Edición Nº 1707

¿Pecadores Por Justos?
Idas y venidas carcelarias de los acusados por corrupción ponen en peligro la consistencia del proceso. Justicia obligada a apuntar bien.

Bedoya y la Beltrán. El se fue, ella regresó. Juego de sillas que plantea la necesidad de una sistema judicial homogéneo.

EN las reacciones por la excarcelación del ex alcalde de Miraflores, Luis Bedoya de Vivanco, se exponen ácidas críticas sociales, argumentaciones de interpretación jurídica y hasta se ha llegado a poner sobre el tapete la real función del Tribunal Constitucional (TC). Todo en medio de un escenario en el que ya no se sabe a qué tribuna mirar para identificar la administración de justicia.

CARETAS 1694 advirtió sobre el riesgo que se corría ante la avalancha de detenciones por las cuales dormían en las mismas celdas tanto los que se beneficiaron de las migajas de la corrupción como los que las arrojaron al suelo.

Los primeros tiros se dispararon en el Congreso. Daniel Estrada presentó el martes 5 una denuncia constitucional contra los seis magistrados del TC por prevaricato y usurpación de funciones. Al cierre de esta edición, la bancada aprista decidía su respuesta. Henry Pease, vicepresidente del Parlamento y miembro de Perú Posible, le comentó a CARETAS que "la excarcelación de Bedoya es una barbaridad, pero denunciar constitucionalmente a los miembros del TC es contradictorio porque es el Congreso quien los nombra y sus fallos son autónomos".

El Ejecutivo se pronunció por boca del ministro de Justicia, Fernando Olivera, quien declaró que, aunque la acataba, el gobierno no compartía la decisión. Olivera aludió a un caso anterior en el que el TC declaró improcedente otro Hábeas Corpus y mencionó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le rechazó a Bedoya tres solicitudes de medida cautelar, la última en fecha tan reciente como el 8 de enero.

Los seis magistrados del TC respondieron a la tormenta interrumpiendo sus vacaciones. Para su presidente, Manuel Aguirre Roca, "de lo único que nos hemos ocupado es del tema de la libertad del procesado, que es un derecho constitucional. El único precedente es que las resoluciones judiciales arbitrarias pueden ser revocadas".

Según la magistrada Delia Revoredo, en el caso de Bedoya no se da ninguno de los requisitos establecidos por el artículo 135 del Código Procesal Penal para disponer la detención: comisión de delito doloso probado, que la pena sea mayor de cuatro años y peligro de fuga. Para darse el peculado tienen que haberse malversado fondos del Estado y en el expediente el juez anticorrupción señala que no se sabe si los US$ 25 mil que recibió Bedoya de Montesinos es de procedencia pública o privada. "Si el juez tiene dudas, debe favorecer al procesado", señala la Revoredo. Si no es peculado, hablamos de receptación de fondos, a lo que le corresponde sólo tres años de penalidad.

General Chacón. Su condición puede dar vuelco, esperará hasta fin de semana para solicitar libertad. Der.: Aguirre Roca y la Revoredo negaron cualquier presión política para conceder Hábeas Corpus.

HUAICO EN LOS JUZGADOS

Los juzgados anticorrupción se remecieron, pero los jueces, a diferencia de sectores parlamentarios, saben lo perjudiciales que resultarían los roces públicos con el TC. "Divide y vencerás" fue la frase que le deslizó a CARETAS uno de ellos. Sergio Salas Villalobos, presidente de la Corte Superior de Justicia, fue menos sutil. "Señalar que encarcelar a Bedoya -dijo a esta revista- ha sido arbitrario e ilegal, es descalificar la tipificación del delito dada por el juez. Se corre el riesgo de tener una cola de procesados que se crean con derecho a pedir su libertad y eso atenta contra el sistema judicial anticorrupción que tanto ha costado construir". Otro juez señaló que los momentos claves para definir los delitos estaban por venir en "el juicio oral y la acusación fiscal. Hay casos incluso en los que se define el delito en la propia sentencia".

