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Edición Nº 1769 |
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De San
Felipe a Santa Mónica
RECUPERAR parcialmente la libertad en la forma de un arresto domiciliario y volver a perderla del todo. Por ese trance pasó Jacqueline Beltrán. Luego de cuatro meses confinada en su casa, tuvo que regresar por orden judicial al penal de Santa Mónica. Como si no fuera lo suficientemente penoso, aquí relata los abusos que sufrió cuando la Policía la fue a sacar de la clínica en la que la internaron por su cuadro nervioso. Se esperanzaba en que le darían comparecencia pero sucedió lo peor. Desde entonces, hace 14 meses, sólo ha salido de Santa Mónica para enfrentar a los tribunales. (E.CH.)
Diario Siete Lima, 21 de abril del 2003 Luego de una profunda investigación por corrupción de funcionarios, el juez Saúl Peña Farfán dispuso en su resolución del 11 de octubre del 2001 que se me otorgara arresto domiciliario, después de diez meses de haber sido recluida en el penal Santa Mónica. Salí del penal y se me condujo a mi domicilio legal, que fue y sigue siendo el hogar de mi señora madre. En el camino a casa sólo pensaba en abrazar a mi hija y a mi madre. No me imaginaba que sólo duraría cuatro meses la ilusión de cuidar nuevamente a mi hijita. El procurador ad hoc Luis Vargas Valdivia apeló dicha resolución poniéndome en manos de la Sala Anticorrupción presidida por la doctora Inés Villa Bonilla, que sólo esperaba con toda la mala fe la oportunidad de tenerme en sus manos para hacer de mí lo que quisieran. Resolvieron mi caso disponiendo nuevamente mi detención en Santa Mónica en sólo 24 horas. Durante esos cuatro meses no podía salir a ningún lugar ni hacer una vida normal. Me dediqué a las tareas del hogar, cocinaba y esperaba que mi hija Joseline llegara de la escuela para almorzar juntos, le preparaba todo lo que a ella le gusta. Su abuelita se encargaba de llevarla y recogerla de la escuela. Joseline se mortificaba mucho cada vez que llegaba y encontraba un custodio en la puerta de la casa. A veces incluso se olvidaba que yo me encontraba en esa situación y que no podía salir de la casa. Me decía, "mami, vamos a jugar o patinar al parque". De pronto tenía una expresión como diciendo, ¡ay de veras no puedes salir! "Mami", me decía, "¿crees tú que puedas pedirle permiso al juez Saúl Peña para que puedas jugar un momento conmigo en el parque?" Yo la miraba y tenía que ser fuerte para no llorar. Es así como se pasaban mis días, entre tareas del hogar y esperando con optimismo que se levantara este injusto arresto domiciliario y así poder trabajar. Gracias a Dios tengo ofertas de gente que cree en mi inocencia y desea contratarme. La espera fue en vano. Luego que el doctor Vargas Valdivia apelara mi libertad, mi abogado, el doctor Humberto Padilla, solicitó que yo hiciera uso de la palabra. La Sala le notificó que lo haría el 29 de enero del 2002. Y así fue que llegué a las ocho de la mañana a la Sala Anticorrupción en Arenales. Expliqué a la Sala con la verdad y en detalle que mi detención era muy injusta, que soy una persona decente, que quería trabajar, que deseaba seguir desarrollándome como ser humano, que fui engañada y que no cometí ningún delito. Fui ingenua al pensar que la Sala analizaría mi situación con un criterio objetivo y justo. Al contrario, para mí había ya reservada una sentencia. Con la intención de burlarse de mi dolor se les vencía hasta el sueño. Noté que ni me escuchaban y ordenaron mi detención en sólo dos días. Mientras tanto, con otros procesados del caso Montesinos involucrados hasta el cuello se han tomado hasta dos meses, incluso para otorgarles comparecencia simple. Obviamente, y considerando que soy un ser humano de carne y hueso, me afectó enterarme de la noticia. Esto al punto que tuve que ser internada de emergencia en una clínica a raíz de una fuerte dolencia en el pecho. Mis familiares le informaron al custodio que se encontraba en la puerta de la casa sobre mi estado de salud. Enseguida llegó la ambulancia y junto con el custodio me trasladaron a la