Edición Nº 1727

27 de junio de 2002 Por AUGUSTO ELMORE

MUCHOS de mis lectores quizá se pregunten por qué no escribí mi página habitual en el último número, existiendo tantos temas nacionales que merecían opinión. Aparte de una razón personal muy poderosa, otro fue el motivo que me apartó de la computadora, mi cómplice en estos menesteres. La verdad es que en lugar de estar escribiendo me encontraba haciendo maletas para irme del país, porque en esos días el Perú no parecía un país sino un manicomio, en donde un huelguista de hambre macilento y susurrante movilizaba a las masas y provocaba la devastación de su propia ciudad con el pretexto de que el gobierno amenazaba con gratificarla con inversiones que hace muchos años no recibe. Pero no llegué al aeropuerto Jorge Chávez a tiempo porque las varias marchas también de protesta que encontré lo hacían imposible, así es que decidí postergar mi escape y heme aquí de vuelta a las andadas.

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Con la habilidad sibilina de abogado arequipeño que lo caracteriza, el alcalde de Arequipa, Juan Manuel Guillén, ha arrinconado al Ejecutivo arrancándole dos concesiones que él (y nosotros) está absolutamente seguro que ganará: 1°ree; Dejar la privatización de sus empresas eléctricas a la decisión del Poder Judicial y, 2°ree; Ir a consulta popular. No se necesita ser arequipeño y ni siquiera abogado para saber que ningún juez que pertenezca a la justicia peruana tendrá la entereza suficiente para expedir un dictamen en favor de la privatización. Hacerlo podría significarle al magistrado amanecer colgado de uno de los postes de la Plaza de Armas de su ciudad. Y, además, esa consulta popular es tan cantada, fraudulenta e incorrecta como la que se hizo, organizada y financiada por ONGs extranjeras, en Tambogrande. Guillén sabe que tiene todas las de ganar. De allí que le sea fácil asegurar que será elegido próximamente presidente de su región y, años más años menos, presidente del Perú. Con su tono cansino de huelguista de hambre salvado por la campana, este Guillén sabe mucho. Es más, se las sabe todas.

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Varias cosas han quedado demostradas con la insurrección organizada del Sur. La primera de ellas es el desenfadado y oportunista aprovechamiento que los líderes políticos hacen de las circunstancias: Alan García exigiendo el levantamiento del toque de queda en una ciudad amenazada por las turbas; y Lourdes Flores, también ella, la renuncia de todo el gabinete. Ejemplos de verdadera inconducta política.

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Hemos escuchado al alcalde Guillén y a otros arequipeños como él exigirle al presidente de la República, y a Fernando Olivera, a Fernando Rospigliosi, que le pidan disculpas a Arequipa. Y yo me pregunto: ¿Por qué nadie le exige a Guillén, que le pida disculpas a su ciudad, cuyo maltrato inspiró y propició, y a la que le ha hecho el aún más grave daño de marginarla de los beneficios -ahora reconocidos por todos los especialistas- que le iba a producir la privatización?

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Gracias a Guillén, que hizo de Epimeteo abriendo imprudentemente la caja de Pandora, así como a los que están en contra de la explotación minera en Tambogrande, y a los que ya insinúan lo mismo respecto del proyecto Playa Hermosa, de Tumbes, a los habitantes de Aguas Calientes en el Cusco que rechazan las obras de mejoramiento en su localidad y a toda la marejada reaccionaria que empieza a crecer en el país en contra del progreso, el Perú será reconocido en el futuro como el país de las oportunidades perdidas.

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A raíz de mi sospecha de que Sendero podría estar infiltrado en la ONG Oxfam - sospecha basada en la experiencia de conocer el lema ese de "el partido tiene mil ojos y mil oídos" (que para cualquier buen entendedor quiere decir que el P.C. del P. de Guzmán estaba infiltrado por todas partes)-, he merecido una respuesta indignada de algún lector, del director de Oxfam en el Perú, y de Francisco Soberón, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Me doy cuenta, pues, de que al tocar ese tema he pisado algunos callos. Aunque no soy podólogo (es decir especialista en callos), paso a comentar.

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Rechazo y niego la afirmación de Soberón de que la consulta popular realizada en Tambogrande fue, lo cito, democrática, pacífica y legal. Nada de eso, sino todo lo contrario, porque antes de llevarse a cabo se dinamitaron (método que justificaba sospechar de la presencia de Sendero en la zona), sí, dinamitaron, y destruyeron todas las instalaciones de la compañía minera en la zona, haciendo huir a sus empleados y funcionarios, además, claro, de darle un mensaje a los pobladores dubitativos. Ergo no fue pacífica. Y no fue legal, porque es contraria a la Constitución.

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La simple sospecha de que Sendero (o cualquier otro grupo radical conocido o desconocido) se haya infiltrado en una ONG no es, como altisonantemente afirma Soberón, "un dicho ultrajante y falto de seriedad". Que Oxfam y otras ONGs europeas no son la Virgen María lo prueba el hecho de que recientemente el juez español Baltasar Garzón haya abierto una investigación sobre la influencia y la actividad de grupos terroristas en diversas ONGs europeas. Los grupos radicales buscan disfrazar sus actividades con la cobertura de piel de cordero que le facilitan instituciones de diversa naturaleza, en las que por lo general encuentran financiación abundante basados en la ingenuidad de sus directivos. Mi sospecha, pues, es coincidente con la de alguien con tanta autoridad como el juez Garzón.

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Oxfam y las otras ONGs europeas y norteamericanas practican desde hace años una nueva clase de imperialismo: el del asistencialismo. Porque vienen al Perú a defender el indiscutido (ni siquiera la compañía minera lo discute) derecho de seguir sembrando limones, mientras harían algo mucho más efectivo quedándose en su viejo continente para luchar allí contra el proteccionismo y las sobretasas que impiden o dificultan (¿también a los limones?) el ingreso de nuestros productos agrícolas e industriales a sus países, empobreciendo a sus habitantes. La labor que realiza Oxfam parece muy meritoria, pero no deja de ser asistencialista. Que yo critique su participación en la farsa de la consulta popular en Tambogrande no afecta ni su buen nombre ni su reputación. En todo caso ese es mi derecho, como periodista que vive preocupado por las oportunidades que pierde el Perú. ¿O en nombre de qué debo callar mis sospechas?

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