Edición Nº 1754

Funerales y Facultades
Ante los restos de los comuneros de Lucanamarca masacrados por SL en 1982, el Presidente Alejandro Toledo rindió su homenaje. Esa noche anunciaría que el Ejecutivo solicitará facultades legislativas para llenar los vacîos de la ley antiterrorista.

Presidente Alejandro Toledo rindió homenaje a las víctimas asesinadas por SL en Lucanamarca y prometió que ningún terrorista saldrá libre.

El Pedido

RODEADO de los deudos y los sobrevivientes de la matanza de Lucanamarca el martes 7, el presidente Alejandro Toledo fue enfático al prometer que el "líder terrorista (Abimael Guzmán) que ordenó la masacre nunca sería excarcelado".

"Esta es mi promesa en memoria de aquellos que prefirieron morir antes que someterse a la actitud salvaje de Sendero Luminoso", aseveró.

Significativo anuncio que le devolvía el alma al cuerpo a un gran número de ciudadanos. Muchos pensaban que los terroristas serían liberados, luego de que el Tribunal Constitucional declarara la inconstitucionalidad de relevantes aspectos de los cinco decretos leyes antiterroristas promulgados por Alberto Fujimori tras el golpe del 5 abril.

Temor infundado, pues los magistraron señalaron expresamente que "esta sentencia no genera derecho de excarcelación para encarcelados ni procesados". Sin embargo, una activa campaña de los fujimoristas y del propio prófugo ex mandatario se encargaron de sembrar la duda.

Para mostrar que tiene todos los sentidos puestos en un tema tan sensible, Toledo esa misma noche dio un mensaje a la Nación acompañado de su gabinete ministerial en pleno.

Remarcó que la sentencia del TC cumple con "un mandato del ordenamiento jurídico internacional" y que de ninguna manera "se abre las puertas para la posible liberación de terroristas".

Sin embargo, señaló que se debe "legislar de inmediato para impedir cualquier resquicio jurídico, que pueda ser aprovechado por los terroristas o aquellos sectores interesados en sembrar incertidumbre en nuestro pueblo".

En ese sentido anunció cuatro medidas. La primera, solicitar con carácter de urgencia al Parlamento la delegación de facultades legislativas para "dictar normas claras y precisas sobre el terrorismo y seguridad ciudadana"; segunda, proponer al Poder Judicial la creación de "una sala nacional antiterrorista que permita agilizar los procesos penales en salas especiales"; tercero, el Consejo de Ministros brindará a "los jueces antiterroristas todo el apoyo económico y la máxima seguridad, para que puedan cumplir sus labores con eficacia y sin temor a represalias"; cuarto, crear un "grupo técnico de alto nivel adscrito a la Presidencia de la República y al Ministerio de Justicia con el propósito de contar con los mejores juristas para enfrentar al terrorismo".

El Ejecutivo demostró buenos reflejos. Ante la aparente pasividad de los otros Poderes del Estado salió decidido a tomar el toro por las astas.

 

El Ejecutivo solicitó al congreso medidas legislativas. Algunas bancadas le escamotearon un apoyo inmediato.

DESCUIDO IMPERDONABLE

La movida para solicitar facultades legislativas no se habría suscitado si es que el Ejecutivo y la bancada oficialista no se ponían las pilas 18 meses atrás.

En repetidas oportunidades, juristas renombrados, periodistas y defensores de derechos humanos, indicaron tempranamente que los decretos legislativos antiterroristas promulgados por Alberto Fujimori tras el golpe del 5 de abril, no se ajustaban a los mandatos de la Constitución vigente, y mucho menos a las normas internacionales, concretamente al Pacto de San José.

Lo cierto es que la sentencia del TC los agarró desprevenidos. Desde hace mucho tiempo existían suficientes señales que indicaban que el Tribunal adoptaría una medida de esta naturaleza. A pesar de ello no se preocuparon en preparar un proyecto de ley que reemplazara a la legislación antiterrorista fujimorista.

El descuido es imperdonable. La Defensoría del Pueblo permanentemente recordaba que el marco jurídico debía cambiarse.

Además, como recuerda Diego García Sayán, en junio del 2001 el Despacho de Justicia del gobierno de Transición dirigido por Valentín Paniagua, le hizo llegar a Perú Posible el Informe de la Comisión de Estudio y Revisión de la Legislación emitida desde 5 de abril de 1992.

En el informe se identificaron 16 áreas abiertamente anticonstitucionales que se recomendaba fueran derogadas o sustituidas por otras. Entre ellas estaba el marco jurídico antiterrorista promulgado por el gobierno de Fujimori.