clínica. Al día siguiente se convocó a la prensa que quería saber sobre mi estado de salud. Mi abogado les informaba y algunos medios tuvieron acceso a verme y hablar conmigo sobre lo que me ocurría. Me encontraba débil y quebrada emocionalmente. Entonces la Policía Judicial ingresó con la orden de detención y con la autorización del propio director de la clínica San Felipe. Subieron todos al piso donde yo me encontraba y recuerdo que se encontraba mi madre, una tía, mi hijita y dos enfermeras que me estaban controlando la presión arterial. Al ver a estos hombres que más bien parecían matones salidos de cualquier lugar, se opusieron a que ingresaran alzando la voz en mi habitación, pues las enfermeras estaban realizando su trabajo. Ellos dijeron prepotentemente que no podían impedirles el ingreso. Portaban armas y entre ellos se encontraba un mayor PNP de nombre Jesús Oporto Flores. Se acercó hasta mi cama y groseramente me dijo: "Oye, tienes que vestirte y venir con nosotros, te doy quince minutos pero si pones resistencia a mí no me cuesta nada y te saco igual con mi personal femenino". Todos escuchábamos cómo este sujeto me maltrataba sin considerar ni un solo instante las condiciones de debilidad que yo pasaba por los tranquilizantes que me suministraron debido a mi estado de salud. Fue inútil, nunca en mi vida vi tanta violencia como aquel día. Las enfermeras comenzaron a desconectarme el suero de la vena. Estaba muy mareada y casi no podía sostenerme en pie. Fue así que ingresó el propio director de esta clínica a mi habitación y entró también mi abogado. A la prensa se le prohibió totalmente el ingreso. El director de la clínica dijo en presencia de todos: "Señora Beltrán, lo siento mucho pero hemos decidido darle de alta". A pesar de las condiciones físicas en las que él sabía que me encontraba, pesó más la orden judicial que garantizar mi integridad física y psicológica. No me dieron tiempo para vestirme y con la bata de la clínica me sentaron en una silla de ruedas sin zapatos y me sacaron de la habitación. Este mayor Oporto puso sus manos violentamente sobre mí. Provocó dos hematomas en mis brazos y le ordenó a su personal que me "arreste". La palabra se quedó grabada en mi mente. Parecía que ese hombre de apellido Oporto hubiera recibido una consigna de usar la violencia conmigo. Hizo que me llevaran por la puerta falsa de la clínica para que la prensa no se percatara de las condiciones en las que me sacaban. En la puerta se encontraba un auto policial y cuando subí me di un golpe en la cabeza. Era terrible, sólo me encomendé a Dios y llegué hasta una estación policial en el centro de Lima. Había bastantes hombres de civil que presenciaron el estado en el que llegué y se asombraron. Ingresé a la oficina de un coronel que, sin disimular su nerviosismo, me preguntó: ¿qué pasó señora? No contesté una palabra pues me dieron náuseas al darme cuenta cómo se querían lavar las manos. Ingresó mi abogado, un representante de la Defensoría del Pueblo, médicos legistas y el fiscal de turno. Todos pudieron comprobar las condiciones físicas en las que me encontraba. Vieron los hematomas en mis brazos y la debilidad física. Terminada la diligencias se me condujo a la estación de requisitorias donde no debieron llevarme nunca, ya que no me encontraba requisitoriada. Me tuvieron dos días en un nauseabundo calabozo con ratas. Dios hizo que soportara todo eso. Luego de dos días se ordenó que se me traslade a la carceleta del Palacio de Justicia y luego al penal Santa Mónica, donde estoy recluida hasta el día de hoy. He tomado conocimiento que, a pesar de apelar, el fiscal que denunció a este mayor Oporto no tuvo éxito con el juez que lleva esta causa. Ya no me sorprende la actitud de algunos jueces que apoyan sin ningún reparo este tipo de atropellos. No me explico por qué lo hacen, de lo único que estoy segura es que no hay peor juez que el de la conciencia. Estoy presa, privada de mi libertad injustamente, pero todos los días duermo y me despierto en paz porque no le hice daño a nadie.
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