Edición Nº 1727


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    ARTICULO

    27 de junio de 2002

    La Ultima Tentación de Tractebel
    Con la compra de Egasa y Egesur la multinacional belga-francesa aspira redondear una racha de inversiones en el continente.

    Cuando en 1896 don Francisco la Rosa y su tocayo, don Francisco Velazco, dos ilustres vecinos de Arequipa, instalaron el primer par de turbinas monofásicas sobre el río Chili (200 modestos KW), Tractebel ya era una transnacional belga con operaciones en Europa del Este, Italia, Francia, España, el Medio Oriente, Argentina e incluso Tailandia en el campo del gas y los tranvías. La semana pasada, la tradición energética de Arequipa colisionó con aquella igualmente centenaria de los belgas.

    Escribe MARCO ZILERI

    ILO será para muchos un puerto escondido en el sur, Bélgica un pequeño país en alguna parte de Europa y la empresa Tractebel, por cierto, una ilustre desconocida.

    Pero se tratan de tres hitos fundamentales para entender en su verdadera dimensión la sonada privatización de las generadoras de electricidad de Egasa y Egesur que gatillaron el ya famoso "characatazo" la semana pasada.

    Tractebel es la corporación belga-francesa que ofertó US$ 167 millones por ambas generadoras el pasado viernes 14. La única postora de un accidentado proceso, y cuya secuela sigue produciendo cortocircuitos políticos a lo largo de toda la línea.

    El destino de la subasta está ahora en manos de la Corte Superior de Arequipa (ver nota aparte). La sentencia ha de dictarse en las próximas tres semanas. En el ínterin vale la pena analizar lo que está en juego.

    Tractebel es uno de los diez consorcios de electricidad más grandes del mundo. El año pasado sus ventas fueron de US$ 25,7 mil millones, un incremento de 38 % con respecto al año anterior, y el equivalente a la deuda externa peruana.

    En Bélgica son responsables del 85 % de la oferta eléctrica y administran una veintena de usinas nucleares, amén de una multitud de otras generadoras diseñadas por su propio departamento de ingeniería. Por cierto, sus actividades abarcan en la actualidad más de 100 países en los cinco continentes y cuentan con 190,000 empleados.

    Eric De Muynck, presidente de Tractebel EGI Sudamérica, y Jan Flachet en Lima.

    Sus orígenes se remontan al año 1862 en la remota Bélgica. Entonces el negocio se basaba en la generación de energía a punta de gas y la instalación de tranvías (Tractebel viene de la palabra tracción). En esa época, claro, los tranvías eran halados por caballos, pero negocios son negocios. Y ya a fines del siglo XIX, aquel primer antecedente de la hoy gigantesca corporación europea, administraba redes de transporte en Bruselas, Barcelona, Madrid, París, Roma, las capitales de Europa del Este y hasta la mística Odessa.

    Su incursión en actividades estrictamente eléctricas caerían por su propio peso. El desarrollo de la electricidad revolucionó el mundo del transporte público, y los belgas no dejaron escapar esa oportunidad, un fenómeno parecido al que vivió Arequipa en la década de 1930.

    En los años entre las dos guerras mundiales, los múltiples holdings belgas que hoy son parte de Tractebel operaban en Francia, España, Lituania, Polonia, Rumania, Bulgaria, Grecia, Siria, Turquía, Egipto y Argentina.

    A partir de 1950, en los años de la posguerra, el surgimiento del socialismo y el nacionalismo estatizó muchos de sus activos y los belgas se vieron forzados a circunscribir sus actividades a la pequeña Bélgica y Francia donde preservaron su estatus de empresa privada por las rejustas.

    La bandera de la globalización les abrió trocha a partir de 1990 en América, Norte y Sur. En América del Norte (EE.UU., Canadá y México) ya tienen 47 plantas y tres empresas de distribución de gas en México.

    A Sudamérica regresaron primero por Argentina, haciéndose de una de las ocho distribuidoras de gas privatizadas en 1992.

    A partir de 1996 se expandieron por el resto del continente. Primero en Chile y luego en Brasil, en 1998, cuando adquirieron Litoral Gas, que abastece al sur del gigante sudamericano, Sao Paulo incluida, con una potencia de 3,800 MW.

