Edición Nº 1786

Comisión de la verdad en la recta final
Con Dolor y sin Perdón
El 28 de agosto la Comisión de la Verdad y Reconciliación presentará su informe final. Sendero Luminoso es el gran culpable pero serán señalados los puntos flacos de todas las instituciones, incluida la Iglesia Católica. Se espera objetividad y ponderación.

SE viene el huaico, hermanos. Y serenidad ante todo.

A mediodía del próximo jueves 28 de agosto los miembros de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) llegarán a Palacio de Gobierno para entregar su informe final al presidente Alejandro Toledo. Más tarde harán una ceremonia similar con el presidente del Congreso, Henry Pease. Inmediatamente después el informe será depositado en manos del presidente de la Corte Suprema, Hugo Sivina.

Cumplidos los compromisos con los tres poderes del Estado, todas las páginas del documento serán publicadas en la página web de la CVR.

A la mañana siguiente realizarán un acto simbólico en Ayacucho, el departamento que más recibió las cuchilladas de la violencia. Pero los arrebatos no estarán en la hoy tranquilizada Huamanga, sino en las salas de redacción y los estudios de televisión limeños. Porque el debate provocado tendrá tantas cabezas como titulares se exhiben en un kiosco.

Polémico cardenal Cipriani trabajó en la diócesis de Ayacucho desde 1988.

LA GRAN CULPA

Si en algo se quedó corta la estrategia de la CVR, fue en contrarrestar los ataques de las últimas semanas fijando agresivamente el grado de culpabilidad que le toca a Sendero Luminoso. Es de esperar que eso se corrija con la contundencia del informe mismo. Hubo algunos comisionados que apoyaron la idea de calificar a los terroristas como responsables de genocidio, pero consideraciones legales diluyeron esa iniciativa. Será imposible acusar a la CVR de prosenderista, como vienen haciendo algunos.

Con todo lo que el informe golpeará a SL, es de esperar que las discusiones girarán alrededor de los señalamientos contra miembros de las FF.AA. Más grave aún cuando la CVR definirá que en determinados momentos hubo políticas institucionales -y no solamente hechos aislados- violadoras de los DD.HH.

La papa que sigue quemando más es la lista de militares que serán acusados. Se recomendará procesos penales contra un número que se ajusta cada vez más en el rango de los 120. Miembros retirados y en actividad del Ejército conforman la gran mayoría de la relación, no menos del 80%. El resto pertenecen a la Marina. Aunque son casos graves, es una cantidad relativamente pequeña si se toma en cuenta la dimensión de la campaña que este instituto emprendió contra la CVR. No hay integrantes de la Fuerza Aérea. Aun se discute la conveniencia de hacer públicos los nombres y podrían ser entregados bajo reserva al Ministerio Público.

EL CARDENAL Y LA IGLESIA

Aunque sus motivaciones reales son más complejas, el debate aparente sobre la CVR se ha concentrado en la definición de "reconciliación" que ésta propone. El cardenal Juan Luis Cipriani dijo el domingo 17 no "entender muy bien eso de la reconciliación" pues, afirmó, no sabía si implicaba hacer las paces con los terroristas. La reconciliación, dijo durante su homilía, no pasaba por acuerdos políticos sino a través de un acercamiento con Dios. Luego, en declaraciones a la prensa, Cipriani se pronunció a favor de postergar la presentación. "El país tiene que tener un clima más sereno para cualquier tipo de informe", recomendó.

 

Martin Rivas, cabecilla del escuadrón de la muerte Grupo Colina.

Aparentemente el cardenal no leyó las aclaraciones de los comisionados, en el sentido que están muy lejos de recomendar a los peruanos fundirse en un abrazo con terroristas asesinos.

El ex presidente Valentín Paniagua negó recientemente la responsabilidad por incluir la reconciliación en el mandato de la Comisión. Se añadió recién con el gobierno de Alejandro Toledo y es pertinente recordar que en junio del 2001 Cipriani coincidió con el padre Hubert Lanssiers en su propuesta de sumar esa palabra al mandato de la Comisión. "Se trata de reconciliar al país", explicó entonces, "y evidentemente hay que buscar la verdad con un objetivo que es reconciliarnos entre todos, no ahondar heridas ni brechas sino unirnos un poco más". Con el empujón cardenalicio, Toledo transformó la Comisión de la Verdad en la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

Como ocurrirá con los partidos (CARETAS 1785) y las instituciones del Estado, el papel de la Iglesia Católica merecerá un análisis en el informe.

Lo más probable es que el cardenal ya intuya que los resultados no le favorecerán. Estará en la balanza su desempeño como obispo de Ayacucho. Fue bastante conocida su distancia con las organizaciones de Derechos Humanos pero que el informe recuerde esa relación puede tener un impacto singular.

Cipriani llegó a Huamanga en 1988. Desde el primer momento estableció vínculos con el Comando Político Militar y acentuó la tendencia que ya presentaba su antecesor, Federico Richter Prada. Ambos trabajaron juntos hasta mayo de 1991, cuando Richter se retiró. Cipriani se quedó como administrador de la arquidiócesis y obispo de la ciudad. En 1995 fue ungido como arzobispo.

En las investigaciones de la CVR se revivieron algunos gestos del actual cardenal. "Acá no se aceptan reclamos de DD.HH.", rezaba el cartel colgado en su despacho. Muchas de sus acciones sostuvieron esas palabras. Bloqueó la entrada de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) y sus críticos le acusan por haber empujado la desaparición en 1990 de la Oficina Arquidiocesana de Acción Social en Ayacucho. En CARETAS 1307 pronunció la ya célebre frase "la Coordinadora de Derechos Humanos, esa cojudez". Como corolario, defendió la controvertida ley de amnistía en 1995.

El paisaje se termina de dibujar con las diócesis de Huancavelica y Apurímac, dirigidas en esos momentos por prelados conservadores. Con Ayacucho formaron el trío más castigado.

Aquello que la CVR considera las omisiones de Cipriani se opone a la conducta de la Iglesia en el sur andino. Obispos como Jesús Mateo Calderón (Puno), Luis Dalte Roche (Ayariri) y Albano Quinn (Sicuani) coordinaron frentes con las organizaciones de campesinos y partidos de izquierda -a los cuales se unieron más tarde las FF.AA.- que frenaron el avance de Sendero en la región. Lo mismo ocurrió con personajes como Luis Bambarén, obispo de Chimbote. Aunque es necesario recalcar la diferencia con la terrible realidad vivida en Ayacucho, el trabajo de esos sacerdotes demostró que el respeto a los Derechos Humanos no suponía otorgarle ventajas al terrorismo. (Enrique Chávez)

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