Edición Nº 1708

La Ley de Fuente Ovejuna
El año 2002 se inició con un eco justiciero del siglo XVII: los ajusticiamientos populares. El fenómeno no es nuevo, pero especialistas perciben su consolidación ante el aumento del crimen.

En San Juan de Miraflores la multitud que se disponía a quemar vivo a Gregorio Colfer (31) fue dispersada a balazos.Der.: Suplicó y dijo ser inocente. Igual fue sometido a la ley del pueblo.

SEGUN la Asociación Pro Seguridad Ciudadana (Aprosec) el año pasado se registraron oficialmente 12 casos de linchamientos o ajusticiamientos populares al margen de la ley. Este año, 2002, ya se inauguró la estadística `oficial', aquella que sólo cuenta a los que pudieron ser rescatados por la policía. En enero, Juan Villanueva Ramos, de 27 años, fue sorprendido por los vecinos mientras se disponía a robar enseres menores de una vivienda en un asentamiento humano de Huánuco. En vez de llamar a las autoridades, los vecinos aplicaron la ley del barrio: atraparon al ratero, lo desnudaron, lo raparon y lo golpearon salvajemente con palos y piedras.

Ya lo habían rociado con kerosene y se disponían a prenderle fuego, cuando llegó la policía. El mayor PNP Víctor Rengifo, al mando de la operación de rescate, pidió a la multitud deponer la violencia. Pero ésta sólo aceptó a condición de que su prisionero fuera sometido a un último castigo ejemplar, caminar por el barrio con un cartel en el cuello que decía: "Así tratamos a los rateros".

En esa ocasión llegó la policía, que había sido alertada por teléfono, a salvar a la delincuente-víctima. Pero a veces nadie se preocupa en llamarla y la policía no llega, y nadie se entera.

Los linchamientos, según César Ortiz, presidente de la Aprosec, son un fenómeno que se ha incrementado en los últimos diez años, como consecuencia de la inseguridad ciudadana y de la falta de respuesta de la seguridad pública sobre todo en las zonas periféricas de Lima.

Los vecinos de Ventanilla se negaron a entregar a la policía al delincuente Cristian Castro (29). Exigieron la presencia del fiscal y la prensa. Al lado: ilustración de Miguel Vidal.

Ortiz lo llama el "Síndrome de Fuente Ovejuna". Se refiere a la famosa comedia de Lope de Vega, basada en un hecho histórico de 1476. Entonces, los vecinos de Fuente Ovejuna, España, indignados por tantas injusticias y abusos, asaltaron la casa del gobernador y vengaron sus agravios cruelmente, apedreándolo y pegándole hasta matarlo. Cuando la justicia preguntó quién había sido el autor del asesinato, el pueblo respondió en coro: "Fuente Ovejuna lo hizo".

En otro asentamiento humano del distrito de San Juan de Miraflores, la policía dispersó a balazos a una multitud enfurecida que se disponía a quemar vivo a Gregorio Colfer, de 31 años, un delincuente que fue sorprendido al pretender robar los adornos de una humilde vivienda. El ratero fue terriblemente flagelado: un reloj y un cuadro de la última cena casi le cuestan la vida. Para el antropólogo Eduardo Bryce, la desproporción que muchas veces pareciera haber entre el delito y el castigo, es netamente cultural. "Aunque para la Ley un televisor de 12 pulgadas o una gallina son objetos de poco valor, para el patrimonio de hogares empobrecidos son bienes suntuarios: La gente vive en tal estado de necesidad que tales arrebatos se padecen de una manera dramática".

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En Villa María del Triunfo combatieron violencia con violencia y mataron a este delincuente. Der.: El precio de robar un televisor en Los Olivos.

Cuentan los vecinos del Asentamiento Humano Costa Azul, distrito de Ventanilla, que a eso de las tres de la madrugada escucharon salir de la vivienda de Cristian Castro Díaz unos quejidos extraños, aparentemente de un menor de edad. El sujeto en cuestión tiene 29 años y, según declaró a la policía, se dedicaba a cantar en los bares de Lima a cambio de propinas. Como además vivía solo y tenía fama de mañoso, los vecinos concluyeron que los quejidos que salían de su casa eran fruto de un acto inmoral.

Así que se agruparon sigilosamente -como en Fuente Ovejuna- y cuando formaron un grupo numeroso, irrumpieron en la vivienda rompiendo las paredes de madera del frontis. Efectivamente, los vecinos rescataron a un menor de edad, de 14 años, y al agresor lo condujeron hasta un poste de luz, donde fue desnudado, rapado, maniatado y golpeado salvajemente.

Una llamada telefónica alertó a la comisaría de Ventanilla. Cuando los policías llegaron, se encontraron con que los pobladores se negaban a entregarles al reo hasta que estuvieran presentes un fiscal y la prensa, cosa que sucedió a las ocho de la mañana.

Una vez más queda demostrada la poca confianza en las instituciones formales. Como dice Jorge Avendaño, ex decano del Colegio de Abogados de Lima, "gran parte de la población considera que las instituciones llamadas a hacer cumplir el Derecho, como son la PNP, el Ministerio Público, la administración pública en general y el Poder Judicial, son lo mismo que nada".

Antes de denunciar el hecho, los pobladores de Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores, optaron por un método antediluviano de justicia: el entierro. Al lado: César Ortiz, Aprosec. Abogado Jorge Avendaño.

Luego de los nefastos incidentes en el asentamiento humano Costa Azul, el malhechor fue detenido por las fuerzas del orden, acusado en el Ministerio Público, juzgado en el Poder Judicial y condenado con pruebas contundentes (Certificado Médico Legal 001869-H) por delito contra la libertad sexual en agravio de un menor de edad. Su vivienda de madera fue derrumbada por los vecinos y actualmente está recluido en el penal Sarita Colonia.

Quienes lo maltrataron y flagelaron no recibieron ningún castigo, por más que el detenido identificó y acusó por lo menos a tres personas. Cuando la policía preguntó, los vecinos contestaron cínicamente: "¡Costa Azul lo hizo!".

El `linchamiento' no está explícitamente tipificado como delito en el Código Penal, pero sí lo están el `homicidio calificado' y las `lesiones graves'. Por lo tanto, según el abogado penalista Luis Lamas Puccio, para hacer justicia sólo haría falta identificar e individualizar las responsabilidades. Y luego aplicar, para los casos de homicidios el artículo 108 y para los de lesiones graves el 121, que suponen 25 y entre tres y ocho años de cárcel respectivamente.

De lo contrario, como suele suceder, el silencio colectivo y la impunidad fomentan los linchamientos, empujando a la sociedad hacia un espiral de violencia incontrolable. (Gastón Agurto)

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