Edición Nº 1707

Pensiones y Tensiones
A sólo una semana de las matrículas escolares: beneficios y riesgos del proyecto de ley que protege la economía familiar.

Tremendo lío ha ocasionado la aprobación del Proyecto de Ley de Protección a la Economía Familiar respecto al Pago de Pensiones en los Centros Educativos Privados. El artículo 4º ­el más polémico­ prohíbe el uso de fórmulas intimidatorias para cobrar las pensiones. Esta medida evitaría la humillación que sufren los escolares a los que se les impide dar exámenes porque sus padres no cumplen con los pagos. Pero también, podría dar pie a que éstos, amparados en el artículo, simplemente dejen de pagar perjudicando así la economía del colegio.

Escribe TERESINA MUÑOZ-NAJAR

EXISTEN dos temas que inexorablemente ­de acuerdo al experto en educación, Hugo Díaz (miembro del Foro Educativo y director del Instituto de Investigación para el Desarrollo y la Defensa Nacional, INIDEN)­ los políticos ponen sobre el tapete cada vez que se inicia un año escolar: las cuotas de APAFAs y las pensiones escolares.

No es de la misma opinión el congresista Antero Flores Araoz, autor del proyecto de ley que, según él mismo ³impediría abusos en los colegios privados². ³Este no es ningún arranque de populismo ­dice Flores Araoz­ sino la necesidad de atender los requerimientos que cientos de padres de familia han hecho llegar a mi despacho².

Congresista Flores Araoz: ³Tenemos la obligación de ponerle fin a los abusos². Al lado, profesor Castro: ³La mayoría de colegios está dando facilidades a los padres de familia².

En resumen, lo que en esencia propone la ley ³Antero² es que no se deje de tomar exámenes y evaluaciones a los alumnos deudores, sí, más bien, que se les retengan los certificados de estudios hasta que cumplan con sus obligaciones. También, que no se cobre por concepto de matrícula, sumas que excedan a un mes de pensión escolar ni que se cobren las pensiones mensuales adelantadas. Se establece, además, que no se exija que todos los útiles escolares que se van a utilizar durante el año sean adquiridos al momento de la matrícula, que no se cobren supuestas ³cuotas de inscripción voluntaria² y que no se obligue a los padres a adquirir libros, uniformes, etc., en lugares exclusivos señalados por el centro educativo.

Desde luego, las asociaciones de colegios privados han puesto el grito en el cielo.

³No sé por qué tanta alharaca ­señala el congresista­ los colegios olvidan que en el reglamento de infracciones y sanciones para instituciones educativas particulares, ya se establecía la prohibición de condicionar la evaluación del alumno al pago de pensiones. Lo único que estamos haciendo ahora es que la prohibición tenga rango legal y no sólo reglamentario².

Al respecto, el profesor Alfredo Castro, director del colegio Markham y presidente de la asociación de Colegios de Asociaciones Culturales (bilingües), manifiesta que ellos están sumamente preocupados.

³Creo ­afirma él­ que no ha habido mala fe en la promulgación de este proyecto de ley pues se ha tratado de resolver las dificultades por las que atraviesan los padres de familia pero se han olvidado que esos mismos problemas los tenemos nosotros², afirma. Y añade: ³Con un alto nivel de morosidad los colegios no pueden marchar y no me refiero a los centros escolares como los de las Asociaciones Culturales que tenemos mayor cantidad de alumnado y disponibilidad económica como para poder soportar un tiempo, sino a otros colegios privados que viven con su planilla al día. De otro lado, se pone en riesgo la calidad de la educación, tenemos obligaciones con nuestros profesores y debemos pagar servicios².

No obstante, lo que en realidad molesta a las asociaciones de colegios particulares es, específicamente, el contenido del artículo 4º. de la ley ³Antero². Dice el profesor Castro: ³Es sumamente genérico. No se pone ningún límite para poder decirles a los padres que sus hijos ya no pueden asistir al colegio porque han dejado de pagar, por ejemplo, seis meses².

