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Edición Nº 1777 |
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INFORME
BRATTON
CADA vez que le preguntan al alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, por el Informe Bratton, éste responde que no está en la municipalidad, que al asumir el cargo no lo encontró. Al parecer al alcalde no le interesa servirse de un diagnóstico que costó más de 80,000 dólares a la municipalidad y a la empresa privada, y que contiene una serie de propuestas para combatir la delincuencia limeña. Si ésta es su actitud, debería por lo menos proponer un plan alternativo contra la inseguridad ciudadana que asola a la ciudad capital. El famoso y desatendido `Plan de acción para la ciudad de Lima Metropolitana' tiene 34 páginas y fue elaborado en julio del 2002 por The Bratton Group. Empieza con una advertencia que parece dirigida a Castañeda: "De continuar con la ausencia de una respuesta poderosa de parte del sistema de justicia, en los próximos tres a cinco años las tasas de robos, asaltos y asesinatos aumentarán de manera alarmante y la sensación de inseguridad, normalmente presente en la población limeña, se sentirá de manera más pronunciada". ¿Más aún? El término más escuchado en las reuniones y entrevistas
sostenidas por The Bratton Group en Lima fue `impunidad'. La intención
principal de este informe, según Bratton, "es recomendar sistemas
y técnicas de organización que empiecen a reemplazar la
cultura de la impunidad por una justicia rápida, segura y efectiva".
EL DISTRITO MODELO Para ello sugiere establecer un `Distrito Modelo' en el Cercado de Lima donde se puedan poner en práctica una serie de recomendaciones, algunas más innovadoras que otras, tales como: establecer un `Nuevo Sistema de Denuncia de Delitos', que permita establecer otro sistema de análisis y sondeo geográfico de la delincuencia, el mismo que deberá ser analizado por los jefes policiales y municipales en reuniones semanales, llamadas de `Estadística Comparada', tras las cuales se realizarán estrategias de patrulla dirigidas e investigaciones concentradas. Recuperar la confianza de la gente para denunciar los delitos será una tarea dura y se logrará cuando este hecho redunde en beneficio de la víctima. Precisamente en la segunda parte del informe, la conclusión es que "si la Policía no cuenta con información actualizada sobre lo que sucede en las calles, no tendrá ningún poder para mantener el orden público". El dato estadístico, extraído de una encuesta del Instituto Apoyo, por el cual sólo un pequeño porcentaje de encuestados dijo haber denunciado el hecho a la PNP, confirma que las estadísticas que maneja la VII Región de la PNP (57,000 delitos graves en 2001) son poco confiables y no reflejan la realidad. Demasiado bajo para una ciudad de 8'000,000 de habitantes. Nueva York, por ejemplo, con una población similar registraba, allá por 1990, 500,000 delitos graves. El informe también dice que actualmente la PNP tiene poco impacto en la delincuencia de las calles. Los oficiales de la VII Región de la PNP informaron a The Bratton Group que la Policía de esta región había realizado cerca de 23,700 arrestos en Lima Metropolitana en el 2001. Esto alcanza un total de un arresto por año por cada empleado de la Policía de la VII Región. ¿Y LOS JOVENES? Atención especial se le da a la violencia juvenil. Ya que según la encuesta de Apoyo, en que se basa el informe, el 62% de los asaltantes de las calles tienen entre 16 y 25 años. En Nueva York personas menores de 21 años, bandas lideradas por jóvenes de 16 años, fueron los responsables del aumento de las tasas de homicidios en los años ochentas. "Estos jóvenes poseen un sentido del control y la proporción menos desarrollados que otros criminales mayores", dice el informe. "Pero Lima todavía no ha visto los peores efectos de una cultura juvenil violenta", dice. Por tal motivo los programas de justicia futuros deberían incluir la captura de los jóvenes infractores de la ley y hacerlos responsables por sus actos. La sanción no tiene que ser necesariamente el encarcelamiento, podría darse bajo la modalidad de programas de rehabilitación en `reformatorios humanitarios' o de servicio comunitario. Y es que, como dice el informe, "liberar a gente joven involucrada en delitos sin ningún tipo de castigo ni reinserción rehabilitada, es hacerles un enorme mal que luego repercute contra la sociedad". El informe hace hincapié en que la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, en los que la PNP ha tenido éxito, tiene poco que ver con el delito cometido en las calles. Se trata de individuos criminales descentralizados y pequeñas pandillas que cometen cientos de crímenes a diario en un sinfín de ubicaciones diferentes. La lucha contra el `crimen desorganizado' supone un gran desafío que debería empezar por la decisión de las autoridades. Mientras tanto, los ciudadanos siguen defendiéndose por su cuenta.
Apuntando a Seguro MIENTRAS no haya un plan integral para combatir la inseguridad ciudadana, los limeños seguirán armándose por su propia cuenta e ingenio. Para estar a tono esta semana se realiza la feria Seguritec Perú 2003. Las cifras alarman. El INEI, calculó para 1997 más de 1'300,000 robos en la vía pública y alrededor de 300,000 robos con allanamiento de morada. Y el Instituto Apoyo para 1998 calculó que en Lima "una de tres personas mayores de 18 años fue víctima de algún o intento de asalto o hurto; uno de tres propietarios de vehículos sufrió el robo de su automóvil o de alguna autoparte; y tres de cada diez casas fueron víctimas de intento o robo con allanamiento de morada". Si no hay solución, el armamentismo continúa.
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