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Turbulento Acuerdo
Convenio aéreo con Chile enfrenta al ministro Luis Chang con líneas nacionales. Y el conflicto se agudiza por exigencia de la DGAC para que éstas sólo usen repuestos originales.

Ministro Chang dice que no hay acuerdo, pero el acta del pasado 17 constituye virtualmente uno. Sin embargo, establece 120 días de plazo para perfeccionarlo.

Al cierre de esta edición la Asociación Peruana de Empresas Aéreas y el Ministerio de Transportes se disponían a abordar una encrespada agenda. El miércoles 6 se reunieron el ministro Luis Chang y Lupe Zevallos de la Asociación Peruana de Empresas Aéreas (APEA) para tratar el tema del convenio de cielos abiertos con Chile, y las exigencias de la DGAC a las líneas aéreas sobre el origen de compra de los repuestos de la flota como requisito para mantener la categoría 1.

El tema del convenio de cielos abiertos con Chile levantó polvareda luego que se reunieron el secretario general de la Junta de Aeronáutica Civil de Chile, Rodrigo Rojas Lobos, y el director general de Aeronáutica Civil del Perú, Juan Kuan-Veng, el jueves 17 para suscribir un acta con características de preacuerdo. La APEA sostiene que éste se ha basado sólo en la propuesta chilena, en tanto que el ministro Luis Chang sostiene que todavía no hay acuerdo alguno. Esto último es cierto, pero parcialmente: el acta de la reunión de consulta establece un plazo no mayor a 120 días para perfeccionar el acuerdo. Así mismo, que éste entrará en vigencia cuando se "notifique el cumplimiento con las formalidades internas de cada parte".

Según dicho acuerdo, Chile cede al Perú las rutas de Isla de Pascua y Antártida y, en retribución, Perú concede cielos abiertos a Chile. APEA, que agrupa a Aviandina, Aero Continente y TANS (es decir, 81 % del mercado nacional), sostiene que Chile se beneficiaría con las rutas a Miami, Asia, Japón y Europa, valorizadas en US$ 500 millones, en tanto que las líneas aéreas peruanas dispondrán de unas rutas cuya rentabilidad pertenece al mundo de los arcanos. Por eso APEA propuso, entre otras condiciones: servir una ruta nacional por cada internacional o pagar los derechos por la explotación de la ruta. Pero según Zevallos, la DGAC les solicitó su propuesta para el convenio cuando el borrador del documento ya estaba listo.

En cuanto al publicitado riesgo de que el Perú pierda la categoría 1 para los vuelos a EE.UU., según fuentes del Ministerio de Transportes no es más que una recomendación de la FAA (Administración Federal de Aviación) formulada tras su última visita como parte del programa International Aviation Safety Oversight Assesment (IASA), que da asesoría permanente en el control de seguridad aérea a las autoridades gubernamentales de cuanto país realice vuelos a los EE.UU.

Una vez difundido el informe, fue la DGAC la que tomó cartas en el asunto disponiendo -por primera vez, según APEA- que el 100 % de los repuestos sean identificados con número de serie y fabricante. Es decir, que sean originales de fábrica. Esta característica denominada "traceabilidad", según APEA siempre ha variado en su porcentaje y siempre la DGAC ha establecido plazos para su cumplimiento. No ha sido así en este último caso.

Pero de las ocho recomendaciones de la FAA, sólo una -ciertamente de la mayor importancia- compete a las líneas aéreas y las siete restantes a la DGAC. Estas tienen que ver con los niveles de capacitación de los inspectores y jefes de seguridad, que al parecer no se encontrarían dentro de los estándares reglamentarios.

• En 1.3 % y 11.6 % crecerían -según estimaciones contenidas en el informe Situación Económica Nº 4 del BBVA Banco Continental- el consumo público y la inversión pública al cierre del año por efecto de la política fiscal expansiva. En cuanto al proyectado incremento del PBI a 3.1 %, el fenómeno estaría sustentado principalmente por el crecimiento de la minería (14 % explicado por Antamina) y de la construcción (8.1 % debido al aumento del gasto público y al Programa Mi Vivienda).

