CARETAS HOME PAGE

Las Patrullas de Dianderas
La fiscalía está a punto de demostrar que el planeamiento de Seguridad Ciudadana implementado por el ex director de la Policía tuvo tanto de teatral como de lucrativo.

La compra de 1,716 camionetas en 1999 y el 2000 habrían sido sobrevaluadas en US$ 3,4 millones.

Pronto será remitido a los juzgados anticorrupción otra denuncia contra el nuevo huésped del penal San Jorge, general PNP (r) Fernando Dianderas Ottone por estar involucrado en la sobrevaluación de 1,716 camionetas de patrullaje adquiridas entre noviembre de 1999 e inicios del 2000, cuando ocupaba el cargo de director general de la Policía.

La investigación también apunta como responsable a su compañero de penal, Gral. EP (r) César Saucedo Sánchez, quien para entonces era ministro del Interior.

Acaso en señal de alerta -interesada como siempre- Vladimiro Montesinos dijo hace poco a la jueza anticorrupción Victoria Sánchez durante una diligencia, que Dianderas recibió un millón de dólares por las adquisiciones.

Las pesquisas hasta ahora indican que la sobrevaluación total asciende a aproximadamente US$ 3'400,000, es decir, que en los respectivos contratos, cada camioneta excedía en aproximadamente US$ 2,000 su valor real.

Uno de los argumentos esgrimidos por los involucrados es que los vehículos "contaban con circulinas y equipos de radio"; sin embargo, se ha detectado que por tratarse de tal lote, hubo un descuento significativo.

Respecto a los contratos firmados el 10 de diciembre de 1999, el primero es por la compra de 1,026 camionetas Nissan modelo Pathfinder a la empresa MARUBENI CORPORATION por el valor de 2,602'761,775 yenes japoneses, que equivalen a 25 millones de dólares. El otro se refiere a la compra de 690 camionetas marca Toyota por 1,848'441,000 yenes japoneses -o 18 millones de dólares- a la empresa MITSUT & CO.LTD.

Las irregularidades también fueron investigadas por la actual cartera del Interior. Gino Costa el 5 y 6 de setiembre firmó resoluciones publicadas en El Peruano, sobre la autorización para que un procurador especial inicie proceso legal contra los que resulten responsables.

Si el fiscal Oscar Zevallos logra probar responsabilidades legales tanto a Dianderas como a Saucedo, pueden ser condenados a 15 años de prisión por el delito de colusión. De acuerdo a ley, los beneficios penitenciarios para ellos serán más rigurosos. (P.M).

• Según Comexperú, en los últimos veinte años, la región ha experimentado un notable crecimiento en sus exportaciones (25 % en promedio por cada quinquenio) pasando de US$ 65 mil millones en 1980 a US$172 mil millones para fines del 2001 que representan el 2.8 % del total a nivel mundial. Así, tal como lo demuestra el cuadro adjunto, Brasil, Argentina, Chile y Colombia fueron los únicos países que pudieron incrementar su participación en el monto exportador con relación a 1980. Mientras tanto, el Perú se encuentra en el grupo de los que han reducido dicha participación, observándose un comportamiento totalmente irregular que demuestra a primera vista la falta de un rumbo sólido en materia comercial.

• Si se analiza la tendencia de las exportaciones sudamericanas como porcentaje del PBI doméstico se tiene nuevamente que Chile y Colombia registraron incrementos, en el primer caso de 17 % en 1980 a 24 % en el 2001, y en el segundo caso de 12 % a 13% para el mismo intervalo. A estas naciones se les suman Ecuador y Paraguay que registraron un aumento de 5 % aproximadamente en el mismo indicador. Para el caso peruano ello significó de nuevo un retroceso, puesto que si bien en 1980 nuestras exportaciones representaban 19 % del producto bruto, hoy en día lo hace en alrededor de 13 %. Sintetizando, el Perú no sólo viene exportando menos en comparación con los vecinos de la zona (en muchos aspectos competidores directos), sino que además viene exportando cada vez menos en comparación con el desarrollo de nuestra propia economía, reflejando un escaso impulso a las actividades comerciales cada vez más preocupante.

Diversas, cuando no contradictorias, son las versiones que dan cuenta del nuevo vocero gubernamental que estaría cocinando Palacio. Todos los caminos conducen a Hugo Garavito, ex director expectorado de El Peruano por exceso de ayayerismo, como probable timonel de esta publicación. Sin embargo, un consejero presidencial prefirió zanjar toda especulación: "Lo del periódico está descartado. No se consiguió el sustento económico, Garavito no es ideólogo de nadie y la nueva estrategia de comunicaciones busca mejorar nuestra relación con los medios y no transitar en solitario". La Verdad -ese era el nombre que habían pensado los peruposibilistas antes de descubrir que un semanario ya se llamaba así- se mantendrá en stand by.

Cual si fuera una suerte de lotería, hace poco más de una semana un funcionario del gobierno de Gran Caymán envió una comunicación a la Procuraduría ad hoc con un ultimatum: si hasta el miércoles 18 el gobierno peruano no gestionaba -a través de una acción judicial- la devolución de los fondos congelados en la isla, éstos serían devueltos a sus titulares. Entre ellos US$ 300,000 a Grace Riggs, la "Gringa Grace", como se la conoce en los predios anticorrupción. Apenas recibió la comunicación, la procuradora adjunta Astrid Leigh se contactó con la Cancillería, pero en 7 días nada se pudo hacer. Al cierre de esta edición, era casi segura la devolución de fondos a Grace y otros.

