Edición Nº 1787

Paginas 10 y 11 de la edición impresa.

Miércoles 28 de agosto, el anillado final en la sede principal de la CVR.

Marcas De Fuego
Riguroso informe final fue presentado por la Comisión
de la Verdad y Reconciliación. Ahora corresponde a la
sociedad reflexionar sobre su contenido.

Junio del 2002, el Ejército con su representante el general EP Andrés Acosta se entrevista con los comisionados. Esta arma en particular brindó singular colaboración en el esclarecimiento de los hechos.

Abimael Guzmán carga con los muertos. Poco después de iniciado el trabajo de la CVR comenzó a hacerse evidente que los bárbaros delitos cometidos por los terroristas superaban los cálculos hasta entonces conocidos. Esa idea es reafirmada en el informe final, pues le atribuyen el 54% de las víctimas a las acciones de Sendero Luminoso. Se trata de un caso inusual en la región, ya que la reacción del Estado supera por lo general a la violencia desplegada por los subversivos.

Escribe ENRIQUE CHAVEZ

COMO el papel parece aguantarlo casi todo, hubo titulares que durante los últimos meses calificaron el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación como "prosenderista".

El debate, recomendable y sano en cualquier circunstancia, se redujo a un raquítico cuerpo de puros huesos y pellejos. ¿Dijeron que Sendero Luminoso era un partido político? ¿Negociaron los comisionados sus sueldos con Abimael Guzmán? ¿Buscaban en realidad una amnistía para liberar a cientos de asesinos y ocupar sus lugares con militares?

Tremendos desobedientes resultaron entonces los miembros de la Comisión. En los nueve tomos presentados ayer a los tres poderes del Estado quedan muy claras las responsabilidades del terrorismo. Quizás como nunca antes.

Una y otra vez se menciona al "conflicto interno provocado por Sendero Luminoso". No es ninguna sorpresa para el que quiso escuchar. Ya Salomón Lerner, presidente de la CVR, había dejado clara la posición de este organismo frente a los grupos terroristas. En las audiencias de balance organizadas con los actores políticos (CARETAS 1776) dijo al auditorio: "Ante todo, (es necesario) ratificar que el conflicto armado fue provocado por el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso, pese a que había entonces condiciones democráticas abiertas. En el contexto del conflicto armado interno que se desarrolló mediante un uso creciente del terror por parte de PCP-SL, el Estado democrático tenía la obligación de defenderse y de recurrir a las fuerzas del orden. Esto debía hacerlo, sin embargo, dentro del estricto respeto a los derechos humanos. Los hechos que le ha tocado analizar a la CVR muestran que ello no ocurrió así. Son precisamente esos graves hechos producidos en estos veinte años, los que han dado sentido a la creación de la CVR; y son estos hechos, finalmente, los que brindarán sentido a sus conclusiones y recomendaciones".

El devenir de SL es escrutado desde todos sus ángulos. La formación del movimiento, el delirio mesiánico de Abimael Guzmán, la expansión del conflicto provocado por el "salto al equilibrio estratégico" de finales de la década del '80, las masacres, los asesinatos selectivos, la crueldad y el desprecio demostrado con el campesinado, el exterminio de las autoridades locales. Si acaso, se aportan nuevas pruebas penales contra Guzmán y la cúpula senderista.

"Apreciamos", señala el informe, "que prácticamente, en todos los años, los muertos y desaparecidos reportados a la CVR que serían responsabilidad del PCP-SL son más numerosos que aquellos provocados por agentes del Estado. La distancia entre las líneas correspondientes a cada actor se acrecienta notablemente a partir de 1987 Entre 1987 y 1993, el país experimenta una nueva escalada de la violencia, provocada por la expansión del accionar del PCP-SL hacia nuevos escenarios regionales".

 

General David Rodríguez, mayor Mendoza y el capitán de Navío Augusto Fernández durante intercambio de ideas con la CVR. Der.: No olvidar. Así eran los paros armados senderistas. Huamanga, febrero de 1989.

CINCO Y SIETE

Resultan especialmente ilustrativos los tomos quinto y séptimo. Uno narra las "historias representativas de la violencia" que retroceden incluso a los inicios de Sendero en Ayacucho y los conflictos que por entonces se ejercía en las comunidades de Lucanamarca, Sancos y Sacsamarca. Allí también es analizado el dramático caso de Chungui y el distrito conocido como Oreja de Perro, probablemente el territorio que más muertos lloró en nuestro país.