• Según el "Cuadro de la población mundial 2001 del Population Reference Bureau" que compila datos y cálculos demográficos sobre países y regiones del mundo, la población mundial aumenta a un ritmo de cerca de 83 millones de personas anualmente. 99 % de este crecimiento ocurre en los países menos desarrollados de América Latina y el Caribe, Africa, Asia y Oceanía. De acuerdo con las proyecciones actuales, para el 2025 sólo tres países desarrollados permanecerán en la lista de los más poblados: EE.UU., Rusia y Japón. El Perú llegaría a 35.5 millones, es decir, el 2.45 % de la población del país que será el más poblado del mundo (India) y 16.2 % del que será el más poblado de la región (Brasil).

En otro fallo polémico, el Tribunal Constitucional resolvió el pasado 18 de enero, aunque recién se publicó este martes 5 junto con el referido a Luis Bedoya de Vivanco (ver aparte), "dejar sin efecto el auto apertorio de instrucción" del senador chileno Francisco Javier Errázuriz. Accionista mayoritario del Banco República, éste es procesado por el 34º Juzgado Penal, por haber incurrido en pácticas bancarias delictivas que determinaron la quiebra de la mencionada institución bancaria, dejando un pasivo de S/. 100 millones de complicada recuperación. Tras la liquidación, el hueco fue cubierto en un 80 % con un salmo en una mano y una velita en la otra. La decisión del TC, que únicamente no suscribió su presidente Manuel Aguirre Roca, se ampara en el artículo 343 del Tratado de La Habana o Código Bustamante y reconoce la inmunidad parlamentaria de Errázuriz no sólo en Chile sino también en el Perú.

Marcial Ayaipoma inicia el martes 12 entrevistas a postulantes al TC.

Entre otros asuntos pendientes que tendrá que resolver en estos días el pleno del JNE, que encabeza Manuel Sánchez Palacios, está el desafuero del congresista de Víctor Valdez (PP). El lunes 21, llegó al JNE una comunicación del presidente del Congreso, Carlos Ferrero (PP) dirigida a Sánchez Palacios -entonces de viaje en Japón (ver aparte)- adjuntando copias del expediente de Valdez en "cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento del Congreso de la República (la vacancia de la curul) y el artículo 5 literal u de la Ley 26486 de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones", que dispone el nombramiento del accesitario Héctor Dyer Picón.

RONDA DEFINITORIA

El martes 12 la comisión especial del Congreso, que preside Marcial Ayaipoma (PP), empezará la primera ronda de entrevistas a los 64 postulantes a cuatro plazas vacantes en el Tribunal Constitucional (TC). Por orden alfabético, 15 postulantes serán entrevistados ese día, 15 el jueves 14, y así sucesivamente hasta el martes 26. El martes 5 fueron desechadas las tachas contra cinco postulantes: el ex congresista Javier Alva Orlandini, quien estará en el primer contingente de entrevistados, el ex presidente de la Cámara de Diputados, Elías Mendoza Habersperger, la ex magistrada Greta Minaya, el abogado Lorenzo Sotomayor von Maack, y el ex integrante del Consejo Nacional de la Magistratura Teófilo Idrogo. Tras ello la comisión del TC tendrá plazo hasta el lunes 4 de marzo para presentar al pleno del Congreso ocho propuestas que se someterán a votación, una por una.

Graciela Fernández Baca: luz al final del túnel del concurso para designar titulares de los organismos reguladores.

Al cierre de esta edición era inminente el nombramiento de los nuevos titulares de los tres organismos reguladores (Osiptel, Osinerg y Ositran) que ya han sido elegidos por la comisión encabezada por Graciela Fernández Baca, coordinadora del gabinete de asesores de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM). Los titulares de Osinerg y Osiptel fueron elegidos el pasado jueves 24 de enero, y el de Ositran, el jueves 31.

Aunque es la primera vez que la designación de los presidentes de los organismos reguladores se realiza por concurso, el proceso ha sido accidentado. Tanto el ex presidente de Ositran, Guillermo Thornberry, como el ingeniero César Gutiérrez, habiendo sido preseleccionados retiraron su postulación a Ositran y Osiptel, respectivamente, por considerar poco transparente el concurso. Ambos han señalado que no se cumplió con publicar a tiempo los puntajes que se otorgarían a la experiencia profesional, calificación académica y especialización. Así mismo, ambos cuestionaron la postulación del hijo de Fernández Baca, Armando Valdez, quien sin embargo fue descalificado en la primera preselección, en la primera semana de enero. Otro hecho controvertido ocurrió cuando se publicó la lista resultante de esa preselección para el caso de Ositran. La PCM señaló en un primer momento que habían quedado ocho seleccionados cuando en realidad fueron 33. Sucedió que se publicaron los puntajes correspondientes a sólo ocho preseleccionados.

