CARETAS HOME PAGE

Toma que Te Deum
¿Fernando Olivera reveló a la Iglesia el nombre de la persona que le dio los documentos apócrifos? Todo parece indicar que sí.

Purpurados Rino Passigato -Nuncio papal- y Juan Luis Cipriani. Abajo, pecadores Fernado Olivera y Pedro Cateriano.

Vaya si las cosas tienden a resucitar en Semana Santa. Tras un piadoso fin de semana, el lunes 1º el cardenal Luis Cipriani Thorne pidió a la 27a Fiscalía Provincial que se identifique al autor de las tres cartas fraguadas que el ministro de Justicia, Fernando Olivera, llevó al Vaticano seis meses atrás (CARETAS 1698).

Sin duda, la Iglesia no olvida el insólito intento por desprestigiar al Cardenal y al Nuncio Apostólico, Rino Passigato, vinculándolos fraudulentamente con la mafia montesinista.

Pero, ¿acaso perdona?

Durante la homilía del último Domingo de Resurrección, el Cardenal llegó a mencionar la palabra perdón para quienes quisieron mancillar el nombre de la Iglesia. La frase pasó mayormente inadvertida, pero no para los protagonistas del memorable affaire Cipriani.

CARETAS confirmó esta semana que, en efecto, la Iglesia aceptó semanas atrás las pías excusas del ministro Olivera, y concedió el perdón. Pero no sin antes hacerse de rogar: primero, queremos los nombres de los autores de la falsificación, habrían demandado. Y así fue.

El proceso de expiación se dio en diciembre, mes durante el cual Olivera y su viceministro Pedro Cateriano sostuvieron sendas audiencias con el Nuncio Apostólico, primero, y el cardenal Cipriani, días después, en la que presentaron sus excusas. Las audiencias fueron gestionadas por un caballero de nombre Miguel Murillo.

Las gestiones se realizaron en estricta reserva. De por medio hubo una "nota verbal" rubricada por el premier Roberto Dañino en la que se dio la versión oficial del incidente. Pero nadie quiere hablar del contenido.

Ahora Cipriani ha insistido en que se descubra a los autores de las cartas apócrifas. Lo que sucede, señala una fuente gubernamental, es que la persona que entregó los documentos no necesariamente es la persona que los fraguó. Y en ese caso nadie parece estar libre de la ira santa.

• Antes de que el Estado estableciera el marco legal adecuado para atraer a la inversión privada en el sector, la energía eléctrica era producida mayormente por monopolios estatales que operaban con bajos niveles de eficiencia y brindaban un servicio de limitada calidad.
Esta lamentable situación empezó a cambiar luego de la incursión de la inversión privada en el sector, de modo que actualmente el coeficiente de electrificación alcanza el 73%.

• Asimismo, según un estudio de Grade, hacia 1999 el proceso de privatizaciones representó para el Estado ingresos por US$ 2,074.5 millones mientras que el monto invertido alcanzó los US$ 682 millones, más del doble del monto consignado en los compromisos iniciales de inversión.
Estudios realizados por el IPE indican que el Perú enfrenta un déficit de inversión en energía de US$ 4,759 millones, cifra inmanejable para el Estado, dada su estrechez presupuestaria. Entre las empresas pendientes de privatizar destacan las generadoras EGASA y EGESUR; las distribuidoras Electronoroeste, Electro Norte, Electro Norte Medio y Electro Centro.

En un giro de 180 grados con respecto a sus palomilladas recientes -como pechar al presidente Toledo y a Roberto Dañino- Luis Solari prepara un amistoso encuentro entre el ministro Pedro Pablo Kuczynski y los titulares de algunas de las comisiones más importantes del Legislativo. Así, PPK almorzaría en estos días -tras una primera cita que se frustró el miércoles 3- con Jesús Alvarado (Economía), Manuel Olaechea (Agricultura) y nada menos que Jorge Mufarech (Industria). Como se sabe, Mufarech y no pocos talibanes en PP vienen promoviendo una interpelación al ministro de Economía para que explique las variaciones aprobadas por su despacho en el tema de los aranceles. Y con Alvarado, los asesores del MEF han tenido más de un encontronazo. Pronto se verá si Solari pudo hacer el milagro.

Adrianzén: a punto de batir todos los récords.

Una acusación por apropiación ilícita y falsificación de documentos cuestiona nuevamente la designación de Marcos Prialé Marquina como presidente de Serpost. Así lo señala el expediente 118-97 del 23º Juzgado Penal de Lima. De acuerdo a esta denuncia, en junio de 1993 -cuando era funcionario de Editora Perú, la empresa que publica el Diario Oficial- Prialé se apoderó, falsificando una factura, de US$ 9,945.62. El curso de la instrucción lo sentenció, el pasado 11 de noviembre, a 4 años de condena suspendida, reparación civil e inhabilitación para desempeñar cargo público alguno también por 4 años. Sin embargo, el directorio de Fonafe lo nombró presidente de Serpost, decisión que había adoptado en la sesión del 31 de octubre, mientras el proceso judicial aún se hallaba en curso.

