Edición Nº 1731


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    ARTICULO

    25 de julio de 2002

    Apuesta en la Cumbre
    No es que los Presidentes García, Paniagua y Toledo se hayan puesto de acuerdo en todo. Simplemente, en un momento de madurez colectiva, han apostado a que el Perú será, eventualmente, más grande que sus problemas.

    Un nuevo momento de la transición. Paniagua propuso pasar de la democracia representativa a la democracia participativa.

    Escribe CESAR LEVANO

    LA firma del Acuerdo Nacional este lunes en Palacio tuvo insólitos preludios y notas escabrosas que no anulan su trascendencia. En todo caso, lo que el público ha podido ver es un auténtico fenómeno: todos los partidos importantes participando, junto con el gobierno y representantes de la sociedad civil, en un hecho que para muchos puede parecer sólo una noble declaración de principios.

    Pocos saben que antes de la ceremonia palaciega, se produjeron coincidencias inesperadas. Así, el texto de la Política de Estado 15, "Afirmación de una Economía Social de Mercado", fue escrito por la Confiep y la CGTP. Como quien dice el agua y el aceite en trabajada conjugación.

    Más ignorado aún es cierto curioso episodio posterior a la firma. Al final de la cena que después de la firma el Presidente Toledo ofreció a sus centenares de invitados, el obispo de Chimbote, Monseñor Luis Bambarén, se levantó de pronto para decir: "Este evento no puede terminar sin que rinda homenaje a Roberto Dañino, el hombre que animó el esfuerzo". Todos los presentes aplaudieron de pie al ex Premier.

    Lo curioso es que Dañino había sugerido que esa cena no se realizara. La historia la refirió Jorge del Castillo en estos términos, horas antes de la ceremonia y de su corolario gastronómico: "Yo le dije a Dañino que esa cena, programada a un costo de veintiséis mil dólares, no debía realizarse, en un momento en que hay sesenta puneños muertos de frío y treinta jóvenes muertos en un incendio. Eso puede dañar la imagen del Acuerdo."

    Dañino transmitió a Toledo la sugerencia. Sin resultados. Si éstos hubieran sido favorables a la anulación, si todo hubiera terminado con un simple brindis y una sobria cena para los descollantes, como correspondía al luto y a la pobreza del país, Dañino no hubiera gozado del desagravio propuesto por Bambarén.

    Por lo demás, Alan García, Jorge del Castillo y Lourdes Flores se retiraron antes de que empezara el suculento festín.

    El aplauso de pie a Dañino indica el grado de consenso que el Acuerdo había inspirado, más allá de las personas. Pero también el reconocimiento al trabajo de Dañino, que no hay por qué regatearle ahora que no ejerce el poder.

    Visto en el plano político, el Acuerdo es una prueba de sensatez de los sectores políticos y de la llamada sociedad civil -gremios empresariales y sindicales , órganos regionales, Iglesias-. Asimismo es una prueba de generosidad, en particular de los partidos y organizaciones situados en la oposición. Esta pudo sentirse tentada a no acompañar en la faena a un régimen que está de capa caída en aprobación ciudadana.

    El desagravio a Dañino se hizo necesario porque en su discurso, preparado por ajenas manos, Toledo no le agradeció ni lo mencionó para nada. Resultó un silencio demasiado elocuente.

    Ya en su discurso de investidura, agosto del 2001, Dañino había propuesto seguir la ruta del Acuerdo de Gobernabilidad hasta lograr un Acuerdo Nacional.

    LA INICIATIVA MOHME

    Más de un político o analista ha aludido en estos días al Acuerdo de Gobernabilidad que, a iniciativa de Gustavo Mohme, se firmó en el hotel Bolívar el 24 de noviembre de 1999. Toledo aludió al hecho de que ese Acuerdo suscitó entonces la crítica, cuando no la apatía, de muchos, "pero los acontecimientos, y nosotros mismos, demostramos que nos encontrábamos en el camino correcto".

    La verdad es que Toledo no fue un gran entusiasta del Acuerdo aquel. La prueba es que fue el último en llegar al Bolívar para la firma. No sólo eso, el día anterior había declarado a Gestión: "Sería muy saludable para el país que el jefe de Estado (Fujimori) suscriba el documento que constituye una muestra de madurez de la clase política del país".

    Conducta parecida tuvo Luis Castañeda. Fue, como señaló CARETAS 1596, el "más retrechero" para la suscripción. Fue quien más observaciones hizo al proyecto de texto y el que más modificaciones logró introducir. Después de la firma, el entonces jefe de Solidaridad Nacional declaró que "se debería llamar a la gente de la mayoría (fujimorista) a firmar el Acuerdo".

    Esos antecedentes sirven para subrayar la importancia del consenso ahora logrado. La aprobación no ha sido sólo cupular en esta ocasión. El texto se ha plasmado con la contribución de 26 Foros Descentralizados en todo el país, en los que participaron 2,163 instituciones (Mesas de Lucha contra la Pobreza, colegios profesionales, universidades, comunidades campesinas y nativas, frentes regionales, organizaciones de mujeres, clubes de madres, sindicatos, organizaciones de derechos humanos, etc.).

    Como los demás, Lourdes Flores puso el acento en la concordancia por encima de discrepancias.

    NOTAS Y DISONANCIAS

    No todos los firmantes del lunes se dejaron arrastrar por ese espíritu de convergencia. Fernando Olivera no perdió la ocasión para desentonar. "¡Basta ya de la escopeta de doble cañón!", exclamó. El tiro le salió por la culata, porque estaba apuntando contra la concordancia alcanzada. Un diplomático latinoamericano comentó: "Usar ese podio para eso revela falta de sentido político". Otro fue más contundente: "Ese gesto lo descalifica para ser embajador en cualquier parte. Reveló falta de tino".