En el caso de Osinerg, que regula las tarifas eléctricas, las responsabilidades del nuevo titular del organismo se incrementarán proporcionalmente a las privatizaciones en el sector por US$ 1,000 millones previstas para este año.

JNE: Trago Amargo
Tras el viaje del pleno a Japón con los gastos pagados. Y ahora la emprende contra la ONPE.

Manuel Sánchez Palacios, vanamente intentó escurrir el bulto.

El lunes 4 el presidente del JNE, Manuel Sánchez Palacios, incorporó al pleno del organismo a Luis Humberto Romero Zavala, ocupando la vacante que en diciembre pasado dejó Ramiro Valdivia Cano al ser nombrado vocal de la Corte Suprema. Pero el relevo pasó a segundo plano. Sánchez Palacios, como desde su llegada del Japón el sábado 2, tuvo que dar explicaciones sobre el viaje de capacitación de todo el pleno del JNE, el secretario general y el gerente de capacitación, por dos semanas y con los gastos íntegramente cubiertos por la agencia japonesa de cooperación internacional (JICA).

Que los integrantes de un organismo público semejante aceptaran la invitación mientras la justicia peruana estaba por ordenar la captura internacional de Alberto Fujimori, protegido declarado del gobierno japonés, era de por sí un desatino. El titular de la ONPE, Fernando Tuesta Soldevilla, con más sentido común, declinó similar ofrecimiento. "Para el Japón son dos temas distintos: uno es el de la cooperación internacional y otro es el tema Fujimori, que pertenece al ámbito judicial", alegó en conferencia de prensa Sánchez Palacios.

Pero más allá de los inconvenientes propios de la circunstancia, lo cierto es que el sistema electoral japonés tiene menos que enseñar y más que corregir. Resultó ineficaz para prevenir escandalosas prácticas en el financiamiento de las campañas políticas del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) en 1988-1989, que desencadenaron ese último año la renuncia del primer ministro Noboru Takeshita, y el alejamiento del PLD del ex primer ministro Yasuhiro Nakasone.

Por otra parte, aún hoy, en la distribución de los distritos electorales -que se remonta a los años posteriores al fin de la Segunda Guerra Mundial- hay una disparidad entre el peso electoral urbano y el rural que no corresponde con la realidad. Para ser elegido representante de la Cámara Baja se requieren 427,761 votos en el cuarto distrito de la prefectura de Kanagawa, donde se encuentra la ciudad de Yokohama, y sólo 142,932 en el caso del tercer distrito de la montañosa prefectura de Nagano. Los electores rurales, por cierto, constituyen la base más solida de respaldo al PLD.

Incómodo por los cuestionamientos, el titular del JNE intentó escurrir el bulto. "La oportunidad de revisar junto con politólogos japoneses la relación del Perú con Japón, vale más que cien libros", explicó. No aclaró, sin embargo, qué importancia tiene el conocimiento de las relaciones bilaterales para la función específica que cumple el JNE.

Ciertamente, los integrantes del JNE han tenido una aproximación a los procesos electorales del Japón. Pero no la suficiente para llegar a juicios concluyentes. Para Sánchez Palacios "en el Japón el sistema electoral se basa en la confianza, en el Perú, en la desconfianza. En el Japón los miembros de mesa recogen los votos, los colocan en cajas especiales con tres candados y los envían a otra instancia para que sean contabilizados por personas especializadas". Vaya demostración de confianza.

Intentando desviar los reflectores, por último, Sánchez Palacios la emprendió contra la ONPE. "En el Japón el sistema electoral es permanente y está preparado para realizar elecciones cada 15 días. Acá, en cambio, el señor Tuesta cada vez pide más plazos." Olvidó mencionar que el JNE -con el argumento que no se han convocado las elecciones- no atiende el pedido de la ONPE de remitir el padrón electoral para empezar, con la debida anticipación, el proceso de verificación de las firmas de 230 listas de postulantes en 1,828 circunscripciones electorales. Es decir, por lo menos 15.8 millones de firmas.