¿Por qué no se hizo nada? Nadie lo entiende. La responsabilidad principal recae en el Congreso. El presidente de la Comisión de Justicia, Alcides Chamorro tuvo que admitir que "el tiempo les había ganado", aunque quiso dorar la píldora manifestando que en el fondo fue mejor que el TC emita su fallo antes para que después podamos hacer ajustes. La situación hubiese sido complicada si sacábamos un dictamen y el Tribunal decía cosas distintas".

Los ministros de Justicia del régimen también se desentendieron del problema. Tanto Fernando Olivera como Fausto Alvarado no actuaron con la debida celeridad y prefirieron esperar que esta papa caliente se pusiera al rojo vivo.

La Corte Suprema es otra institución que pecó por omisión. Olvidó su rol rector y no echó mano a su iniciativa legislativa para oportunamente resolver el impase actual.

Incluso uno de sus ex presidentes, Marcos Ibazeta se dio el lujo de criticar el fallo del TC, cuando no se conoce de gestiones suyas para evitar que el Estado peruano "sea acorralado por los terroristas", como señaló esta semana.

Tampoco es cierto que "la sentencia abra la puerta a una avalancha de habeas corpus". Tal alud se había producido antes. El fallo del TC más bien cierra la puerta.

"Antes del fallo de TC cualquier juez podía interpretar, de acuerdo a su criterio, los pedidos de inconstitucionalidad y ordenar la libertad del reo", sostiene el ex ministro de Justicia y RREE, Diego García Sayán. "La sentencia del TC ahora lo prohíbe expresamente, dictamen que rige para todos los magistrados. El que no lo acate incurre en prevaricato".

Por cierto, Ibazeta y otros también hablan de miles de terroristas, cuando los alcances del fallo del TC sólo se limita a las sentencias de Tribunales Militares. Es decir, 962 terroristas, según el Poder Judicial.

"Son reacciones politizadas que vienen repitiendo la monserga, al igual que Fujimori, de que 2,000 terroristas van a salir libres", afirma García Sayán.

 

García Sayán: soluciones para temas complejos. Der:. El TC presidido por Luis Alva emitió un fallo que nos devolvió al concierto jurídico interncional.

EL DEBATE DE LAS FACULTADES

La solicitud de facultades legislativas que el Ejecutivo le hizo al Congreso para dictar un nuevo marco jurídico antiterrorista, cambió por completo la agenda parlamentaria y política del país.

Si bien amplios sectores elogiaron la actitud firme del gobierno, inmediatamente se alzaron voces que se oponían a que el Ejecutivo asuma esta responsabilidad.

La reacción en contra más significativa y sorprendente, por tratarse de un aliado de PP, fue la de Alcides Chamorro. "El Congreso deberá defender sus fueros, porque la propia sentencia del Tribunal Constitucional exhorta a que sea el Congreso el que legisle en materia antiterrorista", dijo a CARETAS el congresista del FIM.

Y agregó: "En la decisión del Presidente hay un carácter político, un afán de protagonismo, de querer ser el abanderado de la legislación antiterrorista". El congresista, al parecer, se ha sentido desplazado, pues hasta ahora todos los reflectores lo alumbraban preferentemente.

Al cierre de esta edición, Chamorro confiaba en que el Congreso no cedería sus facultades. "He hecho un sondeo y el Apra va a defender el fuero parlamentario, igual la UPD y espero que mi bancada (FIM) me apoye también".

Curioso que un parlamentario del FIM esté de acuerdo con las posiciones apristas, pero así están las cosas en la política peruana por estos días.

Efectivamente, el congresista Jorge Del Castillo, anunció que su partido prefería no conceder las facultades por una posición principista. "A la hora de legislar sobre derechos humanos, se estila en todo el mundo que el Parlamento sea quien debata y promulgue este tipo de leyes", sostuvo.

Propuso, entonces que en el seno del Acuerdo Nacional se decida el marco general de la nueva legislación para que luego la Comisión de Justicia se encargue de ver los detalles técnicos. "Esto le daría una fuerza moral enorme a la nueva norma, pues nacería de un acuerdo de todas las fuerzas democráticas".

Antero Flores-Aráoz, en cambio, manifestó que le parecía sensato darle facultades al Ejecutivo. "En temas tan espiniosos y delicados como éste es aconsejable que una comisión de alto nivel se encargue de dictar la norma. Eso asegura un tratamiento técnico y coherente de un asunto que tiene innumerables aristas", afirmó el congresista de Unidad Nacional.

De este modo, al Ejecutivo se le puede complicar el panorama en el Congreso, pero dada la situación y la expectativa ciudadana se da por descontado una solución consensuada.

El fallo del TC y la solicitud de falcutades legislativas del Ejecutivo, ciertamente plantean un enorme desafío para el Poder Judicial. Sin embargo, la revisión de centenares de sentencias emanadas de los Tribunales Militares bien puede realizarse sin mayores aspavientos y demoras.