    El texto leído (felizmente) por Toledo contuvo algunas ligerezas notorias. Por ejemplo, cuando señaló: "Este Acuerdo nos permitirá destinar como mínimo el seis por ciento del PBI a la educación." En realidad, el Acuerdo en su Décimo Segunda Política de Estado propone garantizar "recursos para la reforma educativa otorgando un incremento mínimo anual en el presupuesto del sector educación equivalente al 0.25 % del PBI, hasta que éste alcance un monto global equivalente al 6 % del PBI".

    Si alguien tomara al pie de la letra las palabras de Toledo, podría exigir que este año, con un PBI de US$ 55 mil millones, se destinaran 3,300 millones de dólares a la educación.

    Otro gazapo del discurso, que se mantiene en la versión oficial de El Peruano del martes, es éste: "el Acuerdo Nacional no es un punto de partida sino de llegada". La definición correcta es al revés.

    La idea de que el Acuerdo es una propuesta para los próximos veinte años pudiera hacer pensar que se trata de un plan de largo plazo. Pues bien, como sentenció John Maynard Keynes, "en el largo plazo todos estaremos muertos". No se trata de eso: es un plan que intenta desplegarse a lo largo de veinte años, pero puede entrar en vigencia ya en diversos aspectos (ver entrevista a Roberto Dañino en CARETAS 1730). Otra virtud del acuerdo es que no propone suprimir discrepancias ni cerrarse al aporte de ideas y fuerzas nuevas.

    El Presidente ha prometido que para este 28 de julio su Mensaje contendrá tres propuestas importantes desprendidas del Acuerdo (ver nota aparte). Una de ellas restablece la planificación en el país. Después de todo, un Centro o Instituto de Planificación puede y debe ser el laboratorio en que las ideas se convierten en proyectos dignos de ser sometidos a la aprobación de los cooperantes internacionales. Por falta de proyectos bien trabajados hasta ahora sólo hemos recibido 180 millones de dólares de los 1,800 de la Mesa de Donantes asentada en Madrid, hace más de un año.

    Hay sin duda en el Acuerdo lagunas o indefiniciones, como las que señala Oscar Ugarteche (ver nota sobre Salvedades). Pero es una plataforma de lanzamiento para un proyecto histórico. Es el intento, por primera vez políticamente plasmado en la marcha de la República, para ver y construir al Perú desde el punto de vista del futuro. Las correcciones las impondrá la historia.


     

    Racimo de Salvedades
    No sé adónde quieren llevar al país, dice Oscar Ugarteche.

     

    Bambarén enmendó una plana en la cena final.

    EL Acuerdo Nacional no implica en realidad un acuerdo sobre la economía. Tal es el punto de vista tajante de Oscar Ugarteche. En el texto no se dice, sostiene, adónde quieren llevar al país. "¿Quieren que sigamos siendo un país minero exportador, como en el siglo XIX? ¿Un país industrial? ¿Un país agrario? ¿Un país que gira en torno del turismo, como España?"

    Otra pregunta del economista es: "¿Queremos ser un país de emigrantes que huyen?"

    Ugarteche considera que en el debate entre agricultura y minería, la respuesta debe ser: la agricultura. En el debate sobre agricultura e industria, la respuesta consiguiente es: industria. También puede optarse por un país a la vez agrario e industrial. Y promover la agroindustria.

    "Pero nuestras capas dirigentes y nuestros empresarios", expresa, "no piensan en términos de una gran definición nacional. Tienen la cabeza en Miami". "Para muchos de ellos, el problema es cómo sacarle recursos al Estado, para enriquecerse. Piénsese nomás que en el régimen anterior se tiraron US$ 9,500 millones de la cooperación internacional".

    "Estoy aterrado. El otro día salí de una reunión en el Banco Central de Reserva en que comprobé que muchos piensan allí que el país no va más".

    El Apra, por su parte, también formula algunas salvedades. Jorge del Castillo, su secretario general, dijo a CARETAS que el Acuerdo señala una ruta. "Para emprenderla", afirma, "el Presidente Toledo tiene que reconocer errores que lo han tirado al suelo. Su problema es volver a generar confianza".

    "Si no hace eso", considera Del Castillo, "el Presidente contribuiría a crear o aumentar la desconfianza respecto a la clase política que se ha comprometido con el Acuerdo. Por lo demás, el Acuerdo es de términos tan generales que no es difícil ponerse de acuerdo".

    Un aspecto no anotado por los analistas es la ausencia del problema de la deuda externa en las páginas del Acuerdo. Hay aquí una diferencia notable con el Pacto de Gobernabilidad suscrito por las fuerzas de oposición en noviembre de 1999. El Punto Segundo de éste proponía, en su cuarto párrafo: "Renegociación de la deuda externa mediante un plan concertado con nuestros acreedores que permita financiar el desarrollo productivo y el cumplimiento de las obligaciones."

    Una ausencia notoria corresponde a la Vigésima Novena Política de Estado, que se refiere al Acceso a la información, libertad de expresión y libertad de prensa. Allí, entre otras cosas, se dice: "Nos comprometemos también a resguardar la libertad de expresión y erradicar toda práctica que la limite, así como a asegurar el derecho ciudadano a una información veraz, objetiva y de calidad." Otras propuestas consisten en favorecer la autorregulación ética de los medios de comunicación y establecer una política contraria a todo tipo de información que lesione la dignidad y el honor de las personas. También postula el libre acceso a la información del Estado. Lástima nomás que esta Política no esté acompañada de las correspondientes matrices. Es decir, de los pasos que conducirán a las metas consignadas. (C. L.).

     

     


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