No deja de sorprender la recargada agenda de trabajo con la que ha sido premiado Alberto Adrianzén, uno de los principales asesores de Valentín Paniagua mientras ejerció la Presidencia. Hoy, a sus labores como responsable de la Oficina de Iniciativas Ciudadanas del Congreso se suma su papel en la Comisión Anticorrupción que preside Martín Belaunde Moreyra, su participación en la Secretaría Técnica de la Concertación que dirige Rafael Roncagliolo y su trabajo en el comité asesor de la Comisión de Constitución que preside Henry Pease. Si bien Beto muestra solvencia en cada uno de esos encargos, más de un amigo no deja de exclamar ¡qué bárbaro!.

Carlos Ferrero y el sueño de un espacio propio en TV para el Congreso.

En predios del Congreso se comenta el nuevo objeto del deseo de su presidente Carlos Ferrero: que el Legislativo disponga de no menos de una hora a la semana en el Canal de TV del Estado con el fin de informar de su agenda, leyes aprobadas y actividades varias. El pedido está siendo evaluado por el Ejecutivo, pues tiene la potestad -a través de Eduardo Bruce, presidente del Instituto de Radio y Televisión Peruana- de decidir si el proyecto tendrá o no viada.

El gobierno decidió encarar las imputaciones en torno a la venta de los aviones Tucano a Angola y evitar que les fueran a bajar la llanta a David Waisman, ex ministro de Defensa, y a Carlos Bruce, ministro de la Presidencia.

Así, la noche del lunes 1º; se reunieron en Palacio los miembros de la Comisión de Fiscalización pertenecientes a PP y al FIM, Waisman, Bruce, Carlos Ferrero y Alejandro Toledo para perfilar una estrategia. A ellos se sumaron los integrantes de la Comisión Permanente, grupo que verá la acusación en caso prospere.

Por lo pronto, los parlamentarios de PP lograron pararle los machos a Javier Velásquez Quesquén (Apra). En una carta le exigieron reservar la discusión de los temas a la Comisión de Fiscalización y no airearla en los medios. Velásquez suspendió sus conclusiones anunciadas para el martes 2 -dijo que había identificado a los responsables penales y políticos-, pero aseguró que el informe final lo haría público al día siguiente.

Agenda a Dos Manos
El Ejecutivo y el Congreso consiguen ponerse de acuerdo en una agenda de leyes urgentes.

Las coordinaciones entre poderes se iniciaron el año pasado. Ahora empieza a dar frutos.Además, hay proyectos de Agricultura, Justicia, Interior, Pesquería, RR.EE y Energía y Minas.

Por estos días Roberto Dañino y Carlos Ferrero sacan pecho al unísono. La razón: la agenda concertada entre el Ejecutivo y el Legislativo para llevar adelante la aprobación de las leyes que el gobierno considera urgentes. Durante la primera legislatura el gobierno tuvo que observar 23 leyes. En esta segunda, no quiere encontrarse en el camino con ninguna. Y una manera de evitarlo es instaurar el diálogo entre poderes del Estado. Una primera instancia implica detectar qué normas podrían resultar contraproducentes. Una segunda, cuáles son las que el gobierno central desea para desarrollar su trabajo.
"El Ejecutivo ha enviado 45 proyectos que considera necesarios y de los cuales 21 son esenciales", reconoce Dañino. "La ventaja de contar con una agenda es que ordena el debate, expresa una voluntad concertadora que implica negociar y ceder, y nos permite ver si las prioridades del Ejecutivo coinciden con las nuestras", señala Ferrero.

Y añade: "por ejemplo, en la Comisión de Defensa coincidimos con el carácter prioritario de la Ley de situación militar. En Descentralización, en la Ley de bases que fijará las facultades de los organismos descentralizados y los recursos que van a poder generar. En Economía, la Ley de prudencia y transparencia fiscal. En Educación, la Ley general de educación. En Energía, la Ley de electrificación rural. Pero también hay diferencias de opinión que poco a poco iremos concertando. En Industria, lo prioritario para el Congreso es una Ley de Pymes, mientras que para el gobierno es la Ley de creación del Ministerio de Turismo".
Si se tiene en cuenta que en el Congreso circulan en este momento alrededor de 1,000 proyectos -en sus distintas etapas-, Ferrero y compañía creen que hasta el fin de la legislatura sólo podrán aprobar 10 de las normas pedidas por el Ejecutivo.