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Edición Nº 1732 |
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Protesta
Mayor EN 1998 el alcalde Alberto Andrade promovió la inversión en los pasajes Escribanos y Santa Rosa. Muchos de los comerciantes que apostaron por este tranquilo lugar del centro de Lima, como los que se encuentran en las inmediaciones de la Plaza Mayor, sufren hoy la impotencia y desesperación de ver sus negocios apagarse en cada cierre de la zona. Sienten que la autoridad municipal los ha abandonado y que el gobierno central procede sin importarle un bledo lo que suceda con ellos. Ante tal situación, Chachi Sanseviero, de la librería El Virrey, recuerda a Cortázar. "Lo que sucede en el Centro de Lima se parece a la historia de `Casa Tomada', pues cada día se van reduciendo los espacios de circulación, manifestación y de comercio". "Ahora ya no hago compras para el día siguiente pues nunca sé qué va a pasar", se queja Segio Cortez, administrador del Pardo's Chicken". Puedo almacenar el pollo por un día, pero ¿qué hago con las verduras y demás alimentos perecibles?". Para subsistir ha ingeniado una forma de retener a sus clientes: les pide que avisen por teléfono en qué momento llegan al acordonamiento policial para que los mozos con un cartel del restaurante los hagan pasar. La situación para el restaurante San Remo es igual de preocupante.
Su administradora Silvia Galdós, apunta que "el 28 de julio del
2001, un mes después de la inauguración del local, las ventas
llegaron a 3,000 nuevos soles". Este 28 de julio "ni para el té".
Pide a las autoridades que no dejen entrar a los protestantes al damero
de Pizarro. El problema es que en los alrededores de la plaza existe el
impedimento, pero incluyendo a comerciantes y compradores.
Para Guillermo Mubarak, de La Fábrica, los cierres perjudican el empleo. "Es primer año que no se contrata personal adicional por fiestas; por el contrario, en nuestro caso, hemos tenido que despedir a 22 personas pues las ventas se han reducido en un 80 %. Nuestros proveedores, pequeños talleres de confección, han visto disminuir así dramáticamente los pedidos, perjudicándose cerca de 200 familias". Ante tantos males, ¿qué hacer? Mubarak sugiere disciplinar a los protestantes. Y se podría pedir al ministro del Interior que no recurra al expediente fácil de bloquear calles por quítame estas pajas. La prefecta, por su lado, podría hacer un esfuerzo de imaginación y de concertación para programar las quejas estableciendo itinerarios y horarios (hasta las 11 a.m., por ejemplo, ya que las protestas se realizan en general en las mañanas), teniendo en consideración la no interrupción del tránsito. A estas alturas y dadas las circunstancias, no estaría mal que piense en un Reglamento de Marchas y Protestas. ¿Será mucho pedir? Son 450 los locales más perjudicados, a los que se suman muchísimos más por donde pasan las marchas. A ellos se ha unido el congresista Yonhy Lescano (AP), quien en abril presentó el proyecto de ley que considera que el cierre de calles, jirones y plazas dispuesto por el Poder Ejecutivo (con la anuencia aparente de la Municipalidad Metropolitana) que impiden el normal funcionamiento de establecimientos comerciales o industriales, debe ser objeto de pago de indemnización. Por supuesto, de acuerdo con el Código Civil, siempre que se acredite el daño causado. ¿Es necesaria la dación de una ley?, ¿no se podría proceder ya? (AAV-ASA).
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