Edición Nº 1786

Aló, Presidente
Interceptación de conversación telefónica presidencial desata la ira de Toledo. Hipótesis palaciegas apuntan a empresas privadas contratadas por civiles interesados en ejercer presión.

El violento recibimiento a Toledo en Arequipa ya había sido suficientemente bochornoso. El contenido de las llamadas añadieron rocoto.

ALEJANDRO Toledo está furioso. La divulgación de una conversación telefónica que el Mandatario sostuvo con Luis Thays, presidente del Consejo Nacional de Descentralización, antes de viajar a Arequipa el último viernes 15 de agosto lo saco de sus casillas.

El periodista Cesar Hildebrandt justificó la emisión del audio por motivos de interés público. Aunque se trata de una charla que trata temas conocidos por la ciudadanía, difícilmente se puede establecer que el contenido sea sustancioso. Únicamente subraya las distancias que separan los melodramas del presidente mediático ("Si algo produjo la división que lastima nuestro amor, hoy tengo la altura y la grandeza para decirte, mujer y hombre de Arequipa, perdón") con los toques mundanos del Toledo que se despacha entre cuatro paredes ("Uy, carajo... Si no, no entregamos Majes ¡y a la mierda!").

Hay dos varas para medir la situación. La primera es aquella que seguramente utilizará la prensa presta a ridiculizar a Toledo. Una más mesurada debería escuchar allí a un político agobiado por los problemas.

Como lo dijo la congresista Gloria Helfer en la cargada entrevista que otorgó a Hildebrandt en la noche del martes 19, el fondo no fue alterado. Toledo entregó el proyecto de irrigación Majes- Sihuas a la región Arequipa. La forma de la charla, sin embargo, cumplió con el seguro objetivo de quienes hicieron la interceptación y se la alcanzaron al equipo de Hildebrandt. Esto es, desestabilizar al gobierno.

LA HIPOTESIS

El gran enojo del Presidente puede explicarse en la baraja de posibilidades que Palacio despliega para explicar el incidente. Fuentes de ese círculo aseguraron que la mira no está necesariamente puesta sobre la siempre mentada "mafia fujimontesinista". Ni siquiera sobre elementos próximos a sectores castrenses que esperan irritados los resultados que traerá el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Los indicios relacionan con el presente episodio a civiles interesados en ejercer presión sobre Toledo.

Las pistas seguidas por algunos organismos de Inteligencia desde hace unos meses dan cuenta de una modalidad cada vez más extendida de interceptación telefónica. Se trata de la contratación de empresas particulares que, tras la fachada de negocios que ofrecen seguridad, brindan en realidad un ilegal servicio de espionaje.

Los seguimientos pueden ser físicos o telefónicos. En el primer caso, se introducen en los entornos monitoreados a personas especialmente entrenadas que sacan la información desde dentro. Por lo general se trata de agentes de seguridad.

Para los pedidos de "chuponeo" se entrega a los clientes transcripciones y reportes completos sobre las conversaciones telefónicas de sus objetivos. Si estos últimos son varios se crean archivos individualizados con el material que les corresponde: audios, vídeos y documentos escritos. Un número de empresas que ofrecen servicios de entretenimiento a través de líneas 1-800 servirían de fachada para ocultar estas prácticas.

Rospigliosi afina las antenas.

LA CONVERSACION

Tampoco Fernando Rospigliosi, ministro del Interior, se mostró muy convencido de que el audio fuera producto de espionaje convencional. Por esto se entiende máquinas compradas por el Servicio de Inteligencia de Vladimiro Montesinos, como la Efrat 600. Rospigliosi se inclina más a pensar en el uso de un escáner o lo que sería bastante mas grave un micrófono instalado directamente en la residencia presidencial. Lo último debido a que sólo se escucha la voz de Toledo y no la de su interlocutor.

Por lo contrario, el parlamentario Luis Iberico, recién nombrado presidente de la comisión de Defensa del Congreso, le recordó a CARETAS que algunos de los audios que recibió en 1997 cuando se desempeñaba como director del programa Contrapunto, registraban la voz de solo uno de los "chuponeados". Todas esas grabaciones se hicieron con equipos convencionales.

Toledo necesita mostrar mayor cuidado en su vocabulario, pero el episodio dejará seguramente otras lecciones en él, sobre todo las referentes a qué teléfonos debe usar. Fuentes confirmaron a CARETAS que el Presidente habló desde un ambiente que frecuenta poco en Palacio. Utilizó un celular no encriptado de Telefónica, perteneciente a un cercano e importante miembro de su comitiva. Esto podría ser, porque la llamada la hizo probablemente Thays y no lo encontró por medios más directos.

Ha sido recordado el incidente de junio, cuando una conversación de Toledo con algunos congresistas de su bancada fue captada, al parecer accidentalmente, por micrófonos ambientales de Canal N. Ahora se considera factible que esa plática fuera capturada debido a interferencia con las ondas de un equipo de interceptación telefónica que actuaba en las inmediaciones.

LA LEY

El martes 19 a las 6:33 de la tarde el Departamento de Trámite y Estadística Procesal del Congreso de la República recibió el proyecto de ley 7909/2003. Está firmado por los parlamentarios Jorge Mufarech, Víctor Valdez, Cruz Gerardo Saavedra Mesones, Jorge Mera y Máximo Mena Melgarejo. Modifica el artículo 162 del Código Penal y le incorpora el inciso (a).

En la actualidad, el artículo 162 señala: "El que, indebidamente, interfiere o escucha una conversación telefónica o similar, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor a tres años. Si el agente es funcionario público, la pena privativa de libertad será no menor de tres ni mayor de cinco años e inhabilitación, conforme al artículo 36, incisos 1, 2 y 4".

La propuesta de los integrantes de la Comisión de Fiscalización estipula un aumento en las penas. De cuatro a seis años en el primer caso y, de cinco a ocho si se trata de un funcionario público. En el inciso adicional se castiga con cárcel a quien divulgue las grabaciones de conversaciones. Inexplicablemente, las penas serían más altas que las de quien chuponea. De seis a ocho y de ocho a diez años.

En setiembre de 1992 CARETAS 1237 publicó la transcripción de múltiples conversaciones entre Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos e incluso el entonces Comandante General del las FF.AA. Nicolas Hermoza Rios. Se supo asi que el ahora prófugo ex presidente se refugió en la embajada de Japón durante la noche del contragolpe encabezado por el general EP Jaime Salinas Sedó. El oficialismo reaccionó mediante un dispositivo legal -ahora derogado- escondido entre las normas complementarias que regularon la inversión privada en telecomunicaciones. Se consideró "falta grave" cualquier "divulgación de la existencia o del contenido, o la publicación" de cualquier interceptación "de los servicios de telecomunicaciones no destinados al uso público general".

Es la misma historia, lo distinto es que ahora se hizo pública una conversación que no tiene importancia. Pero las modificaciones a la ley podrían apañar futuras gestiones con palabrotas de mucho mayor calibre. Que lo diga sino el señor Mufarech. (Enrique Chávez con Información de Patricia Caycho)

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