Se revisan también las batallas que instigó SL por ampliar su base social en lugares como Puno, las barriadas limeñas, Huaycán y las universidades.

En el séptimo volumen están 66 casos investigados por la CVR. Las masacres ayacuchanas -Totos, Canchacancha, Sillaccasa, Lucanamarca, Socos, Ccarpaccasa- marcan la primera parte. La cronología permite percibir las modificaciones en el conflicto y se pasa a los atentados selectivos. Domingo García Rada (1985), Rodrigo Franco (1987) y César López Silva (1987) son algunos.

Las matanzas de los penales de El Frontón y Lurigancho (1986) son publicadas por separado y es en la primera donde se alude más directamente a la responsabilidad política del ex presidente Alan García. Son los casos que más incomodan a la Marina, incluso por encima de los atroces sucesos de Huanta (1984).

La extraña trayectoria del llamado Comando Rodrigo Franco es seguida entre 1985 y 1989. Por otro lado, hay estudios de casos para cada una de las acciones del escuadrón de la muerte Grupo Colina.

Las revelaciones del Operativo Aries en los alrededores de Tingo María (1994) pueden traer cola en el Ejército, ya que fue un ejemplo de ejecuciones extrajudiciales relativamente ignorado por el Poder Judicial luego de las denuncias periodísticas de la época. También se revive la masacre del penal Canto Grande en 1992, una perla escondida del gobierno fujimorista.

Como lo adelantara CARETAS 1785, la CVR se decidió por no hacer pública la lista de aproximadamente 120 militares sobre los cuales se recomienda adelantar procesos penales. Son mencionados nombres en los desarrollos de los casos del mencionado séptimo tomo, pero sin emitir juicios.

1983. El general Clemente Noel, comando político militar de Ayacucho, conferencia con el Fiscal de la Nación, Gonzalo Ortiz de Zevallos. Las fosas llegarían después. Der.: La campaña de exterminio desatada por SL pretendió ser inicialmente neutralizada con la fuerza bruta, pero ni aún así se alcanzaron las cotas de violencia senderistas.

Versiones confidenciales de estos mismos casos, las que incluyen documentación y señalamientos directos fueron entregadas al Ministerio Público y el Poder Judicial para que se tomen las decisiones correspondientes.

LA RESPONSABILIDAD MILITAR

"La CVR -se lee en el informe- ha constatado que en diferentes momentos y regiones del país, ocurrieron actos de heroísmo y ejemplos de cumplimiento del deber por parte de policías y militares que arriesgaron o dieron su vida en la lucha contra la subversión armada. A ellos, el Estado y el país les debemos reconocimiento pleno". De otro lado, se recogen las mejorías en la conducta militar. "Mientras que la cantidad relativa de muertos y desaparecidos provocados por el PCP-SL es muy parecida en los dos momentos de mayor intensidad del conflicto (1983-1984 y 1989-1990), las víctimas provocadas por los agentes del Estado en el segundo momento son casi la mitad de las que murieron o desaparecieron entre 1983 y 1984".

No significa todo aquello que el informe sea condescendiente con las Fuerzas Armadas. Aproximadamente la mitad de estudios en profundidad involucra a los agentes del Estado.

A los militares se les atribuye aproximadamente un tercio del total de las víctimas reportadas a la CVR (no están incluidas las personas caídas en enfrentamiento). De ésas, el 61% fueron desaparecidas. A partir de 1989 se le echó mano a una mayor selectividad para eliminar a los sospechosos de terrorismo. Hasta 1993 se incrementaron tanto esa práctica criminal como las detenciones oficiales.

Ahora la batalla será librada a partir del noveno tomo, aquel de las recomendaciones. Trascendió que el Ejecutivo no ve con buenos ojos la implementación de reparaciones individuales, pues implicaría un presupuesto bastante significativo. El presidente Toledo también le deslizó a los comisionados la posibilidad de cancelar la ceremonia simbólica en Huamanga el viernes 29 para no hacer olas. Pero que más da, si lo que se viene es mar picado.

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