    Una de sus plantas térmicas en Pont-Brulé.

    El Perú sería su próxima escala. Fueron postores para Electro Lima y en Electroandes, sin fortuna. En 1998 adquirieron la vetusta planta térmica de Southern Perú. En el año 2000 culminaron la construcción de la primera planta de generación eléctrica a carbón del país en Ilo con una inversión aproximada de US$ 300 millones.

    El año pasado ganaron la subasta para la distribución de gas de Camisea en Lima, que implica la instalación de 60 km de redes con una inversión de US$ 170 millones que entrarán en funcionamiento en el 2004. En los últimos días acaban de adquirir un 8 % del consorcio a cargo de la construcción del gasoducto que transportará el gas de Camisea hasta la costa peruana. Ya en 1999, Tractebel desarrolló el gasoducto Norandino, 1,000 km. de tubos que unen Argentina y Chile.

    CARETAS entrevistó la semana pasada a Eric De Muynick, presidente y CEO de Tractebel EGI Sudamérica y Jan Flatchet, quienes viajaron a Lima desde Brasil para evaluar el convulsionado escenario local. Ambos altos ejecutivos belgas ofrecieron en perfecto castellano algunas importantes precisiones sobre el valor estratégico que para ellos significa la compra de Egasa y Egesur y los compromisos de inversión contractualmente asumidos en caso de que concrete la subasta.

    -¿Por qué es importante para Uds. comprar Egasa y Egesur?

    -Porque complementa muy bien con nuestra planta de carbón EnerSur de Ilo. Tendríamos acceso a generación hidráulica que es muy importante, y el respaldo de máquinas térmicas que nos permitirían aprovechar mejor las unidades hidráulicas.

    -¿Cuáles son los planes?

    -Comercializar al máximo la energía que sale de las usinas. Egasa y Egesur dentro del grupo Tractebel tendrían más posibilidades no sólo de desarrollo energético, sino de hacer más contratos en el resto del país sin necesariamente instalar más potencia. También creemos que una empresa como Tractebel tiene más poder de inversión para mantener y modernizar las usinas lo que también es importante.

    -¿Las espaldas de Tractebel permitirían un mayor desarrollo comercial de esas generadoras del sur?

    -Creemos que Egasa y Egesur como empresas aisladas en el sur tienen más dificultades para comercializar su energía en el norte del país. Conocemos la región, el sistema de transmisión, a los clientes. Por eso creemos que es una buena oportunidad.

    El último grito de la moda energética a fines del siglo XIX era el gas.

    -¿Cuán marginal es el marcado del sur?

    -En el sur hay varios proyectos mineros por desarrollar: la expansión de Southern Perú, de Cerro Verde, Quellaveco y varios otros.

    -Se afirma que Egasa y Egesur no están obligadas a crecer para mantener su filo competitivo en el marco de un mercado interconectado.

    -Eso va a depender del desarrollo del mercado.

    -¿Pero Uds. tienen un compromiso de inversión?

    -El contrato nos obliga a afianzar las cuencas hidráulicas.

    -¿Cuánto tienen previsto invertir en esas obras?

    -US$ 20 millones.

    -Los protagonistas políticos han hablado de diferentes cifras que Uds. han de asumir.

    -US$ 20 millones. Está determinado de otra forma, pero el costo estimado es ése.

    -Se afirma que la mina Cerro Verde se ha comprometido en invertir US$ 6 millones en afianzar las cuencas.

    -No lo sabemos.

    -Uds. trabajan en el norte de Chile asociados con Codelco, una empresa pública (Tractebel tiene el 33 % de ElectroNorte) ¿No tienen entonces reparos en participar en concesiones mixtas en la que una parte de los activos queden en manos públicas?

    -Nosostros no tenemos nada contra ese modelo. Claro que Codelco es una empresa pública, pero no es del Estado. Opera con una lógica industrial, lo que un gobierno no necesariamente tiene. Pero nosostros creemos que podemos sobrevivir en ambos modelos.

    -¿Piensan interconectarse con los países vecinos?

    -Hoy no estamos pensando en términos de interconexión con Chile. Es un proyecto difícil desde varios puntos de vista: político y técnico, porque las frecuencias difieren. En Chile la frecuencia es de 50 hertz y en el Perú de 60 hertz. La interconexión es necesariamente cara.