Canciller Wagner. Le piden que aplique la congeladora.

En estos días en la Cancilleria no se habla de otra cosa que de las conclusiones a las que llegó la Comisión de la Verdad de RR.EE. que presidió el embajador Oswaldo de Rivero.
La Comisión señaló a los embajadores Roberto Villarán, Jaime Stiglich y Alejandro León como "gestores y ejecutores" del irregular cese de 120 diplomáticos luego del 5 abril del '92. Y a los embajadores Hugo Palma, Alfonso Rivero y Arturo Montoya se los sindicó como "colaboradores" de dicha acción. De inmediato, todos ellos cursaron cartas en las que se excusaban -con diversos énfasis- por su proceder, las mismas que fueron repartidas entre todos los funcionarios del servicio diplomático.
Según una fuente, las misivas no expresan un mea culpa fehaciente. Ninguno ha renunciado a los cargos que ocupa en la actualidad, lo cual está muy mal visto entre los hombres de la Cancillería. Aún no se sabe qué actitud tomará el ministro Allan Wagner (toda vez que los cargos administrativos han prescrito), pero más de uno le ha recomendado que mande a los pecadores a la congeladora.

Rey Terry: "No fue un despido arbitrario individual; fue un cese colectivo".

Luego de seis días de haber emitido el detonante fallo que ordena reponer a un promedio de 570 trabajadores sindicalizados despedidos por Telefónica, el Tribunal Constitucional declaró inadmisible la solicitud de nulidad planteada por Telefónica del Perú y aclaró a través de una nueva resolución que la sentencia se ajusta a la Constitución. Es decir, ni vuelta que darle.

La medida del Tribunal ha encolerizado -y unificado- a los empresarios. Julio Favre, presidente de la Confiep, lo expresó: "Este fallo es tanto o más grave que la estatización de la banca por Alan García en 1987, y es un golpe mortal al ATPDEA". Nada menos.

Pero Guillermo Rey Terry, flamante presidente del Tribunal Constitucional, aclaró: "Este no fue un despido arbitrario individual. Fue un cese colectivo que la empresa ha manejado como despido individual".

La ley de cese colectivo faculta a las empresas reducir hasta el diez por ciento de su personal por razones económicas o de mercado, previa autorización del Ministerio de Trabajo. De hecho, a esto se acogieron unas 300 empresas el año pasado, muchas de ellas mineras, debido a la caída de precios.

Claro que la situación de la Telefónica no puede ser tan dramática: de cajón reserva un 9 % de sus ingresos como gasto operativo antes de pagar impuestos, por contrato de privatización, según el Ministerio de Trabajo.

El hecho de que la Telefónica recurriera al despido masivo al día siguiente del retorno de la Comisión de Alto Nivel que fue a apagar el `characatazo' de Arequipa, echó más leña al fuego. La Telefónica es una de las empresas emblemáticas de la privatización y los despidos sólo contribuyeron a enrarecer aún más el panorama político.

En cambio, el fallo del Tribunal Constitucional había quitado la pólvora a la bomba laboral. Los portuarios habían emprendido un paro diario de dos horas, que podía crecer. Construcción Civil decidió el 14 retornar al Consejo Nacional de Trabajo. Y los trabajadores de Marcona volvieron a sus labores después de que el Ministerio de Trabajo decretó un aumento de 2.90 soles diarios.

Julio Favre de la Confiep y "telefónicos": de la pampa laboral a la bronca empresarial.

A los propietarios preocupa el aspecto que dispone que la Telefónica se abstenga de continuar con el ejercicio de los establecido por el artículo 34 del D.L. 728, Ley de Productividad Laboral -relativo a los despidos-, por su incompatibilidad con la Constitución Política del Perú.

Este aspecto ha sido interpretado por algunos empresarios como un retorno a la estabilidad laboral absoluta.

¿Es un temor fundado? Según fuentes judiciales, actualmente se encuentran en el Poder Judicial recursos de amparo de los sindicatos del Banco Continental, del Banco Central de Reserva, de Canal 4, del diario El Comercio, de empresas eléctricas como Endesa, entre otros. Cuando se agote la vía ordinaria judicial, éstos bien podrían elevarse hasta el máximo organismo constitucional.

Sin embargo, Rey Terry, señaló que la resolución es exclusiva para el caso de la Telefónica y que es muy difícil que haya dos casos exactamente iguales.

Aún así, para el abogado laboralista Luis Aparicio Valdez y ésta fue su opinión: "Resulta sorprendente la sentencia del TC cuando dice que es evidente que el segundo párrafo del Art. 34 del Decreto Legislativo 728 es inconstitucional, cuando todos los profesores universitarios, de todas las tendencias, miembros de la comisión de expertos de la Comisión de Trabajo y la propia comisión de Trabajo del Congreso, los empresarios y las centrales de los trabajadores han estado de acuerdo, al preparar el proyecto de Ley General del Trabajo y de reforma de la Constitución, en la validez constitucional de dicho dispositivo".

Como se sabe, el fallo del TC es inapelable. Esta puede haber contribuido inadvertidamente a contener la ofensiva sindical, sólo para ser sustituida por la bronca empresarial.