La sentencia es un revés para el proceder de las salas anticorrupción, considerado entre los propios jueces como duro pero necesario. Las declaraciones de los representantes de Bedoya, en las que se anuncia denuncias contra Inés Villa, presidenta de la Sala Anticorrupción, provocaron un profundo malestar entre los magistrados, que imaginan con disgusto la perspectiva de pasar de cazadores a presas. Dan por descontada la preparación de estadísticas que prueben que las órdenes de reclusión no han sido indiscriminadas. Uno de los jueces afirmó que de los aproximadamente ochenta casos que llevaba en su despacho, no más de cinco tenían a los involucrados en prisión. Las fugas de eslabones claves en la cadena de corrupción que aprovecharon el caos de la caída del gobierno anterior, empezando por el propio ex Presidente y su asesor, motivaron las prevenciones de los jueces. El TC sienta un precedente, y la historia dirá de qué naturaleza, con respecto a estos temores. La colaboración de Bedoya con la justicia, dice la sentencia, hace poco probable que eso ocurra en el caso en cuestión, llevado por Magaly Báscones.

 

En la confrontación programada para este jueves entre Alberto Kouri y Montesinos se esperaba que fueran discutidos los pagos dados al primero, que sostiene haber recibido sólo US$15 mil, mientras que Montesinos señaló que hizo varias entregas. Kouri debería ser sentenciado en dos meses lo que le dificulta un Hábeas Corpus. Según fuentes del TC, ya se rechazaron pedidos similares hechos por Luis Aybar Cancho y José Lizier, cercanos socios del ex asesor. Quedan pendientes 200, entre los que figuran Humberto Rozas, Eduardo Calmell y Andrónico Lucsik. El ex ministro de Economía Juan Carlos Hurtado Miller y su hijo también recurrirán al TC.

TU LLEGAS YO ME VOY

Poco antes de que Bedoya saliera de San Jorge con kilos de menos, Jackie Beltrán reingresó a Santa Mónica con los nervios destrozados. Según Humberto Padilla, abogado de la Beltrán, en el caso de las cuentas millonarias la ex compañera sentimental de Vladimiro Montesinos fue denunciada por los delitos de cohecho propio e impropio y encubrimiento real. Los mismos por los que se acusa a Juvenal Mendívil, girador de Montesinos, a quien le dictaron solamente comparecencia simple. Para otras muestras, basta con mirar a los botones de al lado. Matilde Pinchi Pinchi, amiga de Montesinos que incrementó exponencialmente su fortuna en los años en los que trabajó para el `Doc', y Trinidad Becerra, esposa de Montesinos titular de millonarias cuentas en Suecia y poseedora de otros costosos bienes, están fuera de prisión.

Altas fuentes consultadas en el Poder Judicial coincidieron en afirmar que la nueva detención de la Beltrán se produjo debido a vicios de forma que plagaron su paso de encarcelamiento a detención domiciliaria. No tuvieron que ver razones de fondo.

Otro de los casos llamativos es el del general EP (r) Walter Chacón. En palabras de su abogado, José Marcelo Alemán, "lo denunciaron por delito de peculado, de apropiación ilícita". Acusaron a Chacón de haber recibido un millón de dólares por una cuenta del Banco Latino que fue transferido al Republic Bank de Nueva York y de allí a bancos en Francia y Alemania. El banco francés confirmó que Chacón no tiene cuentas allí y el alemán no existe. El defensor sostiene haber desvirtuado tanto ésta como las acusaciones de cohecho por favorecer a terceros con contrataciones estatales. "Demostramos que no hay desbalance en sus ingresos y que mientras fue ministro del Interior ni siquiera se llamaron a licitaciones". Y aunque los procesos no sean iguales, recalca Alemán, "el caso de Bedoya es mucho más claro que el de Chacón. Bedoya tiene un vídeo, para acusar a Chacón se basaron en meras suposiciones". Para tomar una decisión, Chacón esperará que la fiscal Ana Cecilia Magallanes presente el dictamen sobre su caso.

Es de esperar que el TC sepa distinguir el trigo de la paja. No todos los pecados son iguales. Para absolver unos basta la justicia divina o, para ser más exactos, el repudio social. Otros, los más gordos, no pueden expiarse en libertad.

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