Edición Nº 1728

Barras Simias
El fútbol como excusa de violencia. Este domingo, guerra avisada.

En la tribuna sur los hinchas de la U agreden al rival y se pelean entre sí a puñaladas.

LA violencia provocada por hinchas antisociales y delincuentes infiltrados ha hecho que la tarea de vigilar un espectáculo deportivo requiera militarizar los barrios colindantes al estadio. La última revuelta sucedió el miércoles 26 de junio, día del encuentro en el Monumental entre Universitario de Deportes y Alianza Lima. Cientos de hinchas sin control causaron el caos y desorden público en siete jurisdicciones: Ate-Vitarte, La Molina, Monterrico, San Borja, Santa Felicia y San Juan de Miraflores.

Al día siguiente, mientras decenas de ciudadanos se rehabilitaban de las heridas y barrían los vidrios rotos, las autoridades competentes se enfrascaban en una incontenible espiral de imputaciones. Todos se echaban la culpa entre sí. Pero quien finalmente se encargó de ponerle la cereza a la torta, fue Alfredo Gonzales. El congresista de la república le echó el pato al ministro del Interior Gino Costa, afirmando que éste, en su condición de aliancista, había suspendido el partido de revancha del 30 de junio, con el mezquino propósito de hacer tiempo para que el capitán José Soto se recupere de una hernia que no le permite jugar a plenitud. Inaudito

En realidad el partido siguiente, la final de la copa Apertura entre U y Alianza, se suspendió por "falta de garantías", por las amenazas de los barristas de la U, decididos a devolver con creces los agravios a su sede, y por el develamiento de almacenes de piedras, materiales contundentes y bombas molotov en las azoteas de las casas vecinas al estadio de Matute.

Posteriormente, los miembros de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional se reunieron, otra vez, para determinar la fecha y el escenario de la final suspendida. Se fijó la fecha para el domingo 7 de julio. Y para el lugar se barajó el nombre del Estadio Nacional, pensando que un escenario neutro reduciría el clima de violencia. Como segunda alternativa, el amenazado estadio aliancista de La Victoria.

Una resolución de ese tipo -jugar diez días después de los disturbios-, respondería al malestar de jugadores, entrenadores y dirigentes atrapados por un campeonato que debió terminar hace dos semanas. Los aplazamientos causados por los disturbios han hecho que jugadores como Roberto Molina, mediocampista de la U, jueguen con el contrato ya expirado. Y que, luego de la final, ambos equipos tengan menos de una semana de descanso antes del inicio del próximo campeonato, el de Clausura. Esas razones, netamente administrativas, habrían pesado más que la seguridad y el orden público.

Por lo pronto el alcalde de La Victoria, Jorge Bonifaz, haciéndose eco del temor de los vecinos, ha solicitado la presencia de 3,000 soldados del Ejército. Pero será la PNP la encargada de controlar los previsibles desmanes. El general PNP Mariano Segovia, jefe de la Sétima Región Policial, ha decretado la alerta roja en todas las comisarías de Lima y, sea donde sea, va a desplegar un plan de contingencia basado en la acción de 5,000 policías, más de 100 vehículos motorizados -entre patrulleros, motocicletas, portatropas y rompemanifestaciones- y dos helicópteros.

 

Unos cuatro mil policías, entre ellos los de la Unidad de Servicios Especiales, listos para actuar. Al lado: Con dirigentes así, difícil que Perú salga del hoyo y clasifique al mundial.

Lo que no se vio por la Tv. el día del clásico infame fue que muchos espectadores que estaban cómodamente instalados en las alturas de los palco-suites, exhibían una conducta igualmente incivilizada, provocando a los hinchas rivales de las tribunas populares con los insultos de costumbre, y arrojando escupitajos, colillas de cigarrillos, botellas y bolsas llenas de orines.

La PNP puede llegar a altos grados de efectividad. Sólo en un par de días identificó y capturó a los principales agresores de la productora de América TV. Las autoridades judiciales tienen ahora la oportunidad de aplicar las penas de cárcel consignadas en la Ley 26830 sobre la `Seguridad y Tranquilidad de la Población en Espectáculos Deportivos', promulgada el 25 de junio de 1997 y no aplicada hasta la fecha.

Urgen propuestas para que el vandalismo, que tiene por excusa el fútbol, no se convierta en una enfermedad endémica. Inglaterra, fichando a los violentos y aplicándoles la ley, corrigió a los temibles hooligans hasta convertir a sus estadios, hoy en día, en lugares agradables y seguros para apreciar fútbol.

La Prefectura de Lima ha pedido ampliar el plazo de detención de ley de uno a quince días, para permitir más eficaces investigaciones. E instalar cámaras de vigilancia alrededor de los estadios a la usanza de la plaza Times Square, de Nueva York, donde hay 124.

En cuanto a los infractores menores, que son la mayoría, hay una idea alternativa de rehabilitación y reinserción social propuesta por la `Oficina de DDHH y Participación Ciudadana de la Sétima Región Policial' (Sección Barras Bravas y Pandillaje), al mando del comandante PNP Santiago Vizcarra. Se trata del sistema Boot Camp, especie de campamento con instructores militarizados al estilo de "¿¡Qué me mira cadete!?, ¿¡quiere que le regale una fotografía mía calato!?" En EE.UU. y en forma esporádica en las comisarías de Surquillo, Chorrillos y Santa Anita se utiliza este tipo de programas para enderezar a las pandillas. Según la propuesta, nada mejor que largos meses de disciplina, ejercicio físico y trabajo comunitario -limpieza de playas, mantenimiento de carreteras, jardinería y pintado de cuarteles o locales públicos- para desfogar esa energía reprimida y malamente dirigida a ocasionar el terror y destruir la propiedad pública y privada.

Así que el barrista tiene ahora dos alternativas: optar por la foto de su instructor militar en traje de Adán o por la suya propia adornando las páginas policiales de los diarios, la mañana siguiente después del clásico. (Gastón Agurto)

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