Edición Nº 1754

Trinan las Aves, Truena Lucchetti
Lucchetti cierra su fábrica en Villa, pero conflicto jurídico entre el Perú y Chile está más rojo que salsa de tuco.

Cuatro años duró el espectacular litigio judicial con Lucchetti. Esta semana la empresa de pastas chilena anunició el cierre de sus operaciones. Ahora falta desmontarla.

LOS Pantanos de Villa están de fiesta. Danzan las garzas, zapatean los patos y hasta los zarapitos trinadores se bailan un huaylarsh. No es para menos. Esta semana Lucchetti clausuró finalmente las operaciones industriales de su fábrica ubicada en la única Zona Reservada de Lima.

Lo hizo a regañadientes, y desde Santiago de Chile. El directorio de Lucchetti tomó la decisión el martes 7, tras cinco horas de reunión. El abogado de la empresa, Edmundo Eluchans, manifestó su "indignación por una decisión brutal e ilegal que termina por arruinar definitivamente las operaciones de Lucchetti en el Perú".

Lucchetti optó por clausurar la fábrica antes de que entrara en rigor la ejecución coativa de desalojo dictada el pasado 31 de diciembre.

Ahora, la empresa afirma que demandará al Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con sede en Washington.

Eluchans se negó a referirse a los montos indemnizatorios que pretenden, pero expresó que los 150 millones de dólares que Lucchetti ha invertido en Perú "son una referencia importante para fijar la compensación". Así, la batalla se trasladó a las más altas esferas del Estado de ambos países.

Para someterse ante el Tribunal de Arbitraje del CIADI debe existir la anuencia de ambas partes en el conflicto. Lucchetti sí quiere. Pero Torre Tagle ha dicho manan.

El pasado sábado 4, el Presidente Alejandro Toledo convocó a una reunión de emergencia a la que asistieron el Canciller Allan Wagner y los embajadores del Perú en Chile y EE.UU., para apuntalar la posición peruana.

El CIADI es, en efecto, una instancia arbitral admitida en el Convenio de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPI) suscrito entre el Perú y Chile, y vigente desde agosto del 2001, para resolver conflictos que pudieran surgir entre las empresas y el Estado de ambos países.

 

Cancilleres Alvear y Wagner: la bola está en su cancha.

Sin embargo, la controversia entre la Municipalidad de Lima y la empresa chilena arrancó mucho antes, en enero de 1998. Ergo, argumenta Torre Tagle, Lucchetti podría presentar su demanda ante los tribunales peruanos pero no ante el CIADI.

El martes 7, tras el anuncio de Lucchetti de cierre de sus operaciones en Lima, el presidente Ricardo Lagos insistió en que el contencioso debe resolverse en tribunales internacionales. También la Canciller de Chile, Soledad Alvear, persistió en invocar la vigencia del APPI.

Rompiendo un coherente y respetuoso silencio sobre la controversia, el gobierno de Chile se zambulló de pico y patas en la materia a partir del fallo de clausura del Concejo de Lima en diciembre.

Llegó incluso a anunciar que "acompañará la decisión de la empresa de recurrir al CIADI", cuando, de acuerdo a la propia APPI, al Estado chileno "no le corresponde ser parte en dicha acción", como hizo bien en recordarlo Torre Tagle en un comunicado público el 25 de diciembre.

Esta es una disputa entre una empresa privada de Chile y la comuna limeña. Punto.

Existiendo diferencias de interpretación entre ambas naciones respecto a la competencia del APPI en el Caso Lucchetti, Torre Tagle plantea recurrir al artículo 9 del mismo. Este fija un plazo de seis meses para que bilateralmente se defina el procedimiento que puede seguir Lucchetti. Si fracasan las negociaciones, el contencioso sería sometido a un arbitraje internacional que zanje el asunto de formas. Recién entonces se resolvería si el CIADI entra a tallar o no. Mientras tanto, trinan las aves, truena Lucchetti.

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