Edición Nº 1708

Penales: Olla a Presión
Huelga de hambre de subversivos debe ser manejada con mucho tacto y buen estómago.

Guzmán está midiendo la capacidad de influencia que le queda sobre los senderistas. Der.: Impensable hace un tiempo, emerretista Víctor Polay se unió a SL en la huelga.

ABIMAEL Guzmán es capaz de soportar ocho, diez horas de discusiones. Su compañera Elena Iparraguirre lo secunda y ambos pasan por momentos de exasperación. Si a la vehemencia de las personalidades se suman estómagos que llevan días sin recibir alimento, estamos frente a una situación explosiva.

La huelga de hambre iniciada el lunes 11 por los subversivos recluidos en la Base Naval del Callao, a la cual se plegaron 550 internos en los penales de Santa Mónica, de máxima seguridad en Chorrillos y Yanamayo, no es lo mismo de siempre. En primer lugar, Sendero Luminoso (SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) van de la mano, lo que no es frecuente. Además, la balanza de los reclamos, antes inclinada hacia las condiciones carcelarias de los detenidos, está hoy basada en discusiones políticas.

Los seis condenados por terrorismo de la Base Naval tienen cuatro tendencias. Guzmán e Iparraguirre forman parte de una de las de Sendero Luminoso, Oscar Ramírez Durand, "Feliciano", de otra. Los emerretistas Víctor Polay Campos y Miguel Rincón Rincón guardan sus distancias, desde hace un año, de Peter Cárdenas Shulte. Para propósitos como el actual, sin embargo, no hay distinciones. La única que se presenta es la de Vladimiro Montesinos.

Según una fuente consultada, es falso que se le ofreciera plegarse a la huelga. Como se sabe, Montesinos está en un área distinta de la Base. Y si entre las exigencias está la derogación de la Ley antiterrorista, es poco creíble que el ex asesor tuviera un espacio entre los firmantes.

Olivera salió a negar cualquier contemplación.

Las huelgas de hambre son un mecanismo preferido por Guzmán. En abril del 2001 se realizó la última y un par de meses antes se produjo otra. Aunque entre las exigencias se mezclaban las políticas y las que tenían que ver con condiciones carcelarias, las discusiones se zanjaban con compromisos de la Defensoría del Pueblo para interceder sobre estas últimas. Esta vez, la fuerte carga política puede restar el margen de maniobra. Además de la derogatoria de la ley, reclaman la anulación de sentencias, revisión de expedientes, nuevos juicios y el cierre de los penales de la Base Naval, Yanamayo y Challapalka en Puno.

Las huelgas le sirven también a Guzmán como un termómetro de ascendencia. Aunque Polay mantenga un nivel de autoridad sobre los emerretistas, es Guzmán quien todavía despierta lealtades que rayan en el fanatismo. Wilfredo Pedraza, Defensor Adjunto para las condiciones carcelarias, comentó que hay condenadas senderistas que lo consideran a él casi un "bienaventurado" por tener acceso al líder. Otra fuente comentó que en la reunión que la Defensoría llevó a cabo el martes, las delegadas dejaron en claro que toda discusión debía hacerse con Guzmán.

¿Cuánta capacidad de presión puede tener la subversión hoy en día para que sus líderes tomen una determinación como ésta? ¿Qué pasa por la cabeza de Guzmán diez años después de su captura? Según Pedraza, en sus conversaciones con el jefe de SL, éste afirma que "hacer la guerra le demoró 20 años. Construyó bases de apoyo, un partido y un comité central. Esos tres elementos ya no existen, y él sostiene que sin ellos no puede darse un proyecto serio". La huelga no es, en ese orden de ideas, otra cosa que un gesto político, una llamada de atención al gobierno. No hay que olvidar que la administración Paniagua inició un proceso de apertura en los penales y abrió las puertas a una posible interlocución que no se cristalizó. El Inpe designó una Comisión encargada de evaluar el cierre de la Base Naval, pero la gestión de Fernando Olivera la desactivó. En la conferencia del martes último, Olivera sostuvo que la Comisión de la Verdad ya tenía programado visitar a los líderes subversivos para oír su versión. Ellos ya no proponen, como durante el año pasado, conformar la Comisión de la Verdad.

 

Carta desde el penal de máxima seguridad de Chorrillos adelantaba las exigencias actuales.

La línea del ministro ha sido dura. El Inpe no continuó con el acercamiento a los subversivos y esto acentuó la decepción entre ellos. Como sea, los representantes de los distintos penales ya esperaban una respuesta como la que Olivera dio el martes. En un comunicado fechado el 22 de enero, las reclusas emerretistas del penal de máxima seguridad de Chorrillos culpan al titular de Justicia por suspender la aplicación del nuevo reglamento del Código de Ejecución Penal y por "crear un clima de inseguridad que puede servirle de pretexto para una masacre generalizada". Dentro del pliego de reclamos de la actual huelga, los terroristas no exigen la renuncia del ministro. Ella ha sido solicitada de manera aislada por varios senderistas y emerretistas.

El debate está servido. De un lado, no pueden negociarse condiciones con quienes provocaron tanto dolor en el país. CARETAS supo de muy buena fuente que Abimael Guzmán actualmente escribe sobre los peligros futuros de la globalización, pero al igual que sus seguidores está aún lejos de un mea culpa convincente. Al mismo tiempo, perder los avances logrados durante el Gobierno de Transición en el sistema carcelario puede ser peligroso. La Cruz Roja, por ejemplo, ha alertado sobre torturas en el penal de Challapalka. La dureza del discurso no puede darse el lujo de provocar confusiones y convertir a los culpables en defensores de los Derechos Humanos. (Enrique Chávez)

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