Edición Nº 1786

Mayo del 2001. Toledo presenta a su equipo de gobierno. En el Ejecutivo, Bueno pasó del M. de Salud a Interior (era Sanabria) y ahora a Petróleos del Perú.

Escribe PEDRO TENORIO

LUEGO de la salida del controvertido Héctor Taco Tamo de la presidencia del directorio de Petroperú, muchos pensaron que la paz llegaría a esta importante empresa del Estado.

Pero hoy, a menos de un mes de la caída de Taco, todo indica que eso no es así.

El 27 de julio último el gobierno designó a Carlos Vladimir Bueno Galdo presidente de la empresa. Como se recuerda, fueron los continuos escándalos de juergas costeadas con dinero de los contribuyentes y una retahíla de contratos firmados con visos de irregularidad (CARETAS 1780) los que perdieron a Taco.

Sin embargo, esta revista ha descubierto que el remedio podría resultar siendo peor que la enfermadad: Bueno Galdo -un ingeniero químico de quien se tenía poca información acerca de su paso por Perú Posible y la administración pública-, resultó siendo una verdadera caja de sorpresas judiciales.

LO MALO DE BUENO

Para empezar, Bueno Galdo fue nombrado a iniciativa del presidente Alejandro Toledo por el FONAFE (Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado). Ello, a pesar de tener un proceso judicial abierto en el 2do Juzgado Penal de Lima, donde la parte agraviada es... ¡el Estado!

El juicio se inició el 5 de mayo de este año y la denuncia es por Delito contra la administración pública-Nombramiento Ilegal para cargo público, ilícito en el que Bueno habría incurrido cuando desempeñó el cargo de Director General de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de Salud entre octubre del 2001 y marzo del 2002.

Según consta en el expediente Nº 181-03, Bueno (luego del despido de 15 funcionarios especializados que laboraban en esa dirección) nombró personal que no estaba capacitado para realizar labores de programación, supervisión e inspección de establecimientos farmacéuticos, violando así las normas existentes.

Todo indica que se trató de un caso más de "copamiento" en el que Bueno, dirigente del partido de gobierno, favoreció a sus hermanos de PP.

El cargo no parece grave, pero vaya si lo es para las autoridades del sector y del Ministerio Público, quienes lo demandaron junto a otras personas. Hasta ahora, todos los demás encausados cumplen con acudir al juzgado para hacer sus descargos. Bueno, en cambio, brilla por su ausencia, al punto que la procuradora pública Fanny Freigeiro Morán solicitó el 26 de junio último que se le dicte una orden de impedimento de salida del país.

¿Sabrá el presidente Toledo que su hombre de confianza en Petroperú, el responsable de la empresa con las más altas utilidades en el país, se corre actualmente de la justicia?

Pero esa no es la única perla -negra- que adorna la idoneidad ética de este funcionario.

Bastó que CARETAS se acercara a la Mesa de Partes del Palacio de Justicia para saber que el sucesor de Taco Tamo cargaba con más de un proceso penal en su pasado. El más notorio: la condena que por el delito de usurpación (apropiación de un inmueble) recibió en diciembre de 1998.

Petroperú, la empresa más rentable del país, sigue en la mira de PP. Izq: el 26 de junio la procuradora solicitó el impedimento de salida del país para Bueno.

En esa oportunidad, tal como consta en el Libro toma razón del 22do Juzgado Penal de Lima (expediente Nº 112-99), la Sala Penal de la Corte Superior de Lima condenó a Carlos Bueno por el referido ilícito en agravio de la Cooperativa de Vivienda "Los Geranios" del Ministerio de Transportes. La sanción fue de dos años de pena privativa de la libertad suspendida condicionalmente (es decir, sin carcelería) por el plazo de prueba de un año, sujeto a reglas de conducta. Y además, fijó una reparación civil de 500 nuevos soles en favor de los perjudicados.

Pero eso no es todo. El 22 de diciembre de 1998 se emitió una orden de captura -dado que no asistía a las citaciones- en contra de Bueno Galdo; esta vez procesado en el 8vo Juzgado Penal de Lima por delito de apropiación ilícita en agravio del ciudadano Edilberto Aguirre Ramírez. La decisión fue apelada en mayo del 99 ante la Corte Superior, que devolvió la causa al juzgado en octubre de ese año absolviendo a Bueno.

O sea, todo un año de correrías para resultar libre de polvo y paja. ¿Será común esta huidiza estrategia de defensa entre litigantes?.

Finalmente, nos enteramos que Bueno también había sido denunciado en agosto de 1997 ante el 47mo Juzgado Penal de Lima. Según consta en el Libro toma razón (expediente Nº 0361-97) éste fue acusado del delito de libramiento indebido (giro de cheques sin fondos). El caso fue declarado sobreseído en abril del 98 al no encontrarse mérito para seguir la causa y fue archivado definitivamente.

LA MECA DEL ESCANDALO

Más de un lector se preguntará qué tan justo -o pertinente- puede resultar investigar el pasado de los funcionarios públicos. Un juicio lo puede tener cualquiera, se dirá, sin que ello signifique ser culpable o corrupto.

Cierto, hay casos y casos. Pero tratándose de empresas del Estado es esencial que los funcionarios a su cargo sean gente irreprochable, y que lleguen por mérito propio y no por favor político.

Hoy por hoy, Carlos Bueno tiene un proceso judicial abierto y no se presenta a declarar. ¿Puede alguien que obstaculiza a la justicia ser eficiente en otras áreas del manejo público?

Además, es evidente que llegó a la presidencia de Petroperú por militar en PP. Es decir, se cometió el mismo error que con Taco Tamo (ex congresista PP en el 2000), el gerente general José Gabriel Díaz Peralta (uno de los tesoreros de la campaña de Toledo y empresario panificador en Miami antes de volver al Perú el 2001) y una larga lista de posibilistas que han tomado por asalto la empresa.

CARETAS quiso conocer los descargos de Bueno y se comunicó con la oficina de Relaciones Públicas de Petroperú. Su gerente, David Sarazú -otro prominente dirigente de la chacana- "estaba de viaje", por lo que otros funcionarios asumieron la tarea. Finalmente nos indicaron que Bueno se había retirado temprano "por problemas de salud" y que nos llamarían más adelante.

A todas luces, la falta de tino en el Ejecutivo para nombrar a Bueno configura un nuevo escándalo que se suma al ingreso de un centenar de posibilistas en la empresa (según denuncia del Congreso), la caída de sus utilidades por el orden de S/. 33 millones a julio de este año, la contratación de la hija del vocal José Silva Vallejo (involucrado en el escándalo Zaraí de octubre pasado) y el desvío de fondos para la remodelación de Palacio de Gobierno en el 2001 que ha significado que la Contraloría ordene abrir proceso a cuatro directores entre los que se encuentra el amiguísimo César Almeyda.

Es decir, se sigue viendo a Petroperú como la caja chica del partido, como la chacra personal en la que se hace lo que se quiere y no lo que conviene al país.

¿Qué tendrá que decir a todo esto la primera ministra Beatriz Merino o el ministro de Energía y Minas Hans Flury, llamados a poner coto a estos excesos que parecen apañados por Toledo?

Urge una rápida respuesta y reorganización de la empresa.

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