaron por asalto Flor de la Frontera. Siete niños y siete adultos yacían sin vida entre la maleza.

Foto JUAN CARLOS LIZA OLIVOS

EL viernes 18, tras caminar 14 horas, llegó a Jaén Eber Abad Guarnizo con un traumatismo toracoabdominal por efecto de balas. En el hospital de esa ciudad relató su terror. La madrugada del 17 de enero, cerca de 150 nativos armados con machetes y escopetas, tomaron por asalto Flor de la Frontera. El saldo: siete niños y siete adultos masacrados. El dirigente de los colonos, Manuel Alberco Mondragón, está escondido en el monte. Su familia ha sido exterminada.

La tragedia ocurrió mientras en Lima se realizaba la Cumbre de Comunidades Amazónicas presidida por Eliane Karp. Gil Inoach --dirigente de comunidades selváticas e invitado a la Cumbre en Palacio de Gobierno- explica que "no han cometido delito". Al igual que el congresista Luis Guerrero -integrante de la Comisión de Alto Nivel que viajó hasta San Ignacio- Inoach intenta explicar la matanza en terminos antropológicos. Lo cierto es que fue un hecho salvaje de una vesania y una furia particular. El odio de los atacantes aguarunas de Naranjos no reparó siquiera en Paquita Pintado, de un año de edad.

El congresista Guerrero responsabilizó de la tragedia al juez de San Ignacio, Felícito Guerrero Sandoval. Según ficha 3640 de la Oficina Registral de Jaén, la comunidad aguaruna Naranjos, adquirió el terreno a fines de 1995. Le fue otorgado por el Programa Especial de Titulación de Tierras (PETT) del Ministerio de Agricultura. El terreno les pertenecía desde tiempos ancestrales pero recién se tituló en esa fecha. En julio de 1998 la Asociación de Colonos Flor de la Frontera -cerca de 200 personas- invadió 80 hectáreas de Naranjos -cerca de 400 nativos-. El juez -según el colono Carlos Mena- les habría dicho que se quedaran y que poco a poco, los nativos se iban a olvidar". Pero no lo hicieron.

Esta acusación carece de sentido, ya que es el juez Felícito Guerrero quien ordenó el emplazamiento de los colonos. Se programó su desalojo en cuatro oportunidades. El primero en en noviembre del 2000 fue exitoso, pero regresaron. Tanto el segundo como el tercer desalojo fueron frustrados porque los colonos contaron con el apoyo de ronderos de la zona. El 14 de agosto del 2001 se reunieron en el despacho del viceministro del Interior, junto con autoridades nativas y del Ministerio de Agricultura, para discutir la salida de los colonos. Según lo acordado, se viajó a la zona el 7 de septiembre y les ofrecieron a los colonos 12 alternativas de reubicación. No aceptaron.

Niguna tesis antropológica explica el salvajismo. Entre las víctimas, un niño de siete años.

Los nativos de Naranjos llegaron con su expediente hasta la Corte Suprema tras cuatro años de litigar con los colonos, y ésta les dio la razón en junio del año pasado. Su frustración se convirtió en barbarie. En diciembre del año pasado, mientras la Defensoría del Pueblo intentaba calmar las iras, los nativos compraban 750 cartuchos de caza.

Según el antropólogo Luis Román, "a diferencia de los Huambisas o los Asháninkas, los Aguarunas son muy belicosos cuando se trata de su tierra, porque de ella depende la supervivencia de su cultura. Es su mercado y su botica". Hasta 1997 se registra la desaparición de 11 grupos étnicos. Actualmente existen 48 de los cuales 18 están en proceso de extinción, según cifras del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP). El motivo: la invasión sistemática de colonos.

De 1,265 comunidades nativas en la selva, 1,117 cuentan con títulos de propiedad. Pero según el PETT éstos no tienen un plano georreferencial, significa que las coordenadas no son exactas y se prestan a superposiciones que los traficantes de tierras aprovechan. Aproximadamente 20,000 colonos se enfrentan desde hace varios años con nativos. Según Ada Chuecas -directora del CAAAP- el motivo es uno solo: madera. Esa, afirma ella, fue la razón por la que no aceptaron alternativas para mudarse. "La zona es rica en aliso y los colonos pueden ser azuzados por empresas madereras". Casos de nativos versus colonos, especialmente los ubicados en la ribera del Ene, tienen motivaciones como el narcotráfico en donde la violencia es más fuerte.

El peligro latente está en San Pedro, ubicado en terreno aguaruna, cerca a Flor de la Frontera. Hace cinco años se les otorgó 116 parcelas (para 450 personas) con sus respectivos títulos. El responsable, Víctor Zapata Rodríguez, entonces director del PETT. Entre los beneficiados figura su esposa, Gloria Peña Ojeda. En opinión del representante del Ministerio del Interior, Dr. Raúl Vargas, San Pedro es material inflamable. Peor aún si, como es el caso, los beneficiados son ex combatientes del Cenepa.

Ya durante el gobierno de Valentín Paniagua se creó una mesa multisectorial que revisó el tema y advirtió: "se requieren acciones urgentes de las autoridades, porque la situación actual implica un riesgo de conflictos entre comunidades e invasores". En diciembre del 2001, la Defensoría del Pueblo medió con los aguarunas. Una tragedia que se veía venir. (Luis Felipe Gamarra).

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