Al pago de matrícula se suma la pesadilla de la lista de útiles, uniforme y demás.

Sólo como información. El colegio Markham cobra a sus alumnos 6,100 dólares al año, divididos en 10 meses (incluye útiles). La cuota de ingreso a pre kinder es de 5,500 dólares, a primer grado 4,000 dólares, a secundaria 2,000 dólares. El 80 por ciento de sus profesores son extranjeros y el 12 por ciento de sus alumnos tiene algún tipo de beca (descuentos). Según el profesor Castro, un profesor de colegio privado gana aproximadamente entre 3,000 y 4,000 soles.

Ahora bien, Antero Flores Araoz alega que las asociaciones que agrupan a los colegios privados no tienen por qué temer nada. ³Que se alerten únicamente los que cometen abusos, que no son todos², manifiesta. Y sigue: ³Nadie les está diciendo no cobren, que lo hagan pues no tratamos de santificar a los deudores, solamente que no atenten contra la salud mental de los alumnos, que les permitan dar sus exámenes y que ellos retengan la nota hasta que los padres paguen. Eso sí, que no me vengan con que necesitan que se les garantice el pago, ¿acaso los colegios están en una isla respecto a lo que sucede en el país?²

Por su parte, Eduardo Pecol del Castillo, presidente del consorcio de Centros Educativos Católicos del Perú, sostiene que si ellos no exigen de alguna manera el pago de las pensiones y la ley se los impide, estarían alentando la ³cultura del no pago². ³El artículo 4º. ­explica­ habla de fórmulas intimidatorias y eso me parece una exageración. Hay padres de familia que deben hasta 4 ó 6 meses, si la ley se promulgara, no podríamos mandar ni siquiera una esquela a los padres haciéndoles conocer la posición del colegio porque estos podrían demandarnos².

³Amén de génerico ­afirma el doctor Hugo Díaz­ este artículo se presta a un sinnúmero de interpretaciones que podrían llevar a situaciones de abuso por parte de los padres de familia amparados en una legislación que los protege en demasía².

El doctor Díaz cree que de aumentar los niveles de morosidad en el pago de pensiones, la sacrificada será la calidad de la educación privada (en el Perú solamente el 14 por ciento del alumnado asiste a colegios privados, en Chile, el 40 por ciento) y, por ende, el desarrollo formativo del alumno. ³Un porcentaje apreciable de profesores ­dice­ no recibe aumentos hace cinco o seis años y son cada vez mayores las dificultades de los colegios para cumplir con sus obligaciones de pago de gratificaciones y compensación por tiempo de servicios y para invertir en renovación de equipamiento y recursos didácticos².

¿No es extremadamente cara la educación privada?, le preguntamos al doctor Díaz.

³Es un mundo muy heterogéneo ­explica él­, va desde instituciones con alto costo de funcionamiento y calidad comparable al promedio internacional, hasta otras informales o que pagan a sus docentes sueldos míseros por jornadas completas de trabajo. En medio de ellas hay centros de calidad y costo muy variado². Aclara, de otro lado, que los colegios privados, de acuerdo a ley, pueden ser entidades lucrativas, retirar o reinvertir utilidades y que, como cualquier otra empresa, están obligados al pago del impuesto a la renta.

Para el doctor Díaz, los legisladores deberían preocuparse por generar o instar al cumplimiento de normas que combatan el funcionamiento de colegios informales y también estudiar si las normas son lo suficientemente drásticas con los colegios que venden certificados o brindan un servicio que no es el que ofrecieron a las familias. ³Más que ahondar la crisis financiera de los colegios privados, lo que habría que buscar es fortalecer su alianza con el Estado para realizar proyectos conjuntos e intercambiar experiencias², sugiere finalmente.

El Ejecutivo tendría que promulgar u objetar la ley ³Antero² en estos días. Dado que el Ministro de Educación ha manifestado su malestar por la falta de comunicación entre su despacho y la comisión de educación del Congreso, se sospecha que la objetará. Si es así, que sea para mejor.

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