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Edición Nº 1769 |
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Imperdonable
CUBA desafió en estos días a la opinión pública mundial con la ejecución, tras juicio sumarísimo, de tres pobres diablos que intentaron secuestrar una embarcación con las armas más rudimentarias: un viejo revólver y combustible insuficiente para una larga travesía. Si esto fue parte de un complot de la CIA, como sostiene el régimen de Fidel Castro, habrá que suponer que la inteligencia norteamericana actúa en Cuba como si fuera partidaria de Fidel. El régimen de Castro no se ha tomado la molestia de presentar pruebas contra los acusados, que no son pocos, y de demostrar que, en efecto, se trató de un torpe complot del gobierno de Bush, el gobierno que acaba de demostrar en Irak junto con su brutalidad, su sofisticación tecnológica. El juicio habanero ha sido acelerado y la ejecución, rápida. Lo curioso es que este juicio y las penas extremas impuestas a los acusados -incluidos los tres condenados a la pena capital- ocurren en los precisos momentos en que se acaba de ratificar la Resolución 2002/18 sobre Cuba aprobada por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. Esta medida es en realidad la continuidad procesal de la medida aprobada el año pasado, presentada entonces por Uruguay y copatrocinada por el Perú y otros países latinoamericanos. Una vez más, la Resolución no condena a Cuba, sino que la "invita", la "alienta", la "exhorta" a permitir el ingreso en Cuba de un Representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Esa propuesta valió el año pasado a Uruguay y también al Perú las injurias más graves. Ahora, luego de aprobada el 17 de marzo de este año la propuesta Resolución, los denuestos se han reiterado y han obligado al llamado de nuestro Embajador en La Habana. Nadie puede negar que Cuba ha sido objeto desde hace décadas
de maniobras de Estados Unidos para desestabilizar su régimen.
Tampoco cabe negar que Fidel Castro se ha convertido, de revolucionario
joven y fascinante, en el dictador más antiguo de América.
La cancillería del Perú, desde los días de Raúl Porras Barrenechea, ha mantenido frente al proceso cubano una actitud de dignidad e independencia. En más de una ocación, e incluso en la Resolución rechazada por Castro, nuestra diplomacia se ha pronunciado contra el embargo establecido por Washington, y que daña, más que al régimen cubano, a la población de la isla. Esa posición no exime de condenar el reciente y grave atentado contra los derechos humanos y el debido proceso cometido por el gobierno cubano. Cabe acentuar que la Dra. Christine Chanet, encargada por el Alto Comisionado para cumplir el mandato emanado de la Resolución 2002/18, es una jurista francesa, que fue en 1997 y 1998 presidenta del Comité de Derechos Humanos de la ONU y es miembro de la Sociedad Francesa de Derecho Internacional. Es lástima que Cuba no haya permitido la presencia en Cuba de un personaje de esa calidad y dotada de la experiencia y del adecuado equilibrio jurídico. Cabe recalcar que la Resolución sobre Cuba fue aprobada luego de que se descartaran las enmiendas presentadas por Costa Rica, que aludían a las recientes detenciones, juicios sumarios y sentencias a numerosos miembros de la oposición cubana. Una información no confirmada, conocida al cierre de esta edición, indica que una propuesta más reciente de Estados Unidos en el mismo sentido fue desestimada por el Perú. En todo caso, ninguna condena diplomática puede ser más dura que la que han recibido, incluso de sectores de izquierda, las ejecuciones y duras sentencias recientes. Quizás el caso más elocuente es el del novelista portugués José Saramago, que, debido a las ejecuciones, ha anunciado su ruptura con Fidel. Puede resultar irónico que con las recientes medidas el régimen castrista termina por abastecer de argumentos a sus peores enemigos.
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