Edición Nº 1781

Con el Dedo en el Delito
Cuando los delincuentes caen en la cancha, pero los sueltan en la mesa.

Hurto Agravado.- "Apoderarse de un bien mueble, durante la noche o en casa habitada". La PNP interviene en unos 27 delitos y faltas de este estilo. Al lado, director general Eduardo Pérez Rocha.

EN junio de 1991, una encuesta de Apoyo señaló que el 64% de los peruanos consideraba al terrorismo como el principal problema de la violencia en el país. Apenas el 7% le daba la misma categoría a la delincuencia común.

El despacho del congresista (PAP) Luis Gonzales Posada viene comparando los números. A pesar del recrudecimiento de las acciones de la subversión en la ceja de selva, doce años después sólo el 8% responde que allí está la más grande amenaza. Por el contrario, la delincuencia común subió sus bonos en los temores colectivos: 47% de peruanos se refiere a ella.

TOLERANCIA TOTAL

Como se lee en su informe final, la Comisión Especial de Reestructuración de la Policía Nacional del Perú "ha podido constatar que existe, tanto al interior como al exterior de la institución, una opinión extendida en el sentido que hacen falta medidas drásticas en cuanto al tratamiento de la delincuencia menor, lo que se traduce en el pedido de mayores facultades de las que ahora tiene la Policía Nacional para detener a las personas, y mayor respaldo jurídico a las intervenciones policiales".

La tolerancia cotidiana que distingue la población ante esa delincuencia menor, fue uno de los grandes peligros planteados por el informe que elaboró para la municipalidad de Lima al final de la gestión de Alberto Andrade el policía neoyorquino William Bratton.

Más grave aún es que la complacencia pareciera haberse asentado en muchas instancias del Poder Judicial y el Ministerio Público.

Altas fuentes de la Dirección de Criminalística (DIRINCRI) atribuyen la crisis, en parte, a la relación que su institución mantiene con el Poder Judicial y el Ministerio Público. A pesar de las pruebas que se incluyen en los atestados policiales, señalan, jueces y fiscales no aplican la ley con todo el rigor. Y muchas veces simplemente no la aplican (ver El Francotirador Impune).

En el artículo 2, inciso 24, letra F de la Constitución, se establecen los supuestos por los que se detiene a un individuo. Estos son "por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito".

Lo segundo implica que la autoridad policial aprese al criminal mientras comete el delito, casualidad por lo demás muy infrecuente. Así, en los casos de las órdenes impartidas por el juez, es donde se presenta la gran mayoría de problemas.

Robo Agravado "Apoderarse de un bien mueble, empleando violencia contra la persona o amenazándola a mano armada". Se diferencia del robo simple por la utilización de armas.

HISTORIAS DE RIPLEY

Hay ejemplos a pasto que demuestran estas deficiencias.

El 15 de febrero último, la División de Homicidios de la Policía solicitó a la Séptima Fiscalía Provincial (Cono Norte) que se requiriera al Juez Penal de Turno las detenciones preliminares de seis personas. El día anterior se enfrentaron en una balacera la tripulación de un patrullero y diez delincuentes. Los hechos ocurrieron en la intersección de la Panamericana Norte con Trapiche (Santa Luzmila, Comas), cuando los policías alcanzaron a los integrantes de la banda "Los malditos del Cono Norte", luego que éstos asaltaron la empresa Gumi y se marcharon con S/.25 mil.

Como resultado del enfrentamiento falleció el suboficial PNP Milenko Voyvodich Quiroz (47). Tenía diez impactos de bala.

Además, el suboficial Juan José Medina Guzmán fue herido. Murió el delincuente Henry Peñarrieta y resultó lesionado su compañero, Alexander Juan de Dios Macedo Villacorta (a) `Charapa'.

La fiscalía no se hizo presente en la recepción de manifestaciones y no resolvió el pedido de detención preliminar.

Es de no creer, entonces, que tres meses y medio después, parte de esa misma banda estuviera involucrada en el frustrado asalto a un empresario que iba a retirar medio millón de dólares de la agencia principal del Banco Continental de San Isidro. Por lo menos dos de los delincuentes que asesinaron a Voyvodich repitieron el plato. Javier Jesús Calderón Santos (a) `Querubín' fue herido. Y esta vez le tocaron las cartas negras a `Charapa'. Si en febrero terminó en la cama de un hospital, ahora perdió la vida.

Otra historia de antología es la del asesinato de Jorge Mogollón Neyra. Walter Jair Alcalá Bravo reconoció que le clavó un cuchillo de cocina más de veinte veces. Así terminó la rabiosa borrachera navideña de quien es conocido como `Chavo'. Ingresó en la vivienda de Mogollón en la búsqueda de más licor y el infortunado se cruzó con él.

La fiscal provincial penal de la 33 Fiscalía Provincial Penal de Lima, Verónica Rojas, emitió una resolución el 25 de marzo último en la que a lo largo de tres páginas enumera una retahíla de argumentos para demostrar los errores de forma en la investigación. Tiene un muerto, al asesino confeso y el arma homicida, pero declara improcedente la detención de Mogollón. El individuo fue detenido en otras circunstancias poco después.

¿Y AHORA?

Oficiales de la Dirincri y sus asesores legales proponen que se aproveche el debate constitucional para incluir la investigación policial -supervisada por personal del Ministerio Público- como determinante para producir detenciones preliminares por sí misma.

El parlamentario Luis Gonzales Posada coincide y señala que "las leyes deben ser cambiadas para que la inacción del Ministerio Público no afecte las investigaciones policiales. Estas deben tener plazos más prolongados y contar con todas las garantías".

Para César Ortiz, director de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana, "es cierto que el Código Penal no favorece la captura de delincuentes. La Comisión de Seguridad Ciudadana trabajó pensando en el hartazgo de la ciudadanía. Se presentaron los proyectos de ley que hasta ahora duermen el sueño de los justos y no han sido reglamentados".

Distinta es la posición de la Comisión de Reestructuración de la PNP. En el informe final se lee que "la Doctrina Constitucional y de los Derechos Humanos, determinan un margen de protección superior y una preponderancia de los derechos fundamentales frente al uso arbitrario del poder. La única autoridad con atribuciones para privar de la libertad a una persona es la autoridad judicial en el curso de una investigación regular... la Comisión considera que no debe agregarse un tercer supuesto de detención".

La verdad es que no es un problema legislativo tanto como uno de operatividad judicial. Y allí está lo más grave. (Enrique Chávez)

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