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Edición Nº 1743 |
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Se Armó
el Bolondrón
ESTE miércoles 16 retornó de Washington Ricardo La Hoz. Hasta allá fue el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), para hacer una exposición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este organismo solicitó explicaciones sobre la metodología de ratificación de funcionarios. Aquí en Lima, el mentado mecanismo volvió a desatar una pequeña tormenta con la no ratificación de 17 fiscales. Los miembros del CNM, La Hoz, Luis Flores, Fermín Chunga, Jorge Angulo, Teófilo Idrogo, Daniel Caballero y Jorge Lozada, guardaron silencio sobre lo fundamental. El Consejo no facilita los motivos por los cuales un funcionario es cesado. En julio, tres jueces no fueron ratificados y le pidieron a La Hoz copias de los dictámenes y resultados del proceso de ratificación. Además, solicitaron los vídeos de la entrevista personal por la que pasaron en el CNM. Los intentos de Eliana Araujo, Berna Morante y Máximo Antezana fueron infructuosos. En las cartas remitidas a los magistrados, a la Defensoría del Pueblo y al Consejo de la Prensa Peruana -instancias que acogieron el reclamo- La Hoz se niega a entregar la información basándose en la Ley Orgánica del Consejo. Esta dice que "es prohibido expedir informaciones de cualquier género a particulares o autoridades respecto a los resultados obtenidos en los procesos de evaluación". En la última poda llama la atención los casos de tres fiscales: Alejandro Espino, especializado en temas de narcotráfico, Richard Saavedra, de Derechos Humanos, y María del Pilar Peralta, antiterrorismo. TRES DESPIDOS
"De pronto sentí un silencio en mi despacho, mis asistentes daban vueltas. Ya se habían enterado, pero no sabían cómo decirme que había dejado de ser fiscal anticorrupción". Richard Saavedra le dijo a CARETAS que desconectó los teléfonos para digerir la noticia. Accedimos a algunos documentos -sin firmas ni sellos de ninguna especie- utilizados por la entidad para evaluar a Saavedra. En éstos se le acusa de no demostrar "iniciativa de capacitación en estudios de postgrado e idiomas". Además se cita su demora para llevar algunos casos e irregularidades en las investigaciones tras la Marcha de los 4 Suyos. Otra versión recogida en las instancias anticorrupción señala que el papel de Saavedra en las recientes investigaciones sobre el operativo Chavín de Huántar fueron determinantes para su salida. Fue él quien impulsó la orden de captura contra los comandos que participaron y, aunque el caso se derivó eventualmente a la justicia militar, es un tema que ha hecho mella en las Fuerzas Armadas. Saavedra recuerda que más de la mitad de la entrevista hecha frente a los Consejeros se basó en el controvertido caso. Uno de los documentos revisados califica a Saavedra como uno de los preferidos de la ex fiscal Blanca Nélida Colán. El mismo escrito señala que Ana Cecilia Magallanes es, además de corrupta, una "fiscal intratable y déspota". Magallanes es una proba profesional que ahora ha sido nombrada, irónicamente, como la reemplazante de Saavedra.
Alejandro Espino investigó temas de narcotráfico, lavado de dinero y tráfico de armas vinculados a Vladimiro Montesinos y su entorno. El jueves 10, un día antes de la conferencia de prensa del CNM, estaba en Alemania tomando las declaraciones al traficante de armas Charles Acelor (CARETAS 1742). La mañana del viernes formuló la segunda denuncia de narcotráfico contra Montesinos. Sindican a Espino de tener graves desbalances patrimoniales que él explica en la próspera situación de su esposa -Elizabeth Vásquez Marín-, una abogada tributarista y contadora pública de exitosa carrera. El puesto de Espino fue ocupado por Jorge Chávez Cotrina. Por las manos de María del Pilar Peralta tenían que pasar todas las investigaciones sobre terrorismo que regresaban al fuero civil para probables nuevos juicios. Ahora, dice que "quizás no me ratificaron porque decidí no tocar puertas y pedir recomendación". Las investigaciones y la fiscalización permanente son indispensables. Pero considerar como última palabra chismes, rumores y envidias puede provocar lamentables injusticias. Se trata de establecer mecanismos transparentes y estandarizados que le permitan al investigado tener un derecho del que goza cualquier ciudadano: saber las razones de su despido.
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