Edición Nº 1772

Paginas 10 y 11 de la edición impresa.

Choque Frontal
Unidos en la lucha: la Confiep lanza ofensiva legal para
neutralizar el acuerdo alcanzado entre el gobierno y los transportistas.

Una acción de amparo ante el Poder Judicial será la respuesta que en las próximas 48 horas dará la Confiep, liderada por Leopoldo Scheelje, al gobierno de Alejandro Toledo. La razón: el acuerdo que puso fin al paro de transportistas de carga de la semana pasada -al que se plegó el transporte interprovincial de pasajeros- y que estuvo a punto de hacer colapsar carreteras, centros productivos y mercadillos en Lima y provincias. Pese a que el Consejo de Ministros, que en sesión extraordinaria el martes 13 aprobó la controvertida "banda de precios" acordada con los huelguistas, hay razones para temer que se trata de una salida coyuntural a un problema de fondo. Y a cada paso se alimenta la polémica.

LOS empresarios están en pie de guerra. La frase puede parecer exagerada, quizás altisonante, pero con sólo escuchar a Leopoldo Scheelje -presidente de la Confiep- junto a otros empresarios y ex presidentes de la institución, se comprende que están decididos a jugarse a fondo hasta hacer que el gobierno retroceda.

"Cedieron al chantaje de los transportistas. Ahora sólo les queda desconocer el acuerdo o estarán quebrantando el Estado de Derecho", asegura Scheelje mientras adelanta que, de no ser así, el Poder Judicial será su única salida.

Como se sabe, tras cinco días de paralización del transporte de carga e interprovincial de pasajeros, el Ejecutivo acordó con éstos la implementación de una banda de precios (sobre la base de "costos mínimos" para el servicio de transporte de carga) que, oscilando entre un 10 % hacia arriba o un 10 % hacia abajo, sirva de margen de negociación entre empresarios generadores de carga y transportistas para establecer sus propias tarifas.

Ex presidentes de la Confiep: Manuel Sotomayor, Julio Favre y Roque Benavides también abogaron por el debido proceso para ex funcionarios de Fujimori hoy investigados por casos de corrupción.

Esta solución es considerada inconstitucional pues vulnerara -a juicio de Scheelje y compañía- los principios de libre competencia y de libertad de contratación que rigen la economía.

Hasta el economista Fernando sánchez Albavera, de la CEPAL (ver aparte) muestra reparos: "El sector transporte es eminentemente competitivo", explica. "En la economía globalizada los costos de transporte no representan más del 5 % del costo total. Antes llegaba al 15 %. Esa es la gran revolución comercial".

Sin embargo, el Primer Ministro Luis Solari ha sido enfático en señalar que este acuerdo no fija precios. "Para proponer esta banda de 10 % por encima y por debajo de los costos mínimos referenciales se consultó con juristas a fin de no transgredir la Constitución", dijo.

Lo curioso es que, horas antes de llegar a un acuerdo con los transportistas el sábado 10, Solari y ministros como Javier Reátegui (Transporte), Javier Silva Ruete (Economía) y Alvaro Quijandría (Agricultura) insistían en el carácter inconstitucional de toda propuesta que estableciera algún tipo de precio.

El martes 13, en cambio, durante el Consejo de Ministros, el gabinete en pleno aprobó la modificación del artículo 4 del Decreto de Urgencia Nº 140-2001, que abrirá la puerta, en unos pocos días más -una vez que se aprueben los "costos mínimos"-, a la solución acordada entre transportistas y Ejecutivo.

TRAS LA RESACA

La génesis de todo este embrollo radica en el exceso de flota existente, lo que ha puesto por los suelos el costo del flete y, por tanto, generado la actual crisis del sector.

Según fuentes del Ministerio de Transportes, actualmente hay alrededor de 120,000 camiones brindando servicio de carga de los cuales sólo una parte -hasta el momento 70,000 vehículos- están empadronados. Esto puede dar una idea de la informalidad imperante y de la competencia desleal entre los propios transportistas que, al no estar formalizados ni pagar impuestos o invertir en repuestos, ofrecen la tarifa más baja alimentando así un círculo vicioso en el que la seguridad de contratantes y usuarios termina siendo la última rueda del coche.

 

Silva Ruete insistió hasta el final en que no se podían fijar precios por decreto. Perdió.

Pero eso no es lo más grave. De acuerdo a estimados preparados por un equipo de técnicos de la U. del Pacífico, que por encargo del MTC elaboraron un informe sobre el tema, la sobreoferta bordea el 50 %. Es decir, en el país habría cerca de 55,000 camiones demás.

Sin embargo, ése no es el único problema que conspira contra los acuerdos alcanzados. Los propios empresarios generadores de carga, a la vez que presentan acciones de amparo para neutralizar al Ejecutivo, reconocen que ya están en negociaciones con los propios transportistas para idear fórmulas que les permitan saltarse la norma a la garrocha:

"¿Qué me queda? Supongamos que los fletes suben únicamente 25 % y por tanto debo aumentar en 4 ó 5 % el precio de venta de lo que produzco. ¿Quién me comprará a ese precio? Es imposible. No tengo otra que sacarle la vuelta a la ley con ayuda del transportista, fingiendo un alquiler de camiones o algo así", confiesa un importante empresario amparándose en el anonimato.

Como él, muchos han empezado a idear fórmulas para escapar de una medida que además consideran lesiva para sus expectativas empresariales.

"En unos meses el mercado regulará los precios que deban existir y no los que el gobierno o los transportistas quieran. Mientras no se detenga la sobreoferta así ha sido y así será", coinciden Julio Favre y Roque Benavides. ambos ex presidentes de Confiep.

Volviendo al escenario de los próximos días, se viene un recurso de amparo porque ése fue el criterio unánime de todos los gremios dentro y fuera de Confiep. ¿Irán al Tribunal Constitucional, de ser necesario? "No creo -afirma Favre- en el TC no entienden cómo funciona el libre mercado".

ANIMOS CALDEADOS

¿Y no será que los ánimos empresariales están excesivamente caldeados?

Consultado el ex ministro de Economía Pedro Pablo Kuczynski por RPP (personaje al que nadie tilda de populista) dijo que el acuerdo al que había llegado el gobierno con los transportistas le parecía, dado su carácter transitorio, bastante aceptable.

"En EE.UU. -acotó- también existen regulaciones que favorecen la creación de un cártel en el transporte aeronaútico de carga, y es algo tolerable".

Sin embargo, Favre y Benavides retrucaron: "¿De dónde habló Kuczynski, de Miami? Mmmm. Cualquiera puede hablar de Miami, es mucho más cómodo hablar desde Miami".

Como se ve, la temperatura empresarial está bastante elevada. En los próximos días se sabrá si la solución auspiciada por el Ejecutivo rinde o no sus primeros frutos en el necesario reordenamiento del transporte terrestre. (Pedro Tenorio).

Portada | Nos Escriben... | Mar de Fondo | Heduardo | Culturales | Caretas TV | Ellos & Ellas | Lugar Común | China te Cuenta Que... | Piedra de Toque |Mal Menor