Edición Nº 1781

Ley Frenaría TVexcesos
Congresistas ignoran proyecto por temor a ser marginados de pantalla.

Acusan a juez Jorge Ramírez Velasco de hacer el negocio de su vida. Desató carnicería judicial.

LA bochornosa trifulca protagonizada por los bandos que se disputan el control de Panamericana Televisión está empujando a mucha gente a pedir la suspención de la licencia de Canal 5 hasta que se solucione el diferendo.

Una encuesta telefónica realizada el lunes por el programa `90 Segundos' de Canal 2 registró más de un 60 % de opiniones en ese sentido.

Esta tendencia se explica en el repudio que está generando no sólo la violencia sino el tono insultante y malevo del enfrentamiento -sobre todo por parte de los voceros del extraditable Ernesto Schütz.

El hecho que un juez descarriado, Jorge Ramírez Velasco, fuera quien desatara esta carnicería judicial tiene ahora relativa importancia para la opinión pública.

Retirar la licencia, sin embargo, implica interrumpir la transmisión (si no, ¿de qué sirve?), y si este procedimiento se extendiera hasta que la instancia judicial Suprema se pronuncie definitivamente sobre el asunto -o, incluso, hasta que se realice una hipotética licitación para otorgar la licencia a un tercero- lo que quedaría es el cascarón de una empresa arruinada, perjudicando no sólo a los actuales empresarios contendientes sino a los trabajadores.

Además, la actual ley sólo contempla la suspensión de licencias por razones técnicas -es decir, por apropiarse de la frecuencia de otro canal o radio, o por interferir con su transmisión- y sin mayores precisiones.

El predicamento de Canal 5, cuyas instalaciones han quedado divididas en dos, no está contemplado en la actual legislación para efectos de suspender una licencia, recurrir a una acción extrajudicial de índole política sentaría un funesto precedente.

Por eso CARETAS se opuso en el 2001 al reclamo de retirar licencias a mansalva después de los escandalosos `vladivideos' --aunque el pedido incluyera la voz de Mario Vargas Llosa- y, coincidiendo con el Consejo de la Prensa Peruana, favoreció la elaboración de una nueva ley de radio y televisión que promoviera la mejor orientación del medio, la intervención consultiva de la sociedad civil y, junto con otras características, estableciera una gama de sanciones para reprimir faltas precisas.

Truncan buen trabajo de Natale Amprimo.

Este trabajoso procedimiento lo llevó a cabo la Comisión de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción del Congreso que presidía Natale Amprimo, y en abril del 2002 tuvo listo el Proyecto de Ley Nº 1511-2001-CR que es de buena factura.

Desde entonces , sin embargo, el pleno del Congreso se ha abstenido de discutirlo porque la mesa directiva no lo ha puesto en sucesivas agendas legislativas atendiendo a objeciones de ciertos voceros de la radio y la televisión, incluyendo los de Genaro Delgado Parker.

El resultado está a la vista: prospera la ley de la selva y, junto con el interés morboso por programas grotescos como `Magaly TV' y `Chiki Boom' (¡fo!) de Carlos Cacho, transmitidos en horarios inconvenientes, va surgiendo una sensación de nauseas inducida por la búsqueda desalmada del `rating'.

Curiosamente, si la nueva ley aludida hubiera estado en vigencia, Ernesto Schütz no hubiera podido transferir tan fácilmente sus acciones a Ernesto Schütz hijo.

Y si esos legisladores, tan preocupados de ofender a los empresarios de la TV y ser sancionados con la pena capital de desaparecer de la pantalla, hubieran actuado, habrían contribuido a desmontar la torre de babel en que se está convirtiendo el país.

Además, hecha la ley, los hubieran invitando aún más a los canales. Es sólo cuestión de observar cuántas veces consultan con el propio Natale Amprimo.

Legislación actual sólo suspende licencias por faltas `técnicas'.

LA LEY OLVIDADA

El proyecto de ley aludido favorece un sistema de autorregulación a través de la publicación de códigos de ética que cada emisora elaboraría y que comprometría a respetar.

Además:

- Establecería una Comisión Consultiva de 7 miembros encabezados por un representante de la Defensoría del Pueblo y compuesta por representantes de las Facultades de Comunicaciones, del CPP, del Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria, y de la radio y la televisión para velar por éste y otros compromisos.

- Precisaría un horario familiar de protección al menor.

- Crearía un sistema de audiencias públicas para recibir propuestas y quejas, y para dotar de mayor transparencia al proceso de otorgar o renovar licencias a los concesionarios.

- Regularía el uso de franjas publicitarias electorales y la publicidad del Estado durante las consultas populares.

-Velaría por una mayor independencia periodística, separando mejor este concepto del material de entretenimiento.

- Las sanciones podrían aplicarse por faltas `técnicas', `documentarias' o `esenciales', siendo éstas graves y muy graves.

- Se graduarían multas entre 0.25 de UIT hasta 50 UIT, y se contemplaría la suspensión temporal de las concesiones por plazos de entre 2 y 10 días, y de 11 a 30, llegando hasta la cancelación definitiva. Estas acciones se llevarían a cabo a través de la DGT del Ministerio y del Poder Judicial.

Existe, por lo tanto, un proyecto de ley que podría frenar en forma razonable y democrática los excesos de la televisión, y quienes claman hoy por retirar licencias en forma irregular debieran mejor presionar al Congreso para poner orden en el sector con un instrumento adecuado que margine las preferencias políticas.

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