Por ejemplo, "la sala penal de la Corte Suprema se limita a revisar los expedientes en los pedidos de nulidad y bien podría repetirse este procedimiento para los casos de terrorismo", sostiene García Sayán.

Una sala especializada, como la que se está planteando crear podría además, contemplar la posibilidad de apelar para respetar el principio de la pluralidad de instancias.

Aparentemente las soluciones podrían ser más sencillas y prácticas de lo que se pensaba.

El Derrotero de Abimael
Manuel Fajardo, abogado de Guzmán, adelantó las movidas del líder terrorista.

 

Desde el fallo del Tribunal Constitucional, Fajardo ha escogido un perfil bajo y el refugio en sus oficinas de Azángaro.

AUNQUE algunos señalen en su patrocinado esa limitación, Manuel Fajardo Cravero, defensor de Abimael Guzmán, no es un abogado con un solo libro en la cabeza. "Como dice Sofocleto, yo soy un especialista en todo". Así se describió en uno de sus primeros encuentros con CARETAS. "Hago penal, civil, laboral, constitucional. De todo". Detrás de las bromas de un hombre que aparenta tener un excelente carácter, está el responsable de la acción de inconstitucionalidad que ha derramado litros de tinta en los titulares de los últimos días. La edición 1733 advirtió que el Tribunal Constitucional estudiaba el documento interpuesto el 11 de julio pasado. CARETAS trató en vano de volver a comunicarse con él luego del fallo. A pesar de eso quedaban reveladoras declaraciones que no fueron publicadas en un principio.

"Nos conocemos desde que yo vivía en Ayacucho", recordó al narrar los orígenes de su relación con el principal líder terrorista del Perú. "El no fue mi profesor, pero era una personalidad muy importante en la Universidad de Huamanga. Yo tenía vecindad con la familia (de la primera esposa de Guzmán, Augusta La Torre). Eran personas muy queridas allá y hubo algún nivel de trato. Se fueron cuando comenzaron esas cosas". Fajardo omitió contar los detalles de su vida a partir de ese momento y se limitó a afirmar que, si bien tiene "afinidad con el socialismo", no perteneció a grupo partidario alguno. Fuentes consultadas en la Dircote y la Comisión de la Verdad no lo recuerdan como parte del grupo de defensores de senderistas.

Fajardo contó que en noviembre del 2000 se volvió a conectar con Guzmán por medio de la madre de su pareja actual, Elena Iparraguirre (CARETAS 1724). "Fue una actitud personal. Me conmueve la situación carcelaria de la gente en general". Aunque Guzmán diste de ser una persona promedio, el abogado se familiarizó con su situación a través de "familiares y funcionarios políticos". No podía ocultar la intensa admiración que le despierta su cliente. "El doctor Guzmán me parece una persona extraordinaria", dijo.

Abimael lo llamó a la Base Naval del Callao. "Haberme conocido en el pasado no equivalía a saber si yo podía ser competente. Él mandó una solicitud al Consejo Supremo de Justicia y su suegra me pidió que me acercara. Yo presenté un escrito aceptando la designación como su abogado sin que él me hubiera ratificado. Soy su abogado desde junio del 2001".

¿Qué tan cerca estuvo Gonzalo del planeamiento de la acción legal? "Desde luego, lo conversamos largamente", acepta Fajardo. "No se necesitaba ser un genio para saber que ésa era una de las posibilidades". El contenido de las 38 páginas fue discutido y acordado con él.

La ofensiva legal de Sendero no se contrapone, advirtió, a la salida política que tanto anhelan. Fajardo trazó claramente el derrotero cuando se refirió a las Fuerzas del Estado: "lo que se requiere es que los crímenes de lesa humanidad no queden impunes. No se busca una venganza cruel, lo que se quiere es que sean sancionados dentro de los estándares internacionales de genocidio. Luego una amnistía puede beneficiar a todos". Es decir, en el alucinante esquema se pone al Estado al mismo nivel de los terroristas que iniciaron la barbarie. Después todos salen libres.

Las expectativas personales de Guzmán, insistió Fajardo, son más humildes. "Él califica como un breve trajín lo que le resta de vida y quiere empeñarse en conseguir la libertad de quienes se coadyuvaron con él por la lucha de una transformación social. Sabe que ése es un tema político que excede el marco jurídico. No se desespera por salir, tiene los pies firmes sobre la tierra". A juzgar por sus planes, la cabeza se le quedó en una nube arrogante. (Enrique Chávez)

Portada | Nos Escriben... | Mar de Fondo | Heduardo | Culturales | Caretas TV | Ellos & Ellas | Lugar Común | China te Cuenta Que... | Piedra de Toque |Mal Menor