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Edición Nº 1746 |
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No Hay
Que Perder el Juicio
CUANDO en mayo de 1999 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió el fallo sobre un nuevo juzgamiento a los emerretistas chilenos, el cuco del retorno al terrorismo fue utilizado por el gobierno de Alberto Fujimori para declarar dicho fallo inejecutable, arbitrario e inconstitucional. Y de paso usarlo como argumento para el retiro del Perú de la competencia de la Corte. Una vez instalado el gobierno democrático de Alejandro Toledo, el retorno a la Corte fue inmediato y saludable. Y los fallos acatados: los terroristas chilenos vienen siendo juzgados en el fuero civil y la emerretista Lori Berenson fue sentenciada por un tribunal civil a 20 años de prisión. Cierto que dicha sentencia ha sido observada nuevamente por la CIDH, pero el Perú deberá defender desde el próximo enero a toda costa la legitimidad de dicho juicio. Sin embargo, una ola de acciones de hábeas corpus presentadas últimamente por terroristas sentenciados para anular sus procesos, muchos de ellos llevados a cabo en el fuero militar con jueces sin rostro, ha generado una inusitada ola de desinformación. Ciertamente, según el propio presidente de la Sala Penal Antiterrorista, Pablo Talavera, existirían cerca de 500 hábeas corpus de terroristas en trámite. Y, de acuerdo a otras fuentes judiciales consultadas, desde hace unos meses a diario se presenta un promedio de tres acciones de este tipo.
Esto ha traído de vuelta al cuco. Hay quienes como el ex presidente de la Sala Penal Antiterrorista, Marcos Ibazeta, deducen que a consecuencia de los hábeas corpus, en los nuevos juzgamientos los terroristas podrían resultar absueltos por falta de pruebas. Inclusive hay quienes en los corrillos judiciales comentan -a modo de broma siniestra- que si la defensa de Abimael Guzmán eventualmente se animara a interponer un hábeas corpus para volver a ser juzgado y éste es aceptado, su nueva sentencia en el fuero común podría determinar que el líder de Sendero Luminoso purgue sólo prisión domiciliaria porque su edad supera los 65 años. ¿Hay razones para creer en tales hipotéticas situaciones? El destacado jurista procesalista Juan Monroy Gálvez, nombrado el lunes 4 por el gobierno como juez ad hoc para formar parte de la Corte que resolverá el caso Berenson, opina lo siguiente: "Hay que comprender que no es consecuencia necesaria de la declaración de nulidad de un proceso que un condenado salga libre, sino que se le juzgue nuevamente respetando su derecho fundamental a un debido proceso.", afirma. La verdad, aunque duela, es que hace falta un sinceramiento. Si hubo juicios sumarísimos, ausencia de abogados defensores, y otros excesos, hay que reconocerlo. Si no que lo diga el padre Hubert Lanssiers quien ha tenido que evaluar cientos de pedidos de indultos de personas injustamente sentenciadas, decenas de las cuales lograron la gracia luego de 10 años de injustificada prisión.
LA BAILARINA Y SU OTRO JUICIO Por estos días, la bailarina y protectora de Abimael Guzmán, Maritza Garrido Lecca, viene siendo juzgada nuevamente. Esta vez en el fuero civil. La Sala Penal de Reos en Cárcel resolvió a su favor el 25 de setiembre pasado un recurso de hábeas corpus que anuló su proceso en el fuero militar. Garrido Lecca fue sentenciada por un tribunal militar el 7 de octubre de 1992 por el delito de traición a la patria y condenada a cadena perpetua. Para su abogado defensor, puede resultar una nueva oportunidad para rebajar su sentencia. Para su juzgador, Talavera, la pregunta es: "¿Con qué normas vamos a trabajar en los nuevos procesos? Hay serios problemas porque seguimos aplicando las normas que constitucionalmente han sido declaradas inaplicables por la CIDH y el Tribunal Constitucional", advierte. Le preocupa también el asunto de las pruebas testimoniales ya recogidas, que resultarán invalidadas. El juicio oral en el fuero civil a los terroristas chilenos Jaime Castillo Petruzzi, Lantauro Mellado Saavedra, María Concepción Pincheira y Alejandro Astorga Valdez -los tres primeros condenados a cadena perpetua acusados de formar parte del pelotón de mercenarios que ejecutaban los secuestros del MRTA- debió iniciarse el pasado 28 de octubre. Pero recusaron a sus juzgadores, recurriendo a similar recurso al utilizado por Vladimiro Montesinos para dilatar su proceso. El fiscal superior ha pedido 25 años de prisión para cada uno de ellos (Sonia Sullón B.)
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