    -¿Están Uds. también interesados en la concesión de las generadoras del norte del país?

    -Estamos mirando. No está determinado si nos interesa.

    -¿Es cierto que de concretarse la venta de Egasa y Egesur Uds. trasladarían sus oficinas a Arequipa?

    -Nuestro plan es que nosotros vamos a ir a Arequipa, Arequipa no va a tener que venir a nosotros.


     

    La Batalla Legal
    Corte Suprema de Arequipa decidirá el destino de Egasa.

    ¿Usted sabe quiénes son Rafael Cervantes Castillo, Benito Paredes Bedregal y Renato Díaz González? ¿No? Pues debería. En las manos de estos tres personajes se encuentra una decisión trascendental para el futuro económico y político del país. Cervantes, Paredes y Díaz son los miembros de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Arequipa que deberá determinar la legalidad de la reciente privatización de Egasa y Egesur.

    Demás está decir que deberán resolver un tema sumamente peliagudo. Baste decir que fue el causante de la erupción de indignación characata que sacudió el sur y mantuvo en vilo al país durante cinco días la semana que pasó. Las protestas, como se recordará, sólo se acallaron cuando el gobierno aceptó suspender los trámites de entrega de las empresas hasta que el Poder Judicial se pronunciara.

    Juan Manuel Guillén y sus abogados sostienen que el gobierno no puede vender Egasa porque es un bien que no le pertenece. Para Guillén esta empresa es patrimonio de la Región Arequipa.

    El Ejecutivo en cambio, afirma que es ilegal que un ente estatal, como la municipalidad de Arequipa, presente un recurso de amparo contra el gobierno. Por otro lado, sostienen que en este momento la persona legal "Región Arequipa", no existe y por lo tanto no puede ser poseedor de ningún bien.

    Enterados de estos argumentos, los vocales Rafael Cervantes Castillo, Benito Paredes Bedregal y Renato Díaz González tendrán que decidir cuál es valedero. Las presiones abundan y un fallo a favor o en contra puede desencadenar una temible tormenta política y social.

    A estas alturas y dada la trascendencia de su fallo cabe preguntar: ¿Quiénes son estos vocales? y ¿cuál es su trayectoria profesional?

    El presidente de la sala es Rafael Cervantes Castillo, un egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA). Se ha desempeñado como docente de la Facultad de Derecho de Universidad Católica Santa María (UCSM). Era un conocido militante aprista, pero renunció al partido tras ser nombrado vocal supremo durante el gobierno de Alan García. En 1992, luego del golpe del 5 abril fue destituido, pero fue repuesto hace tres meses por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

    Benito Paredes Bedregal, es vocal supremo de esta sala. Egresado al igual que Cervantes de la Facultad de Derecho de la UNSA, ha sido durante varios años el asesor legal de la dependencia del Ministerio de Agricultura en Arequipa. Algunos le cuestionan su afinidad con Ólger Vásquez, director regional de Agricultura de Arequipa y luego presidente del CTAR durante el régimen fujimorista. Vásquez está siendo investigado por malos manejos en su gestión y se encuentra con libertad provisional. Paredes ha trabajado en el Tribunal Registral de Arequipa. Fue nombrado vocal por el CNM hace un mes. Según dicen algunos de sus colegas es una persona con poco brillo y sin mayor práctica en temas de carácter constitucional.

    El último miembro de esta sala es Renato Díaz González. Abogado egresado de la UCSM acaba de ser nombrado vocal supremo. Su padre Óscar Díaz Valverde, fue presidente de la Superior de Arequipa, durante el decenio anterior y su tío, Luis Díaz Valverde fue miembro del tristemente recordado Tribunal Constitucional de la era fujimorista.

    En suma, según conspicuos constitucionalistas arequipeños, la sala no da la talla suficiente para hacerse cargo de semejante papa caliente, y es probable que al pronunciar el fallo terminen quemándose la boca.

    Se sabe que esta instancia es definitiva para el gobierno. Si confirman la sentencia anterior el Ejecutivo no tendrá dónde apelar, mientras que a los arequipeños les quedaría el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El pleito, pues puede alargarse.

     

     


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