Escribe KELA LEON

ES por pura coincidencia que en una misma semana el Presidente Toledo haya suscrito el convenio para el proyecto del Gobierno Electrónico con el presidente de Microsoft, Bill Gates y que el Congreso de la República aprobara la ahora controvertida Ley de Transparencia y Acceso a la Información.

Pero en realidad, ambas iniciativas tienen mucho en común. Han sido concebidas como poderosas herramientas ciudadanas para fiscalizar a sus autoridades, buscan promover la transparencia en los asuntos del Estado, combatir la corrupción y la cultura del secreto.

Lo que no es coincidencia, es que en el ámbito internacional, incluyendo el financiero —el FMI, el BID y el Banco Mundial por ejemplo— el tema del "gobierno electrónico", también conocido como "democracia electrónica", así como el de las leyes de transparencia y acceso a la información pública se han convertido en importantes indicadores en los procesos de evaluación de los países, particularmente aquellos que solicitan créditos internacionales, como el Perú.

De ahí que , si el gobierno quiere ser consecuente con las promesas sobre la promoción de la transparencia, profesadas tanto en casa como en estos días en Seattle, es fundamental que revise con detenimiento, e intente conjugar las dos iniciativas.

La primera es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública aprobada por el Congreso de la República el miércoles 10 y que autografiada por Carlos Ferrero Costa deberá ser promulgada u observada por el Ejecutivo en los próximos días. (CARETAS 1728 y1729).

Como bien lo alertó el comunicado del Consejo de la Prensa Peruana esta semana, la Ley muestra serios vacíos y ningún avance en su capítulo 15 referido a las Excepciones al acceso ciudadano a la información. No sin razón los entendidos señalan que por sus excepciones se mide el calibre de una ley de acceso a la información. Lamentablemente, y pese a numerosas llamadas de precaución, parecería que en la premura por pasar la Ley, los congresistas desperdiciaron la oportunidad de tomar al toro por las astas. (ver comunicado del Consejo de la Prensa Peruana).

El segundo tema al que el gobierno debería prestarle especial atención precisamente ahora que ha obtenido los fondos y por lo tanto se ha comprometido a iniciar el difícil proceso hacia un "Gobierno electrónico", es el de la transparencia; sobre todo aquella relacionada con la información económica y fiscal.

En este aspecto la La Ley de Transparencia y Acceso a la Información se vuelve a quedar corta porque omite señalar la obligatoriedad bajo responsabilidad de las entidades públicas de actualizar sus portales en Internet.

No hay que ser mago ni es necesario adivinar los problemas que podrían suscitarse al promulgar una ley de transparencia incompleta. Basta con darle seguimiento, como lo ha hecho el Consejo de la Prensa, la Defensoría del Pueblo y Ciudadanos al Día al cumplimiento de dos normas promulgadas durante el Gobierno de Transición.

Es más, son desalentadores los resultados obtenidos luego de más de un año y medio de promulgados el DS-0018, que contempla los mecanismos para facilitar el acceso ciudadano a la información; y el DU 0035-2001 que promueve la transparencia económica y fiscal del Estado. (ver cuadro).

Para muestra un botón. Entre los Ministerios que nunca han publicado su presupuesto anual o ejecutado, están, el Ministerio Público y la Fiscalía de la Nación —institución precisamente responsable de hacer cumplir las leyes—, el Ministerio de Trabajo y Promoción Social, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción y el Consejo Nacional de la Magistratura. (ver recuadro).

Asimismo, los Ministerios de Defensa, Educación, Trabajo y Promoción Social, Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción y el Consejo Nacional de la Magistratura nunca han publicado sus presupuestos ejecutados.