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Edición Nº 1716 |
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América Sin Salida
MIENTRAS jueces oficiosos convierten la paranoia de Nicolás Lúcar en persecución política, las investigaciones sobre las operaciones delincuenciales de los Crousillat prosiguen y no tienen nada que ver con la libertad de expresión. Tampoco tiene que ver con ésta Indecopi que según nuestras fuentes convocaría a la instalación de la Junta de Acreedores de América para el 26 de abril. Igualmente, Indecopi habría decidido desestimar una medida cautelar planteada por Televisa y el Banco Wiese, los mayores acreedores del Canal 4. El fiscal Alejandro Espino dispuso por resolución fiscal del 3 de abril del 2001 que se amplíen las pesquisas sobre José Enrique Crousillat López Torres y José Francisco Crousillat Carreño "como presuntos autores de los delitos de Receptación de Bienes y Lavado de Dinero producto del TID (tráfico ilícito de drogas). Por cuanto los antes indicados aparecen en un video en donde el procesado Vladimiro Montesinos Torres le hace entrega al primero de los nombrados de la suma de S/.1'857,000 como primera cuota mensual y éste en contraprestación pone a disposición el canal que representa". (Atestado N°ree; 07 -02-02 de la Dirección Nacional Antidrogas) Así, se sumaron a las investigaciones sobre peculado, tráfico de influencias, asociación ilícita para delinquir y otros delitos en agravio del Estado, las pesquisas de la DINFI (División de Investigaciones Financieras de la Dinandro) para conocer a fondo los movimientos financieros de papá e hijo Crousillat. En primer lugar , se ha constatado, según el libro de actas N°ree;
2 de la Compañía Peruana de Radiodifusión (Canal
4) que conforme a la sesión de directorio del 23 de noviembre de
1998 se nombra a José Enrique Crousillat presidente ejecutivo con
una remuneración mensual de $549,020 dólares. Dos meses
antes, César Hildebrandt había revelado conversaciones telefónicas
entre José Francisco, Montesinos y Daniel Borobio. El escándalo
forzó a JFC a pasar a segundo plano y ceder el timón de
la empresa a su padre, quien vino de Miami a Lima a cerrar el caño
tras los despilfarros del canal de las estrellas. Sin embargo, ahora se
descubre que mientras despedía trabajadores y cancelaba programas,
JEC se reservaba un sueldo fantástico.
También se constató, luego del análisis contable hecho por la DINFI que en 1999 Canal 4 obtuvo préstamos de terceras personas por un monto de S/. 3'662,118 soles y del propio JEC por S/. 2´384,664 soles. En el 2000 hubo otro préstamo de JEC por S/. 2'407,715 soles. No se ha identificado a las personas que prestaron dinero a América y ninguno de los interrogados durante las investigaciones ha esclarecido el origen último de dichos fondos, que podrían ser de la caja de Montesinos. La contadora Claudia Salardi ha sido contratada a fines de diciembre y su predecesora Leny Lee García se encuentra fuera del país. Las actas de América confirman el contrato de fideicomiso del 20 de enero de 1995 por el cual el total de las acciones de Perú Visión (empresa que creó JEC para manejar el 4) corresponden al Banco Nacional de México, garante de la operación por la que Televisa de México vendió el canal a los Crousillat y estos "le pagaron" con el dinero que ésta misma les prestó. Otro asiento en el libro de actas, el del 2 de marzo del 2001, hace
alusión al contrato de anticipo de herencia del 12 de febrero del
2001, celebrado días antes de que se le denuncie, por el cual JEC
cede sus 1'572,439 de acciones a sus hijas Marisol, Karen, Malú,
Frances y Jimena en partes alícuotas. Crousillat padre posee un departamento en la avenida Lima 535 en San
Miguel, un terreno en el lote 07 Mz U de Rinconanda del Lago en La Molina,
un vehículo placa PID-909 y dos Mercedes Benz. José Francisco
posee el vehículo AQQ-962 y no se ha encontrado ningún otro
bien a su nombre. Marisol, actual timonel de América, luego de
la fugaz gestión del chileno Marcos Assadi, ha sido beneficiada
con los dos Mercedes de papá. El de color gris placa KO-2326 le
fue transferido el 31 de julio del 2000, el de color negro placa AOZ-850
se le transfirió el 28 de febrero del 2001. La conclusión preliminar de la Dirandro es que "por falta de documentación contable y otras limitaciones, no se ha podido demostrar el ingreso del dinero o parte del mismo en los libros contables de las empresas Cía. Peruana de Radiodifusión, América Producciones y Perú Visión (...), ni el entregado según el videocassette N°ree; 1347-1348 (...); sin embargo es presumible que este dinero entregado pueda ser de la caja de fondos de Vladimiro Montesinos Torres que manejaba de manera ilícita". Depende del fiscal Espino ordenar que se amplíen las investigaciones. Es difícil pensar que la actividad delictiva de los Crousillat no haya salpicado al canal convirtiéndolo en tercero civilmente responsable, dando pie así a los pedidos de intervención judicial del procurador Luis Vargas Valdivia. El fiscal Oscar Zevallos ya los hizo suyos y en unos días deberá pronunciarse la jueza Sara Mayta. La decisión sería simple y expeditiva si no fuera porque puede alterar la continuidad de programas periodísticos que América ha querido críticos como nunca. Contra cualquier acción judicial, América prefiere acogerse
al paraguas de la reestructuración empresarial, esa herencia del
fujimorismo que faculta a muchos empresarios a hacer perromuerto y competir
deslealmente. Mientras no esté listo un proyecto legislativo para
evitar estas distorsiones (sabemos que su presidente César Almeyda
tiene uno en carpeta) empresas desesperadas como el 4 se seguirán
aferrando a él. Bajo éste su futuro pinta igual de negro
pero los plazos son mucho más flexibles, tanto que podrían
durar años. En este momento, el Indecopi se encuentra revisando
las solicitudes de 560 acreedores de los que 433 son trabajadores, 121
empresas, 3 AFPs y 3 organismos tributarios; todos sumando alrededor de
120 millones de dólares. Aquellos que estén vinculados al
grupo Crousillat serían descartados para la instalación
de la Junta de Acreedores. Televisa, con más de 20 millones de
dólares y el Banco Wiese con alrededor de 5'750,000 tienen la mayor
opción para presidir la junta y decidir los plazos de la reestructuración,
cambiar o ratificar al directorio y eventualmente plantear la quiebra
del 4.
Todo el peso de estas responsabilidades económicas y penales distorsionan al poder y a los jueces la visión del caso Nicolás Lúcar. Su sentencia a 3 años de prisión no efectiva por entrevistar irresponsablemente a un difamador de Carlos Ferrero, con una orden de captura sorpresiva dictada el viernes en la noche, sumada a otra sentencia a 2 años por un caso similar que le sigue Baruch Ivcher, evidencia si no presiones políticas, la existencia de jueces que quieren ser más toledistas que Toledo. La inquina judicial no hace más que otorgar status de perseguido a quien el gobierno tiene por enemigo pues le dedica insidiosos -pero documentados- reportajes. Este inusitado interés de Lúcar por el periodismo de denuncia cojea de ese pie conspirativo que especula sobre varios personajes intentándoles adjudicar una intención venal (ver caso de Luis Arias Graziani en recuadro), en un intento desesperado por desacreditar a sus presuntos enemigos y responsables del embate judicial contra América. Pero sus reportajes son legítimos, encuentran eco en la ciudadanía ("La revista dominical" ya destronó a "Panorama" del top del ranking) y hay que tolerarlos mientras la acción de la justicia prosiga sin presiones ni pasiones.
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