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Edición Nº 1731 |
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Terror
Suelto En Plaza
COMO Defensor adjunto para temas carcelarios, Wilfredo Pedraza es quien más contacto ha tenido con la cúpula terrorista en prisión. Acaba de ser "prestado" por su institución para dirigir la Unidad de Investigaciones Especiales en la Comisión de la Verdad, la que se encargará de establecer los casos que puedan ser judicializados. La paranoia se respira en el ambiente por el enfrentamiento entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Estado peruano por el caso de Lori Berenson y la presentación de hábeas corpus por parte de personajes como Maritza Garrido Lecca. ¿Estamos frente a una amenaza? Pedraza guarda la calma y desenvaina sus únicas armas. Las jurídicas. -Alguien cercano a Guzmán nos comentaba que su intención no era ser liberado, sino que salieran los menos responsables. Luego del hábeas corpus de Garrido Lecca, ¿cree que él la imite? -Por ahora no, pero todos los encarcelados en la Base Naval quisieran salir eventualmente en libertad. Me queda claro. Le he preguntado a Guzmán cómo se avizora dentro de algunos años y me ha dicho que no ha terminado de reflexionar sobre el tema. Creo que es un zorro. Califica esto como proceso político y piensa que debería terminar con una amnistía general. No juegan con plazos. -¿Y a usted le parece que la sociedad estaría dispuesta a aceptar la reinserción de él y otros? -Definitivamente no. Personalmente me parece una locura. No creo que nadie impulse la libertad de los líderes, lo que se impulsa son las libertades progresivas a partir de la constatación de gente desvinculada desde hace muchos años, que la propia Policía tiene identificada. Allí trabajaron las iglesias que hicieron un seguimiento permanente. Hay 2,200 internos por terrorismo de los cuales 750 fueron condenados por traición a la patria. Hoy no se puede afirmar que todos responden a la subversión, a lo sumo es un tercio. -La advertencia del juez Marcos Ibazeta es seria. ¿Cree que los terroristas podrían utilizar los hábeas corpus como puerta de salida? -Su posición es tremendista. En todo caso, los hábeas
corpus tienen efectos individuales, no son multiplicadores.
-¿A qué puede llegar la situación con la CIDH y sus recomendaciones sobre el caso Lori Berenson? -No es tan complicado. La Corte ha emitido muchas sentencias
contra el Estado por violaciones al debido proceso. Sólo en una
se ordenó la libertad, en el de Loayza Tamayo en 1987. -La Comisión resolvió una demanda interpuesta en 1998, antes de su nuevo proceso en el fuero común. Es muy distinto el escenario hoy y en el informe lo reconocen. Pero dicen que eso no cambia la afectación que ya sufrió. Por esa situación le pide al Estado "reparación integral". No dice cómo, lo cual debe diseñarse. Respecto al nuevo proceso, sólo cuestiona la legislación. Ambos temas no son complejos. El gran reto es pasar de la legislación de dictadura a una en democracia. No tengo problemas en decir que es inevitable que se revisen todos los procesos que el fuero militar tramitó. -Eso alcanza a los cabecillas. -Claro. La revisión de todos los procesos no es darle ventajas a la subversión ni liberar a nadie. Es legitimar la democracia y la autoridad judicial. Es darle una lección a la subversión. -¿Cuáles son en su opinión los puntos más flacos del actual proyecto del Ejecutivo? -Mantiene la estructura de la legislación anterior y tipifica
el terrorismo desvinculándolo de cualquier organización.
Así, no hay ninguna diferencia entre un subversivo que pone dinamita
en una casa y el que hace un atentado por simple venganza. Hay que mantener
la cadena perpetua pero como la que tiene España, Alemania e Italia,
con un mecanismo de revisión cada 25 ó 30 años, lo
que no implica necesariamente la libertad.
-¿Esta ley también nos puede meter en un embrollo a futuro? -Sí. Se inhabilita al preso para cargos públicos futuros, lo que lo mata civilmente y es inconstitucional. Se crea una nueva forma de pena llamada internación que se aplicaría a los reincidentes, por un período de 30 años. Es un problema no llamar a las cosas por su nombre, si hay que aumentarle la pena para qué llamarla internación, es un eufemismo. Supuestamente es un lugar especial en el que habrá un control permanente, digamos que están tratando al reincidente como un enfermo al que hay que cuidar. -Parece una película de Kubrick. -Exactamente. Se hace barroca la legislación con figuras inexistentes. Por otro lado, me parece bien que bajen a 15 años el delito de colaboración aunque todavía sea una condena alta si ésta es nimia. Lo mejor es que finalmente se abandona el delito de traición a la patria que redime una aberración jurídica. Lo ideal es que el terrorismo permanezca en la legislación ordinaria, como se hizo con el Código Penal en 1991, no como una ley excepcional. Ahora la quieren llamar Texto Unico Ordenado de la Ley de Terrorismo. Es insistir en la misma lógica y entregar razones en bandeja a las críticas. -Aprodeh es muy crítico con el manejo que el actual ministro de Justicia le da a los penales. ¿Comparte esa opinión? -Sin duda. Hay dos lógicas. La del ministro García Sayán fue democratizar la legislación y adecuarnos a los estándares internacionales. La del ministro Olivera es la de responder sólo a criterios de contención y de suponer que la seguridad y el respeto de los derechos de las personas son temas contradictorios. Lo que ha hecho Olivera es detener esos avances, si los hubiera continuado, si hubiera cambiado la legislación, no tendríamos hoy el problema de Berenson.
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