Edición Nº 1756

De Tal Fallo, Tal Palo
Controvertida resolución de Jor ge Barreto agrava las diferencias entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. El último tiene graves deficiencias, pero el primero se puede quemar.

Cuidado con los proyectiles dirigidos. La manifestación del martes frente a Palacio de Justicia fue impulsada por el FIM y el partido de gobierno.

DE un día para otro se le vinieron varios años encima. Demacrado, el juez anticorrupción Jorge Barreto recorría su oficina al mediodía del martes 21. La noche anterior el congresista Heriberto Benítez (FIM) dio a conocer una resolución firmada por él un mes atrás. Allí ordenaba "la inmediata libertad del inculpado Vladimiro Montesinos" por exceso de carcelería en uno de los 76 procesos que enfrenta. El caso se refería al pago de US$ 2,000 que el ex asesor habría hecho a Carlos Gamboa -esposo de la ex congresista Carmen Lozada- por servir de informante en el Congreso.

Montesinos no salió en libertad por tener una condena de 9 años y 4 meses y todos los demás procesos en curso. Sin embargo, los diarios trituraron a Barreto y el personal de la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) acudió al despacho del juez para interrogarlo por casi cinco horas y revisar el expediente.

Para el procurador adjunto Ronald Gamarra la resolución en cuestión es "un acto sospechoso y casi delictivo", pero a ellos también se les escapó. La Procuraduría Ad-hoc ya había sido notificada días atrás y no apeló.

Guillermo Cabala, uno de los primeros en proponer la acumulación de los procesos anticorrupción, advierte que éstas son la consecuencias de su descuartizamiento. "El fraccionamiento de los casos los convierte en delitos diminutos y los grandes favorecidos son Fujimori y Montesinos".

La resolución se sumó a otros recientes fallos cuestionados por la opinión pública: la exculpación de Montesinos en el caso de Tráfico Ilícito de Drogas y la Marcha de los Cuatro Suyos, y la absolución de uno de los procesados por el caso de falsificación de firmas, al ser declarado el delito como "cosa juzgada".

 

Mortificado juez Barreto en la mañana del martes 20.

Otras contradicciones del sistema judicial saltan por doquier. Es imposible no reparar en que mientras la fiscalía solicita que un pecador político como Ernesto Gamarra pague una reparación civil de S/. 3 millones, el asesino Clímaco Basombrío (ver nota aparte) sólo tendrá que desembolsar S/. 50 mil. Confusión similar despierta la injustificada severidad en casos tratados con insistencia por CARETAS. Héctor Chumpitaz, Jacqueline Beltrán y Walter Chacón encabezan la lista.

¿QUIEN ES JORGE BARRETO?

Se graduó de San Marcos (1983) y egresó de la Maestría en Ciencias Penales en la misma universidad. Barreto se inició en 1983 como relator del Noveno Tribunal Correccional de Lima. En 1987 fue designado juez instructor suplente en la Corte de Lima y juez de menores. Luego pasó a tres juzgados penales: 11º, 35º y 18º.

En 1994 ganó una plaza en la convocatoria hecha por el Jurado de Honor de la Magistratura y fue nombrado juez penal titular. Lo designaron vocal superior provisional, pero tuvo que "descender a juez" cuando el entonces presidente de la Corte Superior, Sergio Salas, lo convocó junto a otros cinco magistrados para que integre el sistema anticorrupción. En julio del 2001 fue elegido miembro del Consejo Ejecutivo Distrital de Lima.

El juez Barreto no tiene propiedades llamativas. Posee una casa en Residencial Bancaria, un terreno en la Urbanización Cedros de Villa en Chorrillos y un automóvil de 1981. La última resolución, empero, termina de dibujar un perfil controversial:

"Para el carro", parecen decir ambos. Toledo consideró la resolución una "provocación".

• El procurador ad hoc Luis Vargas Valdivia señaló que Barreto se equivocó al exculpar a Montesinos por la muerte de seis vigilantes del Banco de la Nación durante la Marcha de los Cuatro Suyos el 28 de julio del 2000. El magistrado sólo responsabilizó a Montesinos por el delito de peculado al financiar la represión.

• En abril del 2002 reemplazó la orden de detención por la de libertad condicional para Montesinos y su testaferro Alberto Venero, en el proceso por tenencia ilegal de armas. Se había vencido el plazo de detención.

• El 13 de enero del 2003, la Oficina de Control Distrital de Magistrados (Odicma) le inició una investigación por liberar a Alberto Venero Nazar, hijo del testaferro del `Doc', al parecer por exceso de carcelería en el proceso de tenencia ilegal de armas.

• Es la segunda vez que la Ocma lo investiga. En octubre del 2001 fue suspendido 30 días por el entonces presidente de la Ocma, Guillermo Cabala, por adelantar opinión en el caso Lucchetti.

Los jueces anticorrupción cerraron filas. Jimena Cayo se mostró disgustada: "El propio Tribunal Constitucional ha cambiado dos veces su criterio sobre el artículo aplicado por el juez Barreto", sostuvo. "Los poderes Legislativo y Ejecutivo no pueden denigrar a una persona de trayectoria intachable".

En la otra ribera, se le exige resultados a un sistema anticorrupción que no tiene dónde caerse muerto. Cálculos del PJ revelan que bastarían tres asistentes más por cada juzgado especial para acelerar considerablemente los procesos. Aquello y una dotación de equipos adecuados tendría un costo anual de US$300 mil. Los jueces anticorrupción contribuyeron a recuperar US$145 millones que la mafia tenía en el exterior pero no tienen para pagar la gasolina y ¡les cortaron la Internet!

 

Hugo Sivina, un magistrado respetable, insiste en la formación de un Acuerdo Nacional. Der.: Ernesto Gamarra. Un pecado demasiado caro.

La jueza Magaly Báscones se pregunta si "éste es el pago que nos están dando. Nuestros fallos no pueden orientarse a contentar a la clase política. Parece que con toda esta atmósfera negativa se quiere desestabilizar al sistema anticorrupción". La respuesta puede tenerla Alejandro Toledo.

LA POLITICA PRACTICA

En las miserias del Poder Judicial, Palacio de Gobierno encontró una preciosa bomba de oxígeno que no ha dejado de aspirar desde que el año arrancó. El Presidente viene echando mano de un discurso confrontacional estrenado al llamar "aberrante" al fallo que eximió a Montesinos de los eventos en la Marcha de los 4 Suyos. Hugo Sivina comenzó sus labores como presidente de la Corte Suprema abogando por una reforma judicial en la que debían participar los distintos sectores de la sociedad y del propio sector Justicia. A partir de entonces, las idas y venidas presidenciales sobre la materia han funcionado como un péndulo: "existe una sensación en los ciudadanos de que no está pasando nada con la corrupción", dijo cuando los peruanos estaban en plena resaca de Año Nuevo. "No se pasen, voy a movilizar al país. En este tema no me va a parar nadie", anunció dos semanas después. Cada provocación fue sucedida por la reiteración de su respeto al Poder Judicial. En lo que va de enero, ha dicho dos veces que "nadie trabaja mejor su chacra que el que la siembra". Infla el pecho, pero Toledo siempre termina en la misma orilla de la reforma planteada por Sivina.

Entonces la discusión ¿es pura retórica? No tanto. El Presidente ha ido probando las aguas para ver qué tan lejos puede llegar en un tema que hasta ahora demuestra ser popularmente rentable. Sus ataques al Poder Judicial han ido en paralelo a una revitalización en las encuestas. Con los líderes políticos no le ha ido tan bien. A raíz de proponer una "cruzada" para reformar el PJ obtuvo una inicial respuesta favorable de Valentín Paniagua y Lourdes Flores. El lunes 20 ésta se convirtió en advertencias por parte de ambos. Lo mismo ocurrió con Alan García.

 

Cuestionados José Loza y Vicente Walde. Ambos de la Sala Permanente de Derecho Constitucional.

La aparente radicalización del Frente Independiente Moralizador también parece estar matizándose. Trascendió que Fausto Alvarado, ministro de Justicia, no tiene en la mira una poda general del sistema anticorrupción. Es consciente de la grave situación que se presentaría si se separa a magistrados familiarizados durante año y medio con los procesos.

El más inmisericorde cazador de gazapos que tiene el Presidente está en Tokio. Alberto Fujimori publicó en su página web una columna en la que vislumbra un escenario apocalíptico si es que Toledo declara el estado de emergencia que prometió "de liberarse a un sólo terrorista". Dramático, el prófugo ex mandatario recuerda los toques de queda en la década de los '80. Tal parece, los fantasmas que quiere proyectar confluyen con algunos demonios de Toledo. Todos están en la avenida Alfonso Ugarte.

El FIM y sectores de Perú Posible han alertado sobre la presencia de elementos afines al APRA en puestos claves del PJ. Congresistas apristas como José Luis Delgado, vicepresidente de la Comisión de Justicia, están entre los más vigorosos opositores a cualquier intromisión del Ejecutivo en el PJ. Dejan pocas dudas los antecedentes partidarios de vocales supremos como Isaac Gamero y Jovino Cabanillas (ambos de la Sala Penal Permanente), César Vega y Rafael Cervantes (Sala Penal Transitoria) y José Silva Vallejo (Sala Civil Permanente). Sin embargo, Lourdes Flores Nano relativizó la importancia del tema y señaló que en otros países los magistrados tienen simpatías políticas que no van necesariamente en detrimento de su independencia. Con todas las trincheras que abre últimamente, el Ejecutivo corre el riesgo de medir su real potencia de fuego. (Enrique Chávez-Sonia Sullón).

 

La Tremenda Corte Magistrados para mirar con lupa en la Corte Suprema. Sala Penal Permanente • Isaac Gamero Valdivia (T) (Denunciado en 1989 por inconducta funcional, fue uno de los magistrados que falló en el caso de la falsificación de firmas, declarando dicho delito como "cosa juzgada". Tiene dos hijos jueces, por lo que podría estar incurriendo en nepotismo) Eduardo Alberto Palacios Villar (P) Jovino Guillermo Cabanillas Zaldívar (P) José María Balcázar Zelada (P) José Luis Lecaros Cornejo (P)

Sala Penal Transitoria • Robinson Octavio Gonzales Campos (T) (Según fuentes judiciales habría laborado estrechamente con la Fiscal de la Nación, Blanca Nélida Colán) Jorge Miguel Alarcón Menéndez (P) Raúl Alfonso Valdez Roca (P) *César Javier Vega Vega (P) (Falló en la cuestionada resolución sobre el caso de la falsificación de firmas, que declara dicho delito como "cosa juzgada") Rafael Andrés Cervantes Castillo (P)

Sala Civil Permanente • Oscar Alfaro Alvarez (T) Cobró devengados por cerca de S/. 200 mil, pese a que el TC no lo autorizaba. *José Antonio Silva Vallejo (T) Se reunió extrajudicialmente con el presidente Alejandro Toledo para "aconsejarlo" en el caso Zaraí, también cobró devengados por cerca de S/. 300 mil. Jorge Isaías Carrión Lugo (P) *Evangelina Huamaní Llamas (P) (Fue separada del Poder Judicial en 1992 por supuesta vinculación con una organización de tráfico de menores en Ayacucho. Falló también en el caso de la falsificación de firmas) Andrés Caroajulca Bustamante (P)

Sala Civil Transitoria Andrés Echevarría Adrianzén (T) Enrique Mendoza Ramírez (T) Guillermo Gedeón Aguayo del Rosario (P) Oscar Javier Lazarte Huaco (P) *Julio Alberto Pachas Avalos (P) Fue investigado por la Oficina de Control Interno del PJ en enero de 1992 por supuesta irregularidad en la concesión de beneficios carcelarios a terroristas. También falló en el caso de la falsificación de firmas.

Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente Guillermo Cabala Rossand (T) Elcira Vásquez Cortés (T) *Vicente Rodolfo Walde Jáuregui (T) (En 1991 fue sancionado por la Oficina de Control Interno del PJ por inconducta funcional) *José Vicente Loza Sea (P) (Pre-candidato por Perú 2000 por Puno) *Otto Egúsquiza Roca (P) (Como abogado defendió la re-reelección de Fujimori ante el JNE)

Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria Javier Román Santisteban (T) Edmundo Miguel Villacorta Ramírez (P) Luis Miguel Rodríguez Esqueche (P) José Alberto Infantes Vargas (P) *Wills Anselmo Gonzáles Muñoz (P) (La Fiscalia de la Nación lo investiga por supuesta extorsión a los narcotraficantes López Paredes. Habría pedido cupos de dinero para el entonces vocal provisional Alejandro Rodríguez